Mediante una nota del jueves último, la Comisión de la Mujer de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), instó a que se adopten medidas urgentes para la resolución de casos de denuncias de violencia de género dentro de la Casa de Altos Estudios. 

Esto a raíz de la denuncia que una docente de la Facultad de Humanidades realizara en abril de 2019 ante el Decanato y la Justicia, pero que aún desde el ámbito universitario no cuenta con un dictamen a favor de la protección de la víctima. 

Además ya existe una resolución por parte del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 1° Nominacion de la ciudad de Salta emitida el 1 de noviembre de 2019, en la que se ordenó a la UNSa que cree un órgano y/o dependencia específica interna para la atención preventiva y su intervención adecuada en los casos de violencia de género, "a fin de que las denunciantes/víctimas obtengan respuestas protectorias". 

La Universidad aprobó el 17 de diciembre del 2019 el Protocolo de Intervención institucional ante situaciones de discriminación y/o violencia de género, que dispone la creación de una Comisión de Abordaje Interdisciplinario de Violencias de Género y Disidencias, pero que hasta la fecha no se conformó. Las autoridades universitarias anunciaron a Salta/12 que a fines de mayo estará instaurado dicho espacio. 

Las integrantes de la Comisión de la Mujer de la UNSa tomaron intervención porque la docente denunciante fue quien pidió por la misma, ya que sostiene que desde el 13 de abril de este año "las actuaciones se encuentran retenidas" en el Decanato de Humanidades. Según la víctima, "existen claras evidencias de dilaciones y demoras injustificadas que podrían configurar un caso de violencia institucional". 

Esto fue respaldado por la misma Comisión, quien aseguró que sí hubo dilaciones múltiples por parte de Humanidades, aún cuando la resolución judicial sostuvo en 2019 que en el caso se configuró violencia de género, simbólica y psicológica. La Comisión además sumó la existencia de violencia institucional por el incumplimiento de la Ley 26.485, ya que las autoridades no permitieron el acceso a las políticas públicas y derechos de la docente expuestos en la propia legislación.

Desde la Comisión concluyeron que el debido respeto y protección de los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales requiere no sólo la existencia de un Protocolo y comisiones, sino de "mecanismos y agentes que consigan materializar tales derechos", a la luz de las legislaciones vigentes. Por eso, instaron a que se adopte una urgente respuesta "a fin de hacer cesar la revictimización" contra la docente.

En tanto, la vicerrectora Graciela Morales dijo ante Salta/12 que están comprometidos en la atención de los casos de violencia de género y justificó que la demora en la conformación de la comisión dispuesta en el Protocolo se dio a causa de la pandemia.

 Contó que el año pasado llamaron a un concurso para la inscripción de personas, pero que faltando dos días para que se cierre dicho llamado se dio inicio a las medidas de Aislamiento Social (ASPO) por lo que todas las actividades que venía realizando la institución fueron suspendidas. En dicha comisión se prevee el trabajo articulado de una abogada, una psicóloga, una trabajadora social y una representante de la Comisión de la Mujer.

Morales dijo que "en estos momentos se comenzó a activar nuevamente el llamado", por lo que habrán dos días más (los faltantes) para que quienes se inscribieron puedan modificar su presentación o tener nuevos solicitantes. "A fines de mayo estarían los integrantes", anunció a este medio la autoridad universitaria. Además, contó que el presupuesto asignado ya está destinado.

"Garantizar una intervención rápida"

Previo a la nota que la Comisión de la Mujer enviara a Humanidades, un grupo de personas de los distintos claustros universitarios (docentes, estudiantes y personas de apoyo) elevaron un escrito al Consejo Superior de la Universidad, el mayor órgano de conducción de la Universidad, reiterando el pedido para que la Comisión de Abordaje sea finalmente creada. 

Este grupo emitió el escrito por el accionar de la Facultad ante la denuncia del 2019, donde resaltaron que existe una dilación de dos años, a pesar de contar con un Equipo Interdisciplinario de Género y Disidencias, desde el 25 de noviembre de 2019. Este medio intentó contactarse con autoridades de la Humanidades, pero no obtuvo respuestas. 

La docente Judith Rodríguez contó ante Salta/12 que el principal pedido es que la UNSa ponga en funcionamiento un organismo específico que trate las denuncias de género ocurridas en toda la institución, pero sobre todas las cosas, que sea autónomo en sus dictámenes. La importancia del carácter autónomo es crucial para la docente ya que con él se podrá "garantizar una intervención rápida" que proteja los derechos de la víctima, donde no se dé una revictimización constante y se evite caer en las cuestiones políticas internas, propias de todos los espacios. 

Rodríguez denunció que mientras el Juzgado ya emitió una resolución, desde la Facultad "hay movimientos extraños en el expediente" y no se actuó con celeridad y rapidez. Esto último porque la Facultad cuenta con un Equipo Interdisciplinario de Género y Disidencias, pero que "no lo ponen efectivamente en funcionamiento", además, que la denuncia no es tomada con la seriedad correspondiente, cuestionó. 

En la presentación que se hizo al Consejo Superior se lee que "las demoras (por parte de Humanidades) en las respuestas institucionales muestran una notable carencia de la perspectiva de género en el abordaje de las violencias, ya que contradice el Principio Rector de diligencia y celeridad que debe aplicarse ante esta problemática social”. Asimismo, se señala que “hay una cuestión preventiva que se propone con la creación de esta Comisión, la de evitar que situaciones de ese tipo configuren la normalidad institucional, generando de esta manera otra forma de violencia, como lo es la violencia institucional”. 

Por eso instaron a que se fortalezca además la articulación que se venía desarrollando entre la UNSa y la Oficina de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial de Salta; a fin de conjugar los esfuerzos en pos de fortalecer la confianza de las mujeres en el apoyo institucional que obtendrán en la vía crítica de la denuncia. 

Sin arrepentimiento

El hecho puntual ocurrió el 23 abril de 2019 durante una sesión del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades. En plena sesión, se discutía el cargo del docente denunciado, donde su colega (la denunciante) estaba en desacuerdo con su modificación. 

En ese sentido, el profesor se dirigió a la docente con un lenguaje impropio acusando que veía en la misma "casi un orgasmo por la necesidad de que se me caiga el cargo el 30 de abril". Ante dicha frase, ninguno de los presentes actuó en defensa de la profesora. 

La vicerrectora aseguró que sí se dio intervención al caso de la docente de Humanidades, dónde resaltó que el denuciado pidió las disculpas pertinente. Además, de que la Coordinación Legal y Técnica de la UNSa,  resolvió que el profesor sea capacitado en violencia de género.

Sin embargo, para la Comisión de la Mujer esto no fue suficiente. Consideraron que en las disculpas emitidas no existió un arrepentimiento, dado que éste se respaldó en el contexto de discusión y no en el reconocimiento de una "expresión violenta con capacidad de menoscabar la dignidad de la denunciante". 

También cuestionaron que las disculpas fueran dadas sólo porque la docente "lo haya recibido como ofensiva" (según el escrito del docente), pretendiendo trasladar así la responsabilidad por su violencia, ofensa y daño a la víctima.