El grupo de mujeres del Pueblo Tapiete de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín) que hace días iniciaron una caminata para llegar a Buenos Aires el 24 de mayo, fueron demoradas por horas en el ingreso a la provincia de La Rioja.
La decisión de los agentes contralores ubicados en el acceso de esa provincia fue detenerlas en el lugar, pese a que dejaron pasar al ciudadano riojano que las había acercado para poder pasar la noche allí. La obstaculización del paso con dos móviles policiales y 7 uniformadas femeninas fue a partir de las 16. Anoche, Fabiola Rodas, una de las seis mujeres que caminan desde Tartagal, dijo a Salta/12 que se les exigía hacer un test rápido o hisopado, como medida preventiva por la pandemia. Después de las 21, luego de que el incidente se difundiera por distintas vías y cuando ya el frío se hacía sentir a la intemperie, las mujeres fueron trasladadas a la ciudad, con la indicación de que les iban a realizar los test.
“A las 6 de la mañana salimos de Tafí del Valle”, en Tucumán, “y todavía no pudimos comer nada”, dijo Rodas un poco antes de las 20, cuando mantuvo la comunicación con este medio.
Afirmó que la organización de su paso por las provincias ya había sido coordinada por otras referentas del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir, que lleva adelante la Caminata Basta de Terricidio y cuyas columnas, reunidas en el Bloque Sur y el Bloque Norte, se encontrarán en Buenos Aires el 24 de mayo. “Si nos pasa algo a nosotras van a ser culpables los del gobierno”, manifestó Rodas.
“Estamos al tanto las exigencias de la provincia de La Rioja”, dijo a Salta/12 el director del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Julián Fernández. Afirmó que anoche ya se habían comunicado con funcionarios del área de Seguridad y Derechos Humanos del gobierno riojano para poder cumplir con los requisitos de ingreso para las mujeres originarias varadas en la ruta. “Tenemos entendido que se harán los test rápidos y no habría inconvenientes de que puedan seguir” en su camino, dijo. Sin embargo, anoche llegó un audio de una mujer que en el control les insistía con que no las iba a dejar pasar.
La caminata que impulsa el Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir tiene como objetivo que se reconozca al terricidio como un delito de lesa humanidad y lesa naturaleza contra los pueblos originarios. Las mujeres están promoviendo la categoría del terricidio, concepto que sintetiza todas las formas de violencia que atraviesan a los pueblos indígenas. Allí se reúnen los términos como el ecocidio, epistemicidio, genocidio, femicidio, travesticidio y "todos los ecosistemas perceptibles y espirituales que son arrasados por esta matriz civilizatoria", afirmó la referenta nacional del Pueblo Mapuche, Moira Millán, quien estuvo presente en la provincia de Salta esta semana como parte de la Caminata y ayer denunció el racismo en la decisión de demorar a las mujeres de Tartagal.
“Alerta roja” en Salta
Para Moira Millán, en Salta convergen todas estas categorías, por lo que cree que el "terricidio está en su máxima expresión" ya que hay postergación, omisión y negacionismo como política de Estado hacia los pueblos. La referente indígena aseguró que son muchos los factores que hacen que la provincia norteña esté en "alerta roja" frente a la vida de las comunidades. Por eso, sostuvo que "es urgente y es ahora la necesidad de unirnos todos los sectores para poder revertir esta situación letal y tremendamente preocupante".
El Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir busca que el terricidio se convierta en una categoría penal para que se pueda juzgar y condenar a los gobiernos y al sector empresarial que actúe como terricida, porque "Es necesario ponerle un límite a tanta muerte", y para eso, consideran "imprescindible definir estrategias que puedan ser sostenidas de manera colectiva y global", explicó la referente mapuche. Como primera medida buscan que la sociedad comprenda este nuevo concepto y como paso siguiente, dar un debate en el Congreso de la Nación.
En Salta son continúas las denuncias por desmontes ilegales, sin ir más lejos, este medio dio a conocer que a principiosde año ya había audiencias para desmontar más de 21 mil hectáreas, a pesar de que el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) está vencido desde 2014. Esta situación se suma a que desde hace un tiempo está presente el debate por una modificación a la Ley de Bosques. Mientras, las mujeres originarias reconocen el desmonte como una de las principales causas que genera la muerte por desnutrición de sus hijos e hijas de menos de 5 años.
