La noticia de que el nombre elegido por el Gobierno para ocupar el cargo de Procurador del Tesoro es el de Bernardo Saravia Frías, abogado de un estudio que representó legalmente al Grupo Macri, hizo reaccionar a la Oficina Anticorrupción (OA). Con un reflejo algo sobreactuado ante la difusión de los antecedentes del elegido, el organismo le envió un cuestionario y una serie de “recomendaciones preventivas” para evitar problemas derivados de conflictos de intereses. Lo que sucede es que Saravia Frías tendrá que ocuparse, como titular del cuerpo de abogados del Estado, del expediente del concurso del Correo Argentino –del holding de la familia del Presidente– y las demandas de la empresa con reclamos económicos contra el Gobierno. De ese cargo fue desplazado Carlos Balbín, quien estaba realizando una auditoría del proceso concursal, que se inició en 2001 y un sumario sobre la conducta de funcionarios que intervinieron en el acuerdo por la deuda de la empresa postal, en especial del Ministerio de Comunicaciones, que terminaba en una quita de 98,87 por ciento, considerada “abusiva” por la fiscal Gabriela Boquín. 

Saravia Frías asumió el compromiso de responder las preguntas en 48 horas. Entre viernes y lunes podría ser nombrado ya oficialmente, según anunciaron desde la Casa Rosada. 

La vinculación con el Grupo Macri consta en la página web del estudio jurídico Saravia Farías. En la carta que le envía la propia titular de la OA, Laura Alonso, le dice: “Si la relación profesional con el Grupo Macri ha tenido lugar dentro de los últimos tres años, usted debería abstenerse de intervenir, en su carácter de Procurador del Tesoro, en las cuestiones particularmente relacionadas con dicho grupo empresario”.

El estudio “Saravia  Frías Abogados” tiene tres socios y cuatro “asociados”. El tema del papel que el sucesor de Balbín desempeñaba en ese estudio jurídico es relevante porque la carta de Alonso explica que según uno de los decretos sobre conflictos de interés que firmó Mauricio Macri a raíz del escándalo del Correo, el Estado es patrocinado en forma directa por la Procuración del Tesoro cuando sea parte un organismo o entidad del sector público y en los que el presidente y sus ministros tengan relación de parentesco por consanguinidad, pleito pendiente, relación crediticia o parte societaria. 

Saravia Frías era hasta ahora el secretario Legal y Técnico del Ministerio de Hacienda. Su designación en la Procuración fue fogoneada por el jefe de asesores presidenciales José Torello, así como el secretario Legal y Técnico de la Presidencia Pablo Clusellas y el diputado del Parlasur y asesor legal estrella de Mauricio Macri, Fabián Rodríguez Simón. Es el dream team del colegio Cardenal Newman, que está parado en la vereda opuesta al operador todoterreno Daniel Angelici, quien apadrinó a Balbín pero le soltó la mano ante las quejas en el Gobierno porque no actuaba como esperaban sino con un perfil mucho más técnico que político. 

Saravia Frías fue asesor de Fernando de la Rúa y es del riñón de Ernesto Sanz. Se supone que en el estudio no trabaja. En forma preventiva la OA le dice que: deberá “abstenerse de tomar intervención en cuestiones particularmente relacionadas con las sociedades o personas con las que se hubiera relacionado”, le recuerda que deberá “informar a la Oficina” en casos donde presuponga “posibles conflictos de interés” y evitar “utilizar información adquirida en el cumplimiento de sus funciones para realizar”. Se le pide que informe a la OA “la nómina de clientes a los que ha brindado servicios de asesoramiento o patrocinio” y el “tipo de servicios y período en que ha tenido lugar la vinculación del estudio Saravia Frías Abogados con sociedades integrantes del Grupo Macri”.

Desde el Gobierno se hizo trascender que Saravia Frías “nunca personalmente trabajó ni patrocinó al Grupo Macri, sino su hermano”, y que además “el nombre figuraba en el sitio web más por una cuestión publicitaria”. Dicen que cumple con los requisitos establecidos en el decreto impulsado por la controversia en torno al Correo Argentino y su posible conflicto de interés.