La Cámara de Diputados de Salta dio media sanción ayer a un proyecto de ley que prevé la suspensión hasta fin de año de las ejecuciones prendarias por deudas que se hayan generado en la compra de automóviles mediante planes de ahorro o créditos bancarios mediante el sistema de UVAs, cuyo valor generó que se dispare el valor de la cuota tornándola en muchos casos impagable.

El autor del proyecto, Javier Diez Villa, indicó que los deudores tienen intenciones de pagar las cuotas, pero que a su vez no son responsables de que “la mala praxis del gobierno nacional en materia económica los haya perjudicado, luego de que fuese el propio Estado el que incentivaba a comprar autos bajo esa modalidad”.

Para el legislador, la provincia está facultada a poder dictar una norma suspendiendo las ejecuciones al tratarse de una medida procesal, y la calificó como un impasse para ganar tiempo y que, o mejore la situación del país o que el gobierno nacional dicte alguna resolución de fondo que de tranquilidad a los deudores.

En Salta estimó que unas 8 mil personas están bajo esta situación y que alrededor de 200 presentaron un amparo en la Justicia, pidiendo justamente que se suspendan las ejecuciones y se congele la cuota a valores del año 2018 cuando se dispararon los valores.

“Esta emergencia sanitaria agudizó la emergencia económica ya existente, provocando la pérdida del poder adquisitivo de los suscriptores de planes de ahorros por círculos cerrados de la provincia, que debieron afrontar el fuerte incremento sufrido de no menos de un 200% promedio, en el valor del automotor”, describió Diez Villa en los fundamentos.

Finalmente recordó como antecedente un proyecto presentado por Lucas Godoy y Ramón Villa, que también obtuvo la media sanción pero luego no fue tratado en el Senado, por lo que solicitó que esa Cámara esta vez sí lo debata.

El diputado Santiago Godoy también se refirió a esa iniciativa, y recordó que em esa oportunidad si bien planteaba suspender las ejecuciones, optaron por fijar una audiencia de conciliación previa a la ejecución, para evitar que la medida se judicialice por la interpretación de si es pertinente que la provincia legisle para suspender ejecuciones.

“Los deudores fueron víctimas de la pandemia del macrismo“, señaló, y aseguró que el gobierno nacional está en la búsqueda de una solución definitiva.

Igualmente Godoy se mostró escéptico de que el proyecto sea tratado en el Senado y le vaticinó un destino similar a primer proyecto.

Fue Carlos Zapata quien puso en duda la legitimidad de la Legislatura para suspender una ejecución prendaria, ya que él consideraba que no, por lo que pidió abstenerse de votar. Además, consideró que es una medida transitoria, “porque para mejorar la situación económica en el país se necesita por lo menos uno o dos años”.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad y pasó al Ejecutivo para su promulgación.

Expropian la capilla y cementerio de La Quesera

Ayer se convirtió en ley el proyecto que regresaba del Senado con modificaciones para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de tierra destinada exclusivamente para la preservación de la capilla y el cementerio de la localidad de La Quesera. La iniciativa fue presentada originalmente por Mario Moreno.

Este lugar fue clave durante la Guerra de la Independencia, y además en el campo santo estuvieron enterrados los restos de Martín Miguel de Güemes, quien murió cerca de ahí tras la emboscada de los realistas en la que fue mal herido. Años después sería llevado al Panteón de las Glorias del Norte en la capital salteña. Por ello que es La Quesera está integrada al circuito güemesiano.

Además de la expropiación, el proyecto señala que se otorgará en comodato por el termino de veinte años la fracción del inmueble al Centro de Residentes a favor del Centro de Residentes y ex Residentes de La Quesera, Las Higuerillas y Finca La Cruz, para su cuidado.