Desde Lima. A cuatro semanas de la segunda vuelta del 6 de junio, las izquierdas peruanas se unen y cierran un acuerdo para impulsar un “gobierno de cambio” encabezado por el profesor y sindicalista Pedro Castillo, que se enfrenta a la derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del encarcelado exdictador Alberto Fujimori. El partido Perú Libre, que se define marxista-leninista y postula la candidatura de Castillo, y la coalición progresista Juntos por el Perú, que en primera vuelta tuvo como candidata a Verónika Mendoza, han firmado un pacto político para apoyar la candidatura de Castillo, que es también la base para una alianza de gobierno en caso el candidato de la izquierda gane las elecciones. Castillo y Mendoza han definido este acuerdo como una alianza “para la refundación del país”.

Los puntos centrales de este acuerdo son enfrentar la grave crisis sanitaria por la pandemia asegurando una vacunación universal y gratuita y mejorando los precarios servicios de salud; reactivar la economía cambiando el modelo neoliberal impuesto hace tres décadas por la dictadura de Fujimori; priorizar la lucha contra la corrupción, extendida entre la clase política; y refundar el Estado para garantizar derechos e igualdad para todos. También proponen cambiar la Constitución heredada del régimen fujimorista, que reduce al Estado a un rol subsidiario de la actividad privada.

Castillo ha dicho que este acuerdo es “un compromiso con las familias más necesitadas”. “Estamos al otro lado de quienes defienden la seudodemocracia, una Constitución a la talla y peso de la gran oligarquía, de los que siempre manejaron el Estado. Este es el momento de abrazar esta causa para refundar la patria”, dijo el candidato de la izquierda, hablando al lado de Verónika Mendoza, a quien le agradeció su respaldo.

Mendoza, que en primera vuelta obtuvo 7,8 por ciento, señaló que el compromiso asumido era “trabajar de manera conjunta y lograr un gobierno de cambio liderado por el profesor Pedro Castillo”. “No está en juego solamente la victoria del profesor Castillo, sino que tenemos la responsabilidad histórica de ponerle un freno al autoritarismo, a la mafia y al pasado”, precisó la excandidata presidencial, en referencia a una posible restauración del régimen fujimorista de los años 90, caracterizado por el autoritarismo, las violaciones a los derechos humanos y la corrupción.

De esta manera, la izquierda junta fuerzas para derrotar a la candidata de extrema derecha, quien tiene el respaldo de diversas agrupaciones conservadoras que participaron en la primera vuelta, del empresariado y de los grandes medios, que han puesto en marcha una agresiva y masiva campaña de miedo y demolición contra la candidatura de Castillo. Pretenden asustar con los fantasmas del comunismo, del chavismo y del terrorismo. En una vieja práctica utilizada por el fujimorismo contra sus rivales, se acusa a Castillo de terrorista, adjudicándole supuestos vínculos con los rezagos políticos del derrotado grupo armado maoísta Sendero Luminoso, que protagonizó una guerra interna en los años 80 y 90, lo que el candidato ha negado repetidas veces. Una millonaria campaña llama a “votar contra el comunismo”. Esta campaña contra la candidatura de la izquierda, disfrazada de defensa de la democracia, oculta el pasado, y presente, autoritario y corrupto del fujimorismo para poner a su candidata como “defensora de la democracia”. Una campaña que desafía la memoria.

Después de firmar el pacto con Verónika Mendoza, el profesor Castillo hizo público un pronunciamiento de diez puntos en el que se compromete a respetar la democracia y la libertad de prensa. Esto es una respuesta a esa masiva campaña que lo acusa de tener intenciones autoritarias. En ese pronunciamiento también se compromete a no renunciar a sus propuestas de cambio y precisa que las implementará dentro de la institucionalidad democrática y “respetando la propiedad”.

Organismos defensores de los derechos humanos y familiares de las víctimas de la guerra interna -las víctimas se estiman en cerca de 70 mil- han demandado a los dos candidatos un compromiso con los derechos humanos, los juicios a los represores, las reparaciones a las víctimas y cumplir con las decisiones de los organismos internacionales en este tema. En su pronunciamiento público Castillo se compromete con la defensa de los derechos humanos y el respeto a los tratados internacionales en esta materia firmados por el país. Keiko ha dicho que no hubo una guerra interna, sino solamente terrorismo. Estando en el gobierno, el fujimorismo tuvo una práctica de violaciones a los derechos humanos y tiene una larga conducta de negar esas violaciones y proteger a los represores. Keiko ha anunciado que indultará a su padre, sentenciado a 25 años por crímenes de lesa humanidad, lo que va contra los tratados internacionales firmados por el país que prohíben los indultos a los condenados por lesa humanidad.

Atacado por el establishment, este acuerdo con Juntos por el Perú y su compromiso público de respeto a la institucionalidad democrática, le permite a Castillo contrarrestar una imagen de cierta soledad, abrir su candidatura a otros sectores y reducir los temores de electores que lo ven como un riesgo autoritario, temores alimentados por una millonaria campaña y también por algunas declaraciones de miembros de su partido. A Castillo se le cuestiona la falta de un equipo técnico, un flanco débil de su candidatura, y este acuerdo con Juntos por el Perú le puede dar esos cuadros que le estarían haciendo falta.

De acuerdo a una encuesta publicada el viernes, Castillo sigue adelante, pero la distancia con su rival se ha reducido en una semana de diez a cinco puntos. La encuestadora Datum le da a Castillo 41 por ciento y a Keiko 36 por ciento. El candidato de la izquierda baja tres puntos y la fujimorista sube dos puntos, en relación a un sondeo de la misma encuestadora de hace una semana. Este resultado ha entusiasmado a la derecha. Sin embargo, este último sondeo no mide el impacto del reciente acuerdo de Castillo con Juntos por el Perú que unifica a la izquierda y puede tener un efecto más amplio que la suma de los porcentajes de ambos en primera vuelta, ni el del pronunciamiento del candidato de Perú Libre en defensa de la democracia.

Luego del debate en una plaza de la andina provincia de Chota, los candidatos se podrían volver a encontrar en un penal. Castillo retó a Keiko a debatir en la cárcel de mujeres de Lima. Sarcástico, dijo que como él había sido local en Chota, donde nació y vive, ahora le tocaba a Keiko ser local y propuso el penal San Mónica, donde la fujimorista, procesada por lavado, organización criminal y obstrucción a la justicia, estuvo varios meses presa. Keiko, deseosa de debatir para buscar revertir su desventaja, aceptó hacerlo en la puerta del penal.