La fiscala penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, María Lorena Martínez, imputó provisionalmente al médico Marcelo Gustavo Cornejo, de 64 años, acusado del delito de abuso. 

En el decreto de imputación se detalla que en fechas imprecisas, entre mediados de junio y los primeros días de julio de 2020, Cornejo atendió y revisó físicamente en su consultorio privado a una adolescente de 15 años que estaba cursando un embarazo.

El parte oficial ratifica la denuncia que dio a conocer Salta/12 sobre esta situación. Pues fue en el consultorio privado que el médico ofreció a la víctima practicarle un aborto por la suma de 20 mil pesos o, en caso de que no pudiera pagar, que la chica aceptara mantener relaciones sexuales con él tres veces por semana. La adolescente sostuvo que en esas circunstancias, el médico la sometió a tocamientos sin su consentimiento.

Tras la radicación de la denuncia y la declaración testimonial de la chica, la fiscala Martínez llevó a cabo la audiencia de imputación contra el médico ahora imputado. Según se informó, la adolescente también declaró en cámara Gesell.

Por otra parte, el Juzgado de Garantías interviniente hizo lugar al pedido de la fiscala para realizar un allanamiento en el consultorio del imputado, que permitió el secuestro de documentación y un dispositivo de almacenamiento, amboles elementos que se encuentran bajo análisis.

Además de la denuncia policial que se radicó el 30 de octubre de 2020, existe una presentación de profesionales de la salud del Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal ante la gerencia de la institución. En ese escrito se indica que el mismo médico habría realizado similar ofrecimiento a otra mujer mayor de edad que terminó pagando el aborto.

Sin embargo, hasta donde se conoce no hay denuncia penal radicada por esta última situación, en la que también se habría realizado una revisión médica a la mujer mientras estaba internada en el Hospital, por consecuencias del aborto ejecutado.

A ello se suma que el médico no estaría entre aquellos que realizan las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en la parte pública.

Por ahora, no hay delito configurado por este tipo de prácticas indebidas.