La fragilidad del sistema de salud de Jujuy, dramáticamente expuesta a los ojos de la Argentina durante la multiplicación de casos de covid en el invierno pasado, vuelve a la palestra ahora al conocerse que nuestra provincia alcanzó la tasa más alta de letalidad de la Argentina, con un 4,14%.

Se trata del indicador que mide el porcentaje de personas fallecidas sobre el total de las infectadas por el virus. Un preocupante llamado de atención para un gobierno que, más allá de la altisonancia discursiva del gobernador Gerardo Morales, poco y nada ha realizado para optimizar los dispositivos sanitarios de cara a la segunda ola de coronavirus, que más temprano que tarde también desembarcará en Jujuy.

Muy por el contrario, la administración radical/macrista jujeña se encuentra enfocada en la organización de las elecciones provinciales del 27 de junio próximo, irracionalmente adelantadas para la época más fría del año sólo por una mezquina especulación política. A Morales no le preocupó exponer a las jujeñas y jujeños a los contagios: su interés pasa por preservar su modelo de gestión de capitalismo para amigos y familiares, persecución a cualquier atisbo de disidencia y manejo a su antojo de los medios de comunicación en base a pauta y látigo.

Con un sostenido aumento de los casos de covid-19 en las últimas semanas, con la mortalidad también a la suba –durante la semana pasada, de los 9 pacientes asistidos en la terapia intensiva de una clínica privada de San Salvador, fallecieron los 9–, con los decesos de 14 trabajadores de la educación desde el regreso de la presencialidad en las aulas, nada hace presagiar que en los próximos días Jujuy pueda hacer olvidar las dramáticas imágenes de 2020, cuando hasta se dió el caso de personas que tuvieron que dar sepultura con sus propias manos a familiares, frente al colapso generalizado de las instituciones del Estado.

Morales oculta información básica sobre la pandemia, y así brilla por su ausencia la transparencia en la comunicación pública que ayude empoderar a la comunidad y a tomar decisiones preventivas acertadas. A eso se suma la ya crónica falta de recursos, de logística sanitaria y de competencia de los funcionarios provinciales, la carencia de campañas de prevención, el desmantelamiento de la tradicional estructura de atención primaria de la salud y la decisión de no implementar restricciones a la circulación de personas para minimizar la transmisión del virus. Todo eso configura un escenario por demás preocupante para la salud colectiva del pueblo jujeño.

Además, hasta el momento se verifica un deficiente ritmo de vacunación en relación a la cantidad de dosis enviadas desde el Gobierno nacional, a lo que debe sumarse la no priorización de la población objetivo que las recibe.

Sin embargo, para Gerardo Morales pareciera que los jujeños debemos seguir viviendo como si nada pasara. Y lo que está pasando es la enfermedad, el dolor, la muerte y las consecuencias sociales y económicas derivadas de la pandemia.

MIentras el Gobierno nacional incrementa la cobertura de la Tarjeta Alimentar para llegar a más niñas y niños de todo el país, continúa trayendo vacunas, explora acuerdos con otros laboratorios para ampliar su provisión y suma grupos de riesgo a la población a vacunar, el Gobierno de Jujuy no capitaliza en la gestión sanitaria la experiencia de los errores del año pasado.

Y lo que es peor: desde marzo de 2020 no ha tenido la creatividad ni la sensibilidad de generar ni una sóla política pública de asistencia a empresas, trabajadores, comercios, etc., para así paliar los efectos de la pandemia sobre la economía de cada uno de esos sectores.

Frente a este escenario, y con una indolencia manifiesta, despegó las elecciones provinciales de las nacionales, y deberá gastar al menos 900 millones de pesos en su organización que bien podrían haberse volcado en mejorar la situación de los heroicos trabajadores de la salud, o disponer ayudas a pequeñas y medianas empresas para sostener a sus trabajadores.

Desplazar y concentrar a la población en los centros de votación sin que a la fecha se haya redactado un protocolo básico de prevención, habla de la irresponsabilidad de Gerardo Morales y del Tribunal Electoral, otra de las instituciones que tiene cooptadas.

No serán menos de 15 mil las personas afectadas al trabajo el día de la elección, sumando autoridades de mesa, fuerzas de seguridad y fiscales partidarios. Como una nueva burla al sentido común, el ministro de Salud de la provincia ha prometido vacunarlos antes de los comicios, siendo que a la fecha no ha podido siquiera inmunizar a los docentes obligados a volver a la presencialidad educativa.

Morales es la expresión de una dirigencia de dos caras que, como la máscara del teatro, finge apoyo en Buenos Aires al Gobierno nacional al tiempo que endurece sus prácticas en Jujuy. Resulta absurdo que haya apoyado por cuestiones sanitarias la postergación por un mes de las PASO y las elecciones nacionales, y al mismo tiempo haya firmado el decreto adelantando las elecciones provinciales para el invierno.

Una vez más, Gerardo Morales corrió los límites de las obligaciones cívicas por la mera ambición de conservar una cuota de poder, pretendiendo sacar ventaja y arriesgando vidas humanas en una decisión forzada que pone en riesgo la vida de las y los jujeños.

(*) Diputada nacional por el Frente de Todos