La desobediencia del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a suspender las clases presenciales en la Ciudad y la venia de la Corte Suprema en contra del DNU dictado por Alberto Fernández, motivó al gobierno nacional a modificar su estrategia legal en torno a la instrumentación de las nuevas medidas sanitarias. Por ello, envió al Senado de la Nación el proyecto de Ley “Emergencia Covid", que establece "parámetros objetivos" para determinar qué lineamientos deben adoptar las jurisdicciones de acuerdo a su situación epidemiológica y define las facultades del Presidente y de los gobernadores a la hora de tomar decisiones respecto de la evolución de la pandemia. En Casa Rosada buscan lograr un amplio consenso legislativo que evite posibles obstrucciones de la oposición. En diálogo con Página/12, el jefe de Gabinete de la Nación Santiago Cafiero, le pidió a Juntos por el Cambio que sea “responsable y no haga política con la pandemia”. La alianza liderada por Mauricio Macri ya anticipó que votará en contra.
La iniciativa que tendrá un intenso debate en el Congreso repite el esquema de riesgo epidemiológico que estuvo plasmado en los últimos decretos presidenciales y define cuatro escenarios posibles: riesgo bajo, medio, alto y alarma epidemiológica. “Estos estados tienen que ver con criterios objetivos que no distinguen entre zonas geográficas sino que define parámetros sanitarios estrictos: si se está por encima de la tasa de incidencia de casos o si hay tensión en el sistema de Salud”, explicó Cafiero.
En las zonas de “bajo riesgo” se aplicará el protocolo general de prevención, vinculado a respetar el uso del barbijo y el distanciamiento social. En lugares designados como "riesgo medio" aparecen otras restricciones como las reuniones sociales en casas particulares. En aquellos que estén en “alto riesgo”, se agrega por ley el cierre de salones de fiesta y de salones gastronómicos, prácticas recreativas en lugares cerrados, bingos, reuniones religiosas y restricciones adicionales de circulación. Asimismo, se plantea que pueden haber medidas adicionales dispuestas por los gobernadores. Por último, la “alarma epidemiológica” se encenderá cuando el sistema sanitario esté al límite de la saturación. En ese caso, el proyecto establece cierres de ferias y shoppings, circulación limitada a partir de las 20 y la suspensión de las clases presenciales.
En casos de alto riesgo, el Gobierno podrá disponer de medidas en los conglomerados urbanos que tengan más de 300.000 habitantes, que son lugares en donde se presenta una mayor complejidad prevenir la circulación del virus. Las medidas que se adopten serán por un plazo máximo de 21 días y se evaluará sus resultados para ver si mejoraron las curvas epidemiológicas. Por su parte, las autoridades locales podrán disponer medidas focalizadas en lugares de menos de 40000 habitantes y de “mediano riesgo”, más allá de las limitadas restricciones vigentes en todo el país.
En Casa Rosada aclararon que “las provincias continuarán ejerciendo las facultades concurrentes de control y fiscalización” y que el ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo, relativas a ampliar lo dispuesto en la norma, “se encuentran condicionadas a la previa consulta con las autoridades jurisdiccionales”, en los lugares de "alto riesgo" sanitario y "alarma epidemiológica". De ser aprobada la norma, la vigencia sería desde el 22 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2021.
De acuerdo a los parámetros del texto, se define "bajo riesgo" cuando existen entre 50 y 150 casos cada 100.000 habitantes; "mediano riesgo", entre 150 y 250 contagios; "alto riesgo", entre 250 y 500 casos y "alarma epidemiológica", más de 500 positivos y 80 por ciento de ocupación de camas de terpaia intensiva. En este punto, también se brinda facultades a la Jefatura de Gabinete para ampliar o reducir la circulación nocturna, la virtualidad en los empleos públicos y las restricciones del transporte.
El objetivo del oficialismo es buscar construir un puente con la oposición para lograr un amplio respaldo legislativo que evite nuevas confrontación políticas y conflictos judiciales como sucedió con la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, previo a la presentación del proyecto, desde Juntos por el Cambio ya anticiparon que no lo acompañarán por considerar que representa otorgarle “superpoderes” a Alberto Fernández. En ese sentido, Cafiero los acusó de estar “pensando más en la próxima campaña electoral que en salvar vidas” y les pidió que sean “constructivos y responsables”.
“El Presidente no mira encuestas para llevar adelante la gestión de la pandemia sino las unidades y camas de terapia intensiva”, agregó. En contraposición, remarcó que la postura de la oposición está vinculada a “órdenes” que envía Mauricio Macri desde Miami.
En la misma línea, Vilma Ibarra expresó en declaraciones televisivas que el Gobierno aceptará discutir modificaciones al texto. "Siempre estamos dispuestos a mejorar cualquier proyecto, queremos discutir con racionalidad”, señaló y criticó que lo califiquen de “superpoderes”: Me hace acordar cuando se propuso la reforma judicial y decían que era para ampliar la Corte. Hicieron un cacerolazo sin escuchar el texto. Antes de saber de la vacuna Sputnik dijeron que íbamos a envenenar a la gente. Yo quiero discutir seriamente y dejar de lado estas disputas". Según la funcionaria es un proyecto "equilibrado, razonable y muy fundamentado que establece las formas en que tenemos que atender una pandemia que está cobrando vidas en el mundo".
En cuanto al debate jurídico acerca de las restricciones, el abogado constitucionalista Alejandro Gil Domínguez consideró que la iniciativa "cumple con las exigencias argumentales establecidas recientemente por la Corte Suprema de la Nación en el caso del Gobierno de la Ciudad en términos de respecto por la autonomía, concertación federal concurrente, proporcionalidad y premisas científicas".
