Al menos 41 civiles y un policía murieron en Colombia en el marco de las protestas contra el gobierno que explotaron el 28 de abril y derivaron en una crisis severa por cuenta de la represión condenada internacionalmente. La cifra divulgada por la Defensoría del Pueblo es menor a la que calculan las ONGs Temblores e Indepaz, que dan cuenta de 47 víctimas mortales, "40 de ellas por violencia policial". En medio de otra jornada de manifestaciones, el presidente Iván Duque viajó ayer a la ciudad de Cali, epicentro de la sangrienta represión que se vivió en las últimas dos semanas, por segunda vez en 48 horas, para reunirse de nuevo con autoridades locales y buscar una salida a la crisis política y social.
De su lado, el ministerio de Defensa sostiene que a la fecha hay 849 policías lesionados, 12 por armas de fuego. Y maneja el dato de 716 civiles que también han sufrido lesiones, aunque sin precisar los heridos de bala. Estos números convierten de lejos las protestas en las más sangrientas bajo el gobierno de Duque desde las marchas multitudinarias de 2019 y la movilización contra la brutalidad policial en 2020. También marcan un precedente en un país empobrecido por la pandemia y en el que no existe voluntad política del gobierno por cumplir el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016, tras décadas de combate a la extinta guerrilla.
Abusos, a investigación
Las denuncias sobre excesos policiales -alimentadas por una cascada de videos que apuntan a la responsabilidad de los uniformados- están en el centro del malestar social. El lunes fracasó un primer diálogo entre el gobierno y el colectivo más visible de los manifestantes, para desactivar la revuelta que comenzó con el rechazo en las calles a un proyecto de reforma tributaria regresiva planteada para hacer frente a los estragos de la pandemia que deja casi 79.000 muertos.
Duque "fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza pública", lamentó la líder estudiantil Jennifer Pedraza, antes de llamar a nuevas movilizaciones para este miércoles.
La reacción de las fuerzas policiales alimentó la ira popular y hoy Colombia enfrenta varios focos de protesta que reclaman un cambio en la conducción del país, ante el aumento de la pobreza que castiga al 42,5% de la población, la desigualdad, la corrupción y el regreso de la violencia después del pacto de paz.
Este martes el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, aseguró en W Radio que los "abusos policiales" no solo se "han condenado sino que ya están siendo judicializados". El lunes la policía anunció la suspensión de cinco efectivos y 62 investigaciones en curso por presuntos atropellos cometidos durante las movilizaciones.
El comisionado Ceballos insistió en señalar por igual los "abusos de ciudadanos que hieren a otros ciudadanos" y "a la fuerza pública".
Junto a las marchas que se producen a diario -y que suelen terminar en choques con el cuerpo antidisturbios- hay ciudades bloqueadas por los manifestantes como Cali, donde ya se registran escenas de desabastecimiento.
Una mesa de negociación
Los contactos entre el gobierno y los líderes de la protesta continuaron en busca de una salida negociada. Además del pedido del cese de la violencia a quienes hacen ejercicio legítimo de su derecho a la protesta, el Comité Nacional del Paro exige una renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, la defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina) y detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.
Asimismo, reclama subsidios a las pymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria. En términos educativos, exige la matrícula cero y la no alternancia educativa. La no discriminación de género, diversidad sexual y étnica y el fin de las privatizaciones.
Al respecto, el gobierno planteó seis puntos de discusión: vacunación masiva, reactivación segura, no violencia, protección a los más vulnerables, estabilización de las finanzas públicas y matrícula cero.
El rostro de las víctimas
Este martes se informó sobre la muerte de dos jóvenes que pasaron varios días en estado crítico, a causa de heridas sufridas durante las manifestaciones.
El presidente Duque lamentó el deceso y pidió que se castigue "a los responsables" con "todo el peso de la ley", en Twitter.
La ONG Lazos de dignidad también dio a conocer el fallecimiento de Alejandro Zapata, de 20 años, "herido de gravedad por miembros del Esmad" (escuadrón antidisturbios) durante una manifestación el 1 de mayo en el sur de Bogotá.
Según la alcaldesa Claudia López, se trata de la primera víctima mortal en la capital en dos semanas de agitación social. "Una ONG afirma que [el ataque] fue en la protesta y como tal lo investigaremos", agregó la mandataria local en Twitter.
La ONU, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y países como Estados Unidos denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza para contener las manifestaciones.
