Carlos Álvarez es historiador e investigador de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Su trabajo ofrece una mirada histórica sobre las pujas políticas que se desarrollaban en Rosario a comienzos del Siglo XX, momento de gran crecimiento económico y demográfico en la ciudad.
A comienzos de 1907, el gobierno municipal de Rosario formuló una modificación a la ordenanza que organizaba el tráfico público: incorporar la obligatoriedad de que los transportistas contaran con una libreta de buena conducta con fotografía y huellas dactiloscópicas.
El 15 de enero de ese año los carreteros declararon una huelga contra la reglamentación municipal, “los obreros en Rosario reconocían estas prácticas como técnicas policiales y las consideraban como una criminalización del trabajo y un atentado contra su fuente laboral”, señala Álvarez. Era la primera vez que una medida de fuerza obrera en la ciudad no respondía a un reclamo salarial.
El hecho de que el conflicto se diera en uno de los gremios del transporte amplía el alcance de la protesta. “Esta huelga se dio en un gremio que tenía una importancia estratégica ya que era el nexo fundamental entre el campo y el puerto, por lo que tenía la capacidad de paralizar la economía”, explica el investigador.
La medida no quedó en el reclamo de los carreteros sino que logró, de manera inédita, el apoyo de las dos grandes centrales obreras a nivel nacional. El reclamo por una ordenanza municipal se convirtió en una protesta generalizada que paralizó el país. “La huelga creció rápidamente, enseguida obtuvo la adhesión de la Federación Obrera Local Rosarina, la central obrera más grande de la ciudad, y pocos días después, la huelga local recibió el apoyo de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) y de la Unión General de los Trabajadores (UGT)”. En una semana, la huelga de los carreteros se convirtió en un paro general al que adherían tranviarios, ferroviarios, marítimos, almaceneros, entre otros.
La medida de fuerza logró que la modificación de la ordenanza no pudiera introducir todos los cambios previstos y que renunciara Néstor Fernández, el jefe político de la ciudad, responsable de la policía y gestor de la idea de registrar a los transportistas.
“Las autoridades tenían la convicción de que esta medida tenía que ver con el progreso. Un problema en la época era lo que llamaban la cuestión social, fuertemente vinculada al crecimiento demográfico. El tamaño y la velocidad del proceso inmigratorio conllevó problema habitacionales, de salubridad pero también laborales, y la fuerza política consideraba que tenían que dar una respuesta a esta situación. Para ellos, conocer a la población era una forma de poder controlarla, lo entendían como algo necesario asociado al progreso y no como una violación a los derechos de nadie”, explica el historiador.
Entre 1869 y 1914, Rosario multiplicó por diez su población: pasó de tener 23 mil habitantes a 240 mil. El investigador sostiene que este crecimiento está asociado a su ubicación estratégica a la vera del Paraná y al proceso de incorporación nacional al mercado mundial. “Es una ciudad cosmopolita, sin tradición colonial, llena de inmigrantes y forjada bajo la lógica liberal del libre mercado y el progreso.”
El crecimiento descontrolado también produjo serios problemas como el hacinamiento, la pobreza, las enfermedades y un gran desorden urbano. En 1906 la oficina de Inspección General de la Municipalidad le cedió a la Policía el control del tránsito ya que no contaba con el personal para hacerle frente. A cambio la Policía podía quedarse con el 50 por ciento de lo recaudado en multas como parte de su presupuesto, de esta forma “al entrar el control del tránsito en el radio de la policía, es incorporado a la lógica de control que estaba en boga en ese momento, introduciendo a las libretas de los conductores características de evidente parentesco con los prontuarios policiales.”
Las fuerzas vivas
La modificación a la ordenanza que buscaba regular al sector del transporte tampoco recibió el apoyo del sector patronal vinculado al mismo, que la consideró poco propicia para el tipo de mano de obra característico del momento. “Le dicen al intendente por medio de una carta que esta medida no se puede aplicar porque los carreros no son obreros de oficio, sino changarines, que así como se dedican al transporte, trabajan en la cosecha o en el puerto, dando cuenta de esa movilidad económica- social horizontal para ganarse la vida”, explica Álvarez.
Otro actor clave en estos conflictos fue la prensa. Los dos diarios más influyentes de la ciudad eran “El Municipio”, de tendencia radical, y “La Capital”, más conservador. “Se trata de una prensa con intereses propios y que busca marcar agenda política”, señala el investigador.
Álvarez sostiene que, por el análisis de los periódicos de la época, “El Municipio” comenzó a tomar una política editorial pro movimiento obrero, sobre todo en una huelga que no es contra el capital productivo sino contra las autoridades.
“Tanto La Capital como El Municipio consideraban a estas autoridades como la tiranía del fisco, que lo único que hacen es chuparle la sangre al pueblo, por este motivo, dentro de su propia agenda de intereses, le van a dar cierto visto bueno al movimiento obrero en un inicio”, destaca. Sin embargo, cuando sus reclamos se canalizan por la vía de la huelga general, dicho apoyo es retirado.
Trabajadores organizados
La huelga de 1907 logró el acercamiento de las dos principales centrales obreras de la Argentina: la FORA, anarquista, y la UGT, que si bien era de tradición socialista, meses antes había sido ganada por el Sindicalismo Revolucionario, una tendencia con mayores puntos de encuentro con el anarquismo.
“Hay que pensar esta huelga en la clave de la agenda estratégica y política de los partidos y de los gremios. Fue un momento en el que todos pusieron a prueba sus hipótesis revolucionarias y doctrinarias”, señala el docente.
La medida de fuerza tuvo lugar meses antes de que se desarrollara el Congreso de Unificación del movimiento obrero, que se hizo en marzo de 1907, con la esperanza de unir las centrales anarquistas y sindicalistas. “El congreso fue un gran fracaso que terminó de romper de manera irreconciliable al anarquismo y el sindicalismo de entonces y ambas centrales quedaron debilitadas. Sin embargo, es importante pensar dicho Congreso en vinculación con la huelga de enero“, explica Álvarez.
El historiador considera que la pérdida de fuerza que sufrió el movimiento obrero rosarino en los años posteriores a 1907 estuvo vinculado a los enfrentamientos internos, a las luchas ideológicas y la fuerte represión policial, que hicieron que gran parte de los trabajadores se replegaran a la vida privada y dejaran la militancia, al tiempo que muchos otros eran deportados a sus países de origen.
