El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi quedó a cargo de la investigación por espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, al dar por válidos los argumentos de su colega María Eugenia Capuchetti, quien se inhibió de entender en el caso por considerarse una de las víctimas de las maniobras. "Llegado el momento de resolver la cuestión traída a estudio, se considera que resultan atendibles los argumentos esgrimidos por la doctora Capuchetti", consideró el magistrado en la resolución. La causa en la que están procesados exfuncionarios macristas venía tramitando en la Justicia Federal de Lomas de Zamora pero, tal como pedían los acusados, fue derivada por la Cámara Federal de Casación a los tribunales de Comodoro Py.
Con esta decisión, Martínez de Giorgi quedó al frente de la causa en la que es querellante la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como víctima de maniobras de espionaje ilegal realizadas sobre su persona y sobre la sede del Instituto Patria. También se investiga una asociación ilícita "constituida desde el propio aparato del Estado Central, en especial, el Poder Ejecutivo Nacional y una de sus dependencias directas, la Agencia Federal de Inteligencia y también desde el Servicio Penitenciario Federal", que habría cometido maniobras de espionaje ilegal contra referentes políticos, dirigentes sociales y detenidos en cárceles federales.
Desde ahora Martínez De Giorgi quedará a cargo de la investigación, que ya fue remitida a los tribunales federales de Comodoro Py, pese a que está pendiente un recurso presentado ante la Corte Suprema de Justicia por los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, quien interviene en la causa en condición de querellante.
Capuchetti había sido designada para ocuparse de las investigaciones en las que está procesado el extitular de la AFI Gustavo Arribas, entre otros, pero se inhibió porque fue una de las "personas cuyos datos personales habrían sido consultados a través de la Dirección Nacional de Migraciones, por la Agencia Federal de Inteligencia" durante el gobierno de Cambiemos. Esto podría afectar "el ejercicio normal e imparcial de la función jurisdiccional", planteó la jueza.
Por esos hechos aludidos por Capuchetti, hay abierta desde 2017 otra causa judicial en el Juzgado Federal 2, a cargo de Sebastián Ramos, también en los tribunales de Retiro. Ramos se excusó de intervenir y derivó el caso a Martínez de Giorgi, pero este último rechazó el apartamiento de su colega y ahora decidirá la Cámara Federal porteña.
