Desde Medellín. A once días de movilizaciones y brutalidad policial, la juventud colombiana sigue en las calles en marchas, protestas artísticas, vigilias con velas, misas y muchas más expresiones de una profunda inconformidad con el gobierno de turno, el modelo económico y la respuesta abusiva de parte de la Fuerza Pública, infiltrados de la policía y escuadrones armados sin identificar que dejaron a por lo menos 23 personas víctimas de homicidio, la mayoría de ellas manifestantes, y un funcionario policial. El Paro Nacional que inició el 28 de abril rechazó, en principio, la tercera reforma tributaria del gobierno del Presidente Iván Duque que pretende descargar el 75 por ciento de la tributación nacional en los hombros de los ciudadanos mientras las empresas asumen solo el 25, todo ello en medio del hastío y la vulneración de derechos generada tras meses de pandemia que dejó sin ingresos, empleos, alimentos, vacunas y salvación al grueso de la población colombiana, que suma más de 76 mil muertes por Covid19.

Desde ese miércoles, Colombia avivó la llama de la protesta que había iniciado en noviembre de 2019 y que resultó también en masacre, como ahora, tendiendo en el suelo por la fuerza de las balas del Estado y fuerzas paraestatales a decenas de jóvenes que, desarmados, se habían unido a los miles que están copando las calles de las ciudades capitales aún cuando saben que la respuesta del gobierno nacional y los gobernantes locales ha sido, en vez de escuchar sus demandas, poner a tronar sus fusiles, bombas aturdidoras, revólveres, tanquetas armadas, a la par con incitaciones a la violencia y el odio de parte de los opositores a la protesta que reclaman por el respeto a la propiedad privada y el no bloqueo de carreteras y transporte de alimentos y otros. También los camioneros, maestros y maestras e indígenas se sumaron al paro, dejando saber su indignación por los incumplimientos históricos a los acuerdos de movilizaciones pasadas, entre ellas las del paro de 2019.  También, "por la “descarada respuesta del gobierno ante la protesta actual: nos quieren callar y encerrar a punta de terror”, expresa Liliana Vásquez a este diario desde Cali, donde la sangre corre a borbotones: Una veintena de jóvenes han sido asesinados allí en medio de disparos y persecución de la policía y hombres de civil que atacan directamente a los manifestantes. Hoy, además, escasea allí el alimento, la gasolina, la electricidad y la conectividad.

Vazquez, una ama de casa que vio amenazada su subsistencia y la de su familia con el pretendido aumento de impuestos de Iván Duque a los alimentos y otros bienes básicos, no había participado antes de manifestaciones de este tipo. “Decidimos apoyar el paro porque mamados de tanta injusticia y tanta corrupción, y al ver a los muchachos del barrio que no agacharon lo cabeza, eso nos dio fuerza. Nos duele ver cómo los están desapariciendo, golpeando y asesinando por reclamar sus derechos. Los jóvenes de ahora son unos berracos”, dice con emoción la mujer, desde la capital del Valle del Cauca, hasta donde arribó la Minga Indígena de la vecina provincia de Cauca para unirse al grito por la vida del pueblo colombiano que, en vez de respuestas está recibiendo una represión tan alta que está siendo condenada no solo por organizaciones de derechos huumanos locales, sino también por gobernantes, congresistas, iglesia, académicos y otros de la comunidad internacional que, como los colombianos, exigen garantías para ejercer el derecho a la protesta.

De acuerdo con “Defender la Libertad”, red de organizaciones barriales, estudiantiles, feministas, y sociales del país, hasta el 8 de mayo han 216 personas han sido presuntamente desaparecidas en el marco del paro nacional en todo Colombia. Además, recogieron 629 denuncias por abusos de autoridad y poder y violencia policial, y reportaron la detención arbitraria de 1291 personas. Los muertos, incluido un menor de edad, ha sido 32 según esta campaña que expresa “su preocupación y rechazo ante la actuación arbitraria y desproporcionada (del estado) que van en contra de protocolos internacionales sobre el accionar de la Fuerza Pública en escenarios de protesta social”.

Esta grave situación ha levantado también manifestaciones en lugares como Miami, New York, Madrid, Oslo, Uruguay, Buenos Aires, La Paz, entre otras, y abundantes mensajes de rechazo al gobierno de Iván Duque y el líder político de la colectividad de derecha, Álvaro Uribe, a quienes piden su retiro de los cargos que ostentan y acudir a los estrados judiciales por las múltiples evidencias del abuso de poder actual y el prontuario y sendos procesos judiciales que Uribe enfrenta en la justicia colombiana desde año atrás por la supuesta conformación de grupos paramilitares y narcotraficantes, y ser el responsable de crímenes de estado que gracias al Acuerdo de Paz hoy se están documento y conociendo de manera organizada como lo son las 6402 ejecuciones extrajudiciales que, según la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) creada con el Acuerdo, habrían ocurrido durante el gobierno de Duque.

Estos graves hechos, ampliamente repudiados por la juventud actual y también conocidos como “falsos positivos”, se han seguido cometiendo a la par con la violencia política que, de acuerdo con los informes semestrales del Banco de Datos de Derechos Humanos del Cinep e información del Tribunal Permanente de los Pueblos -no solo con asesinatos sino con hostigamientos, amenazas y persecución- busca eliminar a los opositores al modelo económico y político que privilegia el capital, la propiedad privada, el extractivismo y la represión a costa del sufrimiento y violencia contra comunidades siempre explotadas y olvidadas como los campesinos, los pueblos afros, los indígenas y las comunidades urbanas populares que hoy aportan el grueso de los ciudadanos que, hartos de años de guerra, impunidad, falta de empleo, educación, salud y en medio del hambre y las balas, se aferran a la protesta como forma de hacerse oir y transformar estructuras del país para superar la desigualdad y lograr respeto y garantía de sus necesidad básicas.

Isaac Buitrago, abogado y activista en Medellín, le contó a Página/12 que, en medio de la histórica vulnerabilidad de las pobrerías en las ciudades y años de conflicto, coca y desplazamiento en los campos, las movilizaciones en capitales siguen aumentando. La llama sigue creciendo entre diversos sectores como personal de la salud, clase media e incluso clase alta que está sintiendo los estragos de la pandemia y el olvido del gobierno que ha dejado a la mayoría a su suerte con un lento avance en la vacunación mientras a los bancos les otorgó multimillonarios subsidios.

“Nos quieren desolados, ajenos a nosotros mismos y no lo lograrán, su muerte no triunfará, no pasarán”, señaló el influencer “Aquinoticias” en sus redes sociales donde youtubers e instagramers como “La Liendra” y otros han influenciado a la indignación a sectores que antes no tenían interés en la vida política, como los más jóvenes o la clase media. Y aunque los medios comerciales se enfocan en mostrar como protagonistas a quienes cometen desmanes y son tildados de vándalos, la información en vivo circula como pan caliente logrando desmentir las versiones oficiales que intentan mostrar la enorme e histórica movilización actual como una situación donde el orden público se salió de control, sin dar espacio a las demandas sociales y posturas políticas de los jóvenes y las organizaciones que participan del Paro Nacional que crece sin asomo de final aún.

“Quiero ser parte de una nueva historia”, explica Esteban Agudelo, joven artista y empresario de la capital antioqueña, para quien el país ha sido muy mal administrado llevando al hastío a las generaciones más jóvenes que no ven futuro en el sistema actual “pero que tenemos mas información” y por eso han decidido, explica, dignificar al pueblo mostrando su inconformidad y exigiendo el desmonte de la brutal policía antidisturbios (ESMAD) de la Policía que en cada movilización en el país termina con la vida de jóvenes manifestantes, o les deja con graves heridas. La policía civil habitual y gran número de infiltrados vestidos de civil han sido descubiertos en las protestas y los videos de celular que prueban que están usando a estos hombres para vandalizar propiedades públicas y privadas como el Metro de Medellín y el Hotel Luna de Cali son abundantes.

Pero no solo uniformados están disparando y acabando con los chicos. A Lucas, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, desconocidos le dieron ocho tiros desde un carro mientras protestaba en la ciudad de Pereira después de participar con baile y arte en la marcha que comenzó a la par en diversas capitales como decenas de miles de personas participando. El profesor de yoga está hoy entre la vida y la muerte. Nicolás, grafitero asesinado en Cali, y decenas de nombres son honrados desde el primer día del Paro Nacional más reciente. Entre tanto, se busca a centenares de personas que salieron a marchar y no volvieron. Uno de ellos fue encontrado sin vida en el río Cauca, tras protestar en Cali. Ante las masivas desapariciones, organizaciones de la sociedad civil como la Corporación Colombiana de Juristas, la Corporación Yira Castro y otros están pidiendo una intervención internacional urgente. Por su parte, el Centro de Investigación y Educación Popular de la Compañía de Jesús en Colombia ha señalado que: el gobierno quiere justificar la represión generalizada y la militarización de las capitales y municipios intermedios aludiendo a la existencia de acciones calificadas como “vandálicas” o “terroristas”, tales como el incendio de vehículos, saqueos al comercio y ataques no justificados contra la Policía. Sin embargo, las agresiones de la Fuerza Pública no solo se aplican contra los presuntos autores de estos hechos, sino contra quienes protestan pacíficamente. Y que, adicional a ello, persisten dudas sobre la procedencia de las armas y la financiación de este tipo de agrupaciones que infiltran las protestas.

Entre tanto, las ciudades han sido militarizadas. Y los alcaldes y mandatarios locales empiezan a tomar partido. Claudia López en Bogotá rechazó la presencia del Ejército, mientras en Medellín los despachos de Juventud y No Violencia se suman a recibir denuncias y apoyar la búsqueda de desaparecidos. Ahora se teme una represión aún más feroz en medio de horas en las que los lives en redes sociales se hacen cada vez más difícil por supuestas fallas en los servidores, y en jornadas de protesta donde se corta la electricidad, incluso en las noches: momentos de horror cuando, al finalizar las marchas, los policías motorizados y particulares armados persiguen a los manifestantes a disparos y se los llevan en carros, patrullas y camiones.

Así las cosas, cada día se citan más y más vecinos en sus canchas, sedes sociales o balcones de sus casas para el cacerolazo cotidiano, y más y más colombianos en el país y el mundo se indignan por la sangre derramada ante las justas reinvindicaciones de la ciudadanía que se moviliza en las calles y la virtualidad. El llamado a la justicia, el rechazo a la derecha, a sus crímenes históricos y a las reformas del gobierno actual, así como el hastío ante la escasez de oportunidades y la estigmatización se multiplican con expresiones y demandas que esperan ser atendidas en vez de silenciadas con las armas.