La calle Boulevard Buenos Aires, en la localidad bonaerense de Luis Guillón, se llamaba Uriburu cuando la última dictadura cívico militar eclesiástica desangraba al país. Y en su numeración 1151 sólo había construido un chalet con un gran jardín delantero que lo separaba de la vereda, un garage sobre un costado, techo de teja. Hoy, pegados a la línea municipal, hay dos locales de paredes color coral que ocultan aquella casa, y cuyos supuestos propietarios quisieron ofrecer a la venta en los últimos días. No pudieron: organismos de derechos humanos repudiaron públicamente la intención de que ese predio, escenario de una de las matanzas del terrorismo de Estado más impactantes de la zona, pasara de mano en mano. El juzgado federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas y al frente de la investigación sobre los hechos, dispuso una inspección ocular para mediados del mes que viene para definir si aplica una medida de no innovar.

El colectivo de organizaciones que integra la Mesa de DDHH de Esteban Echeverría y Ezeiza repudió “enérgicamente la reciente puesta en venta de la propiedad donde el 24 de mayo de 1977 se llevó a cabo el fusilamiento de 16 compatriotas en un aberrante suceso conocido como la ‘Masacre de Monte Grande’, postularon en un comunicado que consensuaron apenas se enteraron de la situación y difundieron durante la semana.

Supieron de la puesta a la venta del inmueble cuando pasaron por el lugar --muchos y muchas viven en la zona y Boulevard Buenos Aires es una de las avenidas más importantes de la localidad-- y vieron los carteles de venta. Chequearon en internet: más de una inmobiliaria lo ofrecía: “Importante lote sobre avenida en venta”, “gran terreno, 900 m2”. Avisos en buscadores inmobiliarios, en Mercado Libre. Ninguno, por supuesto, aclaraba que el lugar había sido escenario de una masacre durante la dictadura.

En el comunicado, los colectivos exigen a la Justicia que actúe. Tras enterarse de la posible venta del lugar, Pablo Llonto, uno de los abogados querellantes en la instrucción de la causa que investiga el hecho, insistió ante el juez Rafecas para que el inmueble sea “protegido” con una medida de no innovar. Tras la reconstrucción de la masacre que se llevó a cabo en el marco del primer juicio de lesa humanidad por los crímenes de Vesubio, el lugar fue modificado: sus ocupantes construyeron dos locales al frente que ocultan el chalet escenario de la matanza de les 16 militantes. Con el fin de analizar “la viabilidad” de la medida requerida por el abogado, Rafecas ordenó la realización de una “inspección ocular” en el lugar el próximo 13 de mayo a las 11.

Para Llonto, la medida ordenada es “de una importancia vital” para “ver quién está ocupando la casa, qué relación hay entre esa casa con los servicios de inteligencia, el Ejército, por qué se usó esa casa para preparar una masacre”, remarcó en diálogo con este diario y destacó que “se pone en marcha nuevamente la investigación, ojalá que esta vez sea decisiva”.

En tanto, la Mesa de DDHH de Echeverría y Ezeiza insistió a las autoridades municipales, provinciales y nacionales para que declaren el lugar como sitio de memoria. Desde el Observatorio de Derechos Humanos de Echeverría, una de las agrupaciones que integran la mesa, sueñan con que finalmente el lugar sea convertido en Espacio de Memoria, para que pueda rehabitarse con el fin de aportar al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, aunque saben que “el primer paso es declararlo como sitio para preservarlo”, apuntó una de sus integrantes Alicia Perelló.

La masacre

Corría mayo de 1977. El Vesubio, uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio bajo la órbita del Ejército, funcionaba a pleno. La noche del 23 de mayo un grupo de detenidos desaparecidos en aquel centro clandestino fueron llamados por represores que actuaban en el lugar.

Luis María Gemetro, Luis Alberto Fabbri, Catalina Juliana Oviedo de Ciuffo, Daniel Jesús Ciuffo, Luis Eduardo de Cristófaro, María Cristina Bernat, Julián Bernat, Claudio Julio Giombini, Elisabeth Käsemann, Rodolfo Goldín, Mario Augusto Sgroi, Silvestre Esteban Andreani, Miguel Ángel Harasymiw, Nelo Antonio Gasparini y dos mujeres que aún no pudieron ser identificadas, en su mayoría militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) y la Juventud Universitaria Peronista (JUP), fueron “manguereados” y vestidos con ropa limpia. Según les informaron, iban a participar de una conferencia de prensa donde debían declararse culpables, para luego pasarlos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Era mentira.

En realidad, fueron llevados al chalet ubicado en Boulevard Buenos Aires (entonces Uriburu) 1151, en Luis Guillón. Allí, según la instrucción, “se habría producido un operativo fraguado y/o enfrentamiento simulado en el que resultaron asesinadas las víctimas, encontrándoselas luego fallecidas en el lugar”. En el operativo fraguado participó personal del Ejército e, incluso, soldados conscriptos que entonces cumplían el Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento de Infantería 3 de La Tablada, lindero a El Vesubio.

Daniel Casinelli, que la noche del 24 de mayo de 1977 era bombero voluntario en la zona y estaba de guardia, trasladó los cuerpos de las víctimas de la casa de Bv Buenos Aires 1151 hasta el cementerio de Monte Grande. En el marco del debate de 2010 por los hechos de Vesubio, Casinelli declaró que el cuartel quedaba aproximadamente a quince cuadras de la casa aunque “no escuchó ningún disparo”; indicó que “al ingresar a la morada, lo primero que vio fueron cadáveres en el patio delantero y trasero, como así también en distintas habitaciones (...) había un auto Ford Falcon que en su interior tenía dos o tres personas muertas, aunque “el rodado no presentaba vidrios rotos o señales de disparos”. Sostuvo que depositaron los cuerpo en “el lugar de los NN” que habia “en el fondo” del cementerio local.

Los diarios Clarín, La Razón y La Nación informaron al otro día la muerte de los y las militantes a través de un comunicado firmado por Guillermo Suárez Mason, jefe del 1° Cuerpo del Ejército. Algunos restos de las 16 víctimas asesinadas en el hecho, como el de la ciudadana alemana Käsemann, fueron identificados.