El juicio por el crimen de Jimena Salas continuará esta semana con 40 testigos. Además quedó pendiente la declaración del subcomisario Sergio Costello quien no compareció esta semana y lo haría el martes, la Fiscalía informó que esa ausencia se debió a que el policía tuvo que asistir a un operativo el día en que estaba citado a declarar. También falta el testimonio del ingeniero Pablo Albiero de la empresa de la alarma de seguridad contratada por la víctima que se desconectó un día antes de que fuera asesinada.

El viernes la fiscalía consideró que ya no era relevante citar a Albiero, y explicaron que no compareció porque no habían logrado dar con él y notificarlo. Pero para el abogado Pedro Arancibia, quien ejerce la defensa del viudo Nicolás Cajal Gauffin, la declaración de este testigo sí sería importante por lo que insistió en que se lo notifique y el Tribunal hizo lugar al pedido del abogado. 

En la causa están siendo juzgados Sergio Vargas, en calidad de partícipe secundario de homicidio triplemente calificado por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por precio o promesa remuneratoria y el viudo de la víctima, Nicolás Federico Cajal Gauffín, por encubrimiento agravado. El asesinato de Salas ocurrió el 27 de enero de 2017 en su casa del barrio San Nicolás en la localidad de Vaqueros.

Entre los elementos que falta conocer se encuentran las pericias psiquiátricas y psicológicas hechas a los imputados por profesionales del Poder Judicial pero no se precisó cuándo las expondrán. 

La pericia al imputado Cajal Gauffin se hizo recién la semana pasada, el Ministerio Público Fiscal había pedido incorporar un perito de control del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que les fue negado por los jueces al considerarlo un pedido extemporáneo. 

Los abogados Marcelo Arancibia y Luciano Romano son los defensores técnicos de Vargas. Marcos Rubinovich defiende al imputado en relación a la acusación de la querella y la actoría civil. Por otro lado, el abogado Pedro Javier Arancibia (sobrino de Marcelo Arancibia) interviene como defensor de Cajal Gauffín.

La abogada del niño Marta Verónica Aguilar Bossini es la querellante civil y de acción penal. Antes la querella había sido presentada por la tutora oficial, Liliana Francisca Valle, quien falleció de forma reciente. La tutora había argumentado que había un conflicto de intereses entre la hijas de la víctima y su padre Cajal Gauffín y que ellas tenían derecho a constituirse en querellantes ante el homicidio de la madre. 

Entre los pedidos realizados por la querella se encuentra la privación de la responsabilidad parental en caso de recibir condena para Cajal Gauffín y también para Vargas respecto a sus hijas. También interviene la asesora de Incapaces 2, Claudia Mariela Flores Larsen, en representación de las hijas de Salas.

El juicio se desarrollará hasta el 21 de mayo y el tribunal lo componen los jueces de la Sala VII, Francisco Mascarello, Federico Diez y Federico Armiñana Dohorman (interino).

Esta es una causa inusual en Salta porque a cuatro años del crimen no están los asesinos materiales de Salas en el banquillo de los acusados. El fiscal Torres Rubelt, describió ante Salta/12 que Salas fue "agredida grave y ferozmente con arma blanca". La víctima recibió más de 40 puñaladas, pero pese a la muerte violenta la causa no tiene como principal hipótesis un femicidio. 

Torres Rubelt explicó que la hipótesis que intentan acreditar en las audiencias de juicio es que "de parte del señor Cajal hubo un encubrimiento respecto del verdadero móvil de lo que significó el ingreso al domicilio (de los asesinos). No se dijo efectivamente qué es lo que pudo haber buscado o llevado la persona o las personas que participaron del hecho". 

Para el fiscal hay una relación entre el crimen de Salas y un posterior supuesto faltante de dinero, cuya única prueba mencionada hasta el momento es la que realizaron con canes en 2019, que arrojó que en un maletín o bolso hubo dinero, divisas o estupefacientes. 

El viudo dijo cuando declaró que hubo dinero en algún momento en ese bolso, que usaba para viajes laborales cortos o para guardar dinero que retiraba para la construcción de la casa del Banco por el plan PROCREAR pero negó que lo hubiera cuando ocurrió el crimen al igual que afirmó que en ningún momento hubo estupefacientes. El viudo sostuvo que el único dinero que había en la casa se encontraba en la caja de seguridad, y que no fue robado.

Para Torres Rubelt, Vargas simuló el rol de vendedor ambulante que ofrecía un par de sandalias en el barrio. Lo acusan de haber oficiado de campana y haber colaborado con los asesinos materiales.

Sin embargo, esta semana se expusieron las pericias realizadas, entre las que se encontraban las de teléfono e internet de los dos imputados y no hay elementos que los vinculen. No se registró ninguna comunicación telefónica entre ambos y el viudo negó conocer a Vargas. Aunque según lo manifestado por uno de los criminólogos el viernes, Juan Pablo Sánchez, la pericias no han llegado a analizar llamadas por whatsapp.

Por otro lado, las pericias bioquímicas expuestas por la licenciada del servicio biomolecular del CIF, Alejandra Guinudinik, lograron determinar que en la escena del crimen actuaron dos varones, de quienes se obtuvo los perfiles genéticos pero permanecen sin identificar pese a los cotejos realizados. Según dijo la especialista, esos cotejos se hicieron con Vargas y Cajal Gauffín pero resultaron negativos.

El móvil del crimen sigue siendo un interrogante sin esclarecer. Tampoco queda clara la imputación por "encubrimiento" que se hizo contra Cajal Gauffín en el asesinato de su esposa y qué motivos lo llevarían a ocultar información en caso de que la tuviera. Y si el viudo encubre información que podría servir para llegar a los asesinos de la esposa, esto ¿no lo vuelve cómplice?

Sin embargo, "si bien los autores materiales no están identificados, todo el circuito delictivo que se realizó está casi totalmente claro, faltaría ponerle nombre a las personas que cometieron el hecho", aseguró Torres Rubelt a Salta/12. Pero aclaró que en esta instancia "no está determinado qué es lo que pasó" en la escena del crimen.

"Cajal Gauffín declama una cosa y vivió otra, no solo lo que fue su discurso respecto a la estructura familiar y lo que verdaderamente pasaba en esa familia, que si bien no hace al fondo del asunto, pero nos va dando una perspectiva y un contexto en el cual nosotros tenemos apuntada y establecida una hipótesis que esperamos terminar de acreditar a lo largo de la audiencia", manifestó Torres Rubelt. 

A raíz de una autopsia psicológica a la víctima, se conoció que ella sentía "cansancio, angustia y soledad", también que la pareja no atravesaba su mejor momento pero había diálogo fluido y que ella estaba contenida. 

Por otro lado, el marido en su declaración dijo que sostenía una relación extramatrimonial de carácter solo sexual y la Fiscalía citó a declarar la mujer con la que se vinculaba, ella manifestó que fue desde 2011 o 2012 hasta meses después del asesinato. De la vida íntima y familiar de Salas y Cajal Gauffín solo se conoció esto, que hasta el momento no tiene peso para que avance la hipótesis de un posible femicidio. 

El fiscal se expidió sobre la supuesta reacción de tranquilidad del viudo que manifestó sobre todo un oficial que declaró el lunes pasado pero que fue puesta en contradicción con el relato del médico que asistió ante el llamado de emergencia que lo describió angustiado y agarrándose la cabeza. 

"Visto aisladamente quizá no es importante (la supuesta tranquilidad del viudo) pero contextualizado con los demás elementos que nosotros sabemos que existen y creemos poder acreditar en las audiencias van a formar todos una circunstancia que van a ayudar a sostener como indicios que son, la hipótesis de la fiscalía", manifestó Torres Rubelt.