Dos nuevas denuncias penales contra el Correo Argentino y las sospechas sobre su relación con el Meinl Bank, un banco austríaco acusado de lavado que enfrenta un proceso de insolvencia y fue inhabilitado, pusieron en evidencia posibles maniobras de los Macri para manipular las mayorías entre sus acreedores y conseguir suficientes avales en plan evitar la declaración de quiebra. En la recta final del proceso concursal, la empresa ofreció 1000 millones de pesos para saldar su deuda, una quinta parte de lo que debe en realidad. El Meinl es el acreedor más grande entre los privados, por eso puede ser clave para el salvataje y el Correo alega que cuenta ahora con su respaldo. Pero la fiscala Gabriela Boquin duda desde hace tiempo de su verdadero papel y ahora pidió exhortos a Europa para despejar el enigma. También denunció que la firma postal falseó sus balances en base a un convenio con el banco en cuestión donde se calculaba lo adeudado con el valor de dólar desactualizado, a 6 pesos. Y en otra presentación judicial se hizo eco de las quejas de un abogado que figuraba otorgando 23 conformidades a favor del grupo empresario, pero en un escrito alegó que no era verdad. Había visto su nombre en una nota de Página/12 que enumeraba los apoyos truchos.

En un nuevo dictamen esta semana la fiscala Boquin pidió ampliar una investigación ya iniciada en el contexto del concurso de acreedores sobre un posible fraude y operaciones de vaciamiento del Correo Argentino, donde habría desviaciones millonarias hacia otras firmas de grupo (Socma y Sideco) y a favor de estudios y consultoras amigos, entre ellos el estudio Tonelli –ligado al diputado de Cambiemos, Pablo Tonelli— y el de Pablo Clusellas, exsecretario legal y técnico del gobierno de Macri. Sobre ese punto, pidió una nueva intervención de los peritos contadores de la Corte Suprema y reclamó que en caso de que ni el Correo ni las beneficiarias de pagos cuestionados aporten la documentación requerida, se ordene el levantamiento del secreto fiscal. Además del vaciamiento, también apunta ahora a posible lavado de dinero, por lo que también dio intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF).

El escrito de 71 páginas y otros dos adicionales, vuelven sobre las conformidades dudosas, algo Boquin que ya había advertido a fines de 2016 cuando objetó el acuerdo que intentaron el Correo y el gobierno de Mauricio Macri para licuar el 98,87 por ciento de la deuda de la empresa. El modus operandi podría repetirse ahora, en días decisivos. Después de casi 20 años, la jueza Marta Cirulli debe decidir si decreta la quiebra del Correo o si homologa la propuesta de pagar una pequeña porción de su deuda y dar el asunto por terminado. ¿Puede hacer esto último frente a tantas anomalías?

Para esto último se necesita la conformidad de los acreedores que representan las dos terceras partes del capital. El Estado nacional, acreedor central, ya rechazó el ofrecimiento. También dijeron que no el Banco Nación, la AFIP y numerosos trabajadores. En total hay 708 beneficiarios de la deuda. El Correo quiere demostrar que tiene el 75 por ciento de las conformidades para imponerse y dejar al Estado fuera de la posibilidad de definir su destino. Algunos especialistas en concursos y quiebras creen que sin aval estatal no puede haber acuerdo posible.

El Meinl Bank

El Correo hace gala de contar con la conformidad del Meinl Bank, porque cree que con eso debería salvarse. ¿Pero puede la jueza Cirulli aceptar a una entidad que está en bancarrota, inhabilitada por el Banco Central Europeo y apenas manejada por sus liquidadores? El sentido común indica que no. Lo cierto es que la fiscala desde que interviene en el expediente se pregunta por qué un banco acusado de corrupción, arruinado, vinculado también a los sobornos en el caso Odebrecht, aceptaría las deudas de hace dos décadas de una empresa inactiva cuyas acciones tienen hoy valor nulo. La periodista Emilia Delfino había revelado en EldiarioAR que al Meinl le quitaron la licencia en 2019. El nuevo dictamen de la fiscalía muestra documentos que dan cuenta directamente del cierre de la entidad, en febrero de este año.

El Meinl se convirtió en acreedor del Correo tras adquirir en 2007 los créditos que le correspondían al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 62,7 millones de dólares y los de la Corporación Financiera Internacional (CFI) por 57, 9 millones de dólares. Con la aparición de este banco austríaco se concatenan una serie de situaciones extrañas.

Según la publicación reciente de una investigación de los periodistas Iván Ruiz y Hugo Alconada Mon, en realidad aquella adquisición de deuda se consumó por un acuerdo con una sociedad off shore vinculada a Franco Macri, de modo que la función del banco podría haber sido la de testaferro. La empresa se llama Mervet Establishment y se constituyó en el principado de Lichtestein. Apareció en los documentos a los que accedió consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Proyect (OCCR) en función de una auditoría sobre el Meinl. Por todo esto Boquin les pide a los periodistas que aporten la documentación con que cuenten y ordena exhortos al juez con jurisdicción y competencia en Viena, Austria, y Frankfurt am Main, Alemania, para obtener información “sobre el retiro de la licencia” y “su cierre” al Meinl Bank, cuyo último nombre es “Anglo Austrian AAB Bank”. Se le pide información, entre otros, a la autoridad de Mercado Financiero, la Procuración de Viena y el Banco Central. La fiscala también quiere saber si hay operaciones de lavado de activos de por medio que comprometan a la off shore de la familia Macri.

El Correo presentó balances donde dice que tiene un acuerdo el Meinl Bank según el cual su crédito en dólares está valuado y fijado al tipo de cambio vigente al 31 de diciembre de 2013, es decir a 6,5 pesos por dólar. Con ese argumento, sus estados contables pudieron arrojar ganancias “ocultando su resultado real”, dice la fiscalía. El crédito, señala, está “registrado en los libros sin expresar el valor real y actual” y, para colmo, el Correo fue reticente a “poner a disposición del perito actuante el acuerdo que habría suscripto con el Meinl Bank”. Por lo tanto, es posible que los balances estén alterados y que el pacto en cuestión haya sido por fuera del acuerdo preventivo con el resto de los acreedores. Con estos datos, Boquin denunció a la empresa en la justicia penal ordinaria, el posible delito de balance falso. Ante las denuncias, según el caso, podrían tener que responder los responsables legal y administrativo, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, también imputados en la causa que tramita en Comodoro Py, y a los responsables de Socma, que son los hermanos Macri: Gianfranco y Mariano, y Mauricio que nunca dejó de tener el usufructo de las acciones.

Avales truchos

Además del crédito con el banco austríaco que representa el 38% de la deuda, y otro tanto del Estado nacional, entre los muchos otros acreedores más pequeños, Boquin también había denunciado que de un total de 375 acreedores que dieron su conformidad a la propuesta de pago del Correo, 354 están concentrados en 14 apoderados, seis de los cuales tienen el mismo domicilio y cuatro de ellos formaron parte del propio directorio del

Correo Argentino. O sea, la mayoría estaban conectados entre sí y con la empresa deudora. Este diario reconstruyó la trama de los apoderados polémicos, cuyas conformidades el Correo presentó para intentar evitar la quiebra, y publicó sus nombres, según constancias que están en el expediente, expresamente mencionadas en dos dictámenes de Boquin. Uno de ellos, Miguel Martín Mac Cormack, figura como apoderado de 23 acreedores y con el mismo domicilio que otros cinco apoderados. Pero se presentó en el juzgado con la nota de Página/12 y dijo que el no participó “ni en carácter de apoderado ni de ninguna otra forma” y por lo tanto pidió que se investigue “quién o quiénes suscribieron el o los supuestos documentos a fin de establecer las responsabilidades del caso”. Todo indicaría que alguien podría haber utilizado su nombre, algo que le tocó investigar a la jueza Laura Bruniard.

Todavía está en veremos el desenlace en la causa penal que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, respecto de la cual tres fiscales (Juan Zoni, Gerardo Pollicita y Sergio Rodríguez de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas) y un estudio contable de la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Contrabandos (DAJuDeCO) coincidieron en que se intentó favorecer el Correo, con Mauricio Macri de los dos lados del mostrador en 2016. Fueron indagados hace más de dos años el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y los hombres del Correo, pero nunca se definió su situación procesal.

Por ahora el paso del tiempo produjo efectos a favor del Correo, que sigue sin pagar su deuda, y con las causas penales en veremos; pero también trajo otros que lo comprometen, porque sus tropelías quedan cada vez más al descubierto, lo que explica que cada tanto el propio Macri y sus secuaces, como Patricia Bullrich, salgan en las redes sociales a presionar a la jueza que debe definir el destino de la empresa, que puede arrastrar a los pilares del grupo Macri.