El secretario general de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta (ATRES), Ernesto Ojeda; la secretaria administrativa Gabriela Rearte (que es su pareja) y Valeria Soledad Calizaya, también integrante de la conducción gremial, fueron condenados a penas de tres, dos y un año de prisión condicional por defraudación a la administración pública. 

Ojeda era también titular de la Federación de Trabajadores Agrarios, y tenía un cargo en el Senado de la Nación como asesor de la senadora nacional Nora Giménez, quien lo suspendió en esta función cuando se supo de las denuncias.  

La condena se dio en el marco de un juicio abreviado realizado ante el Juzgado Federal de Garantías 2, a cargo de la jueza subrogante Mariela Giménez, que aprobó una cuerdo entre la Unidad Fiscal Salta, representada por la fiscala subrogante Paula Gallo, y los tres acusados, que fueron asistidos por el abogados Juan Toncovich. 

Esta investigación se originó en una denuncia penal realizada primero por algunos afectados en la Comisaría 14 de Rosario de Lerma y a la que luego se sumaron otras acusaciones realizadas ante Gendarmería Nacional. Los denunciantes contaron que desde julio de 2020, Ojeda, Rearte y Calizaya captaban a personas en situación de vulnerabilidad y les tramitaban el Salario Social Complementario obligándoles a que cada uno le entregara mil pesos en algunos casos, y a veces se quedaban con la totalidad de dos salarios. 

Además, les exigían realizar trabajos para el gremio, bajo la amenaza de darlos de baja en el beneficio y suspenderles también la entrega del bolsón alimentario. “Debían prestar distintas tareas laborales, desde atender la sede de la Asociación, hacer empanadas para la venta y vender rifas, caso contrario eran obligados a comprarlas ellos mismos, hasta participar de actos políticos y realizar campañas de afiliación”, detaló la fiscala subrogante en la audiencia. 

La fiscala sostuvo que a través de la amenaza de quitarles los beneficios, junto a otras maniobras de amedrentamiento, se ejercía un dominio absoluto sobre los afectados.

Ojeda fue condenado en calidad de autor, a Rearte se la condenó como partícipe necesaria, mientras que Calizaya recibió la pena en calidad de partícipe secundaria. En el acuerdo se impuso el pago de una suma de dinero como reparación del daño, además de que deberán guardar ciertas reglas de conducta, que incluyen no tener contacto con las víctimas de la maniobra fraudulenta.

Ojeda y las dos mujeres condenadasacordaron también pagar 489 mil pesos, monto en el que está incluida la devolución de lo que percibieron mediante engaños de los beneficiarios afectados, para quienes se convino un pago resarcitorio de 5 mil pesos para cada uno.

Y se acordó asimismo el pago de otros 211 mil pesos, que será destinado a un puesto sanitario en Rosario de Lerma, de cuyo municipio son las personas afectadas por estas maniobras. “Esto se resolvió previo diálogo con la dirección del Hospital Joaquín Corbalán, de esa localidad", cuyos responsables "una vez enterados de esta posibilidad de contar con el dinero procedente de este proceso penal, establecieron que el mejor destino era el puesto sanitario elegido, el cual había quedado a medio implementar por faltas de fondos”, explicó Gallo. 

La fiscala resaltó los beneficios del juicio abreviado, que en este caso permitió que la resolución del conflicto no sólo compense a los afectados directos sino también a toda la comunidad. Asimismo, señaló que la devolución del dinero como el pago resarcitorio serán supervisados por la fiscalía. Esto es posible porque la investigación permitió identificar a las personas afectadas por las acciones delictivas.

También, en marco del acuerdo de juicio abreviado, la fiscal subrogante solicitó el decomiso de bienes secuestrados en allanamientos en la sede gremial de ATRES, en Rosario de Lerma, y en la casa de los ahora condenados, entre ellos computadoras, teléfonos celulares y una tablet.

Violencia moral 

En la audiencia la fiscal subrogante recordó que cuando declararon las víctimas notó que algunas se resistían a explayarse sobre las maniobras por temor a perder el subsidio, lo que interpretó como "evidencia el efecto de la violencia moral que se ejerció sobre ellos por parte de los dirigentes gremiales".

En su momento, por pedido de la fiscalía, se hicieron una serie de allanamientos y Ojeda y las dos mujeres fueron detenidos. 

La Fiscalía consideró que el fraude está probado, y teniendo en cuenta la premisa establecida en el artículo 22 del Código Procesal Penal Federal -que promueve la resolución del conflicto y el restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social-, se acordó avanzar con el proceso de juicio abreviado.

La fiscala aclaró en la audiencia que se trata de un hecho grave, porque los tres condenados encarnaron al Estado Nacional y ocasionaron un grave perjuicio al apropiarse de fondos de manera ilegítima, tanto en perjuicio de los afectados como de las arcas nacionales.

Esta es la segunda condena que se aplica este año en Salta por casos similares, en abril pasado el fiscal general Eduardo Villalba, logró la condena de cuatro dirigentes deportivos de la localidad de Embarcación, quienes bajo la misma modalidad estafaron a beneficiarios que percibían el Sueldo Social Complementario. En ese caso también se impusieron condenas, tareas comunitarias y la donación de leche especial para niños y niñas.