“En los doce días que han transcurrido entre el 28 de abril y el 9 de mayo, al menos 20 departamentos de los 32 que conforman el territorio nacional han estado con acciones de bloqueo, plantones, movilizaciones y ollas comunitarias. Algunos bloqueos han sido transitorios, otros han sido permanentes como pasa en la región del Norte del Cauca y el Sur del Valle, la región que conecta el epicentro de toda la acción que sigue inspirando el paro nacional" explica Sofía Garzón, del Proceso de Comunidades Negras, a Las12. Compañeras feministas de diferentes movimientos, son voceras de estas acciones. Sigue Sofía: "Cali es la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente que hay en Latinoamérica. Quisiera contarles que Siloé y el distrito de Aguablanca, Puerto Resistencia, son áreas que se han construido a partir de la expulsión de gente negra de las tierras del sur del Valle y el Norte del Cauca, actualmente llenas de monocultivo de caña. Ustedes no habrán olvidado el episodio que ocurrió con la masacre de cinco jóvenes en Llano Verde, Cali, hace poco. Lo que está pasando ahora es el hartazgo, por el asesinato de líderes sociales, por la declaración de la legalidad de la aspersión con glifosato, porque cuando debió haber solidaridad por parte del Estado colombiano para garantizar que las familias no estuviéramos en situaciones de precarización no se consiguió. No se consiguió para nosotras programas especiales como Agro Ingreso Seguro, programa de transferencia monetaria ideado para que las familias no pasáramos hambre. Al contrario, se encontraron varios equívocos en su entrega, como que primero se lo entregaron a familias que estaban vinculadas con la fuerza pública. A nosotras nos quedó la redistribución y a eso nos dedicamos, al trueque y a hacer radio. Esas mujeres que no hemos dejado de estar en movilizaciones, simplemente nos sumamos al paro, porque ya veníamos de una jornada de protesta por los asesinatos que se concentran en el suroriente colombiano y en áreas como el Catatumbo, Urabá y Arauca. El país ya estaba levantado en algunos puntos, y lo que hace esta situación es reforzar y ampliar, darle más caña a una situación que era insostenible. Ya no solamente somos las comunidades rurales las que estamos levantadas. Esta movilización que hubo a finales de noviembre del 2019 se junta, se amplía, potencia y articula, como está pasando en este momento con el movimiento estudiantil, la guardia indígena, la guardia cimarrona, y la guardia campesina”.
Las voces son diferentes y también las miradas, pero todas nacen y viven en la Resistencia. Olga Marín es una de las representantes del feminismo insurgente en el partido Comunes, la fuerza alternativa revolucionaria del común (FARC), y una de las firmantes de los acuerdos de paz, que el gobierno de Duque está dinamitando con sus políticas de muerte. Nos decía: “En Colombia, a diferencia del resto de países de América Latina a comienzos del siglo XX, triunfó el conservatismo, mientras en otros países triunfaron los liberales. Con una característica de la burguesía colombiana, que es que siempre ha gobernado con el terror y ha utilizado el asesinato tanto colectivo como selectivo como una forma de hacer política. En este siglo XX y este periodo del siglo XXI, en Colombia se ha utilizado la guerra como como forma de gobernar. Eso había enmascarado el desarrollo de la corrupción y de las mafias metidas en todas las esferas económicas sociales y políticas del país. Con la firma del Acuerdo de Paz sobresale el problema de la corrupción. El gobierno de Uribe Vélez creó las condiciones para aumentar esa corrupción. Se firmó el acuerdo con Santos, pero él no generó las bases para que se implementara el Acuerdo de Paz. Gana luego la ultraderecha con Iván Duque, un títere de Uribe, y empiezan a hacer trizas el Acuerdo. Han utilizado la herramienta de la estigmatización y del engaño para confundir a la población, identificando las protestas con el accionar de la guerrilla. Eso como estrategia que tampoco les ha servido, porque las condiciones que vienen de atrás y que han sido profundizadas por la pandemia, han llevado a que una buena parte de la población ya esté harta, y este paro lo ha demostrado.”
Gloria Cuartas es defensora de derechos humanos. Fue alcaldesa en San José de Apartadó, en un tiempo muy duro para las comunidades afectadas por crímenes de Estado. Ella reflexiona: “El proceso que se vive en Colombia, si bien hace parte del paro nacional, muestra varios aspectos muy importantes. Son dinámicas urbanas que no son espontáneas, que están mostrando una compleja realidad, que el Covid contribuyó a hacer visible en el sistema de salud, de educación, de alimentos, en las políticas de viviendas. Se fue haciendo visible cada vez más la desigualdad y la inequidad. Especialmente lo que ha significado la privatización de la salud. La medicina preventiva desaparece, colapsa, y las campañas se reducen especialmente a los plantones, a dejar en paro, que algunos lo han llamado paro de quiebre, para mitigar y prolongar la llegada de pacientes a los UCI (Unidades de Cuidados Intensivos). No se desarrolló un plan en este año y medio para fortalecer estos caminos. El gobierno aprovechó la pandemia para profundizar políticas que fueron concentrando mayores poderes al Presidente la República, recursos a las empresas, a los bancos y endeudamiento externo. Se han generado muchos endeudamientos también de las personas. Esto fue más visible con la Reforma Tributaria, que toca los intereses de los sectores más empobrecidos, demostrando que a lo poco que la gente tiene, se le iba a cobrar mayores recargas fiscales. Mientras hay 14 billones para los bancos de ganancias en el tiempo de la pandemia, la gente acude a unos endeudamientos que se van volviendo situaciones muy, muy precarias, especialmente para los hogares con menos condiciones. La situación de la mujer ha sufrido un especial impacto. Las violencias contra las mujeres, los feminicidios. Las primeras personas despedidas de los puestos de trabajo son mujeres. A ellas se les duplicaron los trabajos en casa, la atención a pacientes con situaciones especiales por discapacidad o por enfermedades, la atención a adultos mayores, porque las cuidadoras de las que pueden pagar no podían desplazarse hasta sus hogares por lo que llamaron prevención. Una situación similar se produce con toda la red educativa, cuando se demuestra que ante las políticas de conectividad del Estado las comunidades no logran tener acceso. En los lugares rurales que durante los 50 años han vivido los impactos del conflicto, es donde con mayor dificultad se ven estas realidades”.
“Ser líder social no es delito”
Durante estos años de “Acuerdos de Paz”, desde los círculos del poder han venido exterminando de manera sistemática, o judicializando y criminalizando a las y los líderes sociales. Una de las mujeres permanentemente hostigada es Marylen Serna, lideresa del Movimiento Campesino de Cajibio, del Coordinador Nacional Agrario (CNA) y portavoz nacional de Congreso de los Pueblos. Ella relata: “El paro se mantiene, se ha fortalecido muchísimo. Todas las vías en las carreteras de acceso a las ciudades están cerradas. En Cali, donde es muy fuerte la movilización, donde la juventud ha salido a las calles a protestar, ha habido una altísima represión policial que ya se ha ido desfigurando hacia un ataque de civiles de vehículos muy lujosos acompañados por la policía. En varias oportunidades se ha constatado que esos “civiles” son personas de la Policía Nacional que no tienen uniforme, no tienen ninguna identificación. Se sufrieron varios ataques en Cali: la guardia indígena que iba entrando a la ciudad, fueron atacados con armas de fuego de personas de un barrio muy lujoso donde viven empresarios del Valle del Cauca, que fueron resguardados por la Policía Nacional y con sobrevuelos de helicópteros de la Policía Nacional. Resultaron ocho indígenas heridos, varios hombres y mujeres. En la noche se estaba realizando una asamblea popular en la Universidad del Valle -el sitio donde pernoctan varios de los grupos campesinos, indígenas y afros que están movilizados-, y fueron rodeados por la policía, por el ESMAD, con sobrevuelo de helicópteros. Se dio un momento muy duro, muy tenso, y fueron atacados. Hay también un ataque muy fuerte a los defensores y defensoras de Derechos Humanos, atacados a balas, con armas de fuego de largo alcance”.
Las mujeres en la primera línea
Las mujeres campesinas, indígenas, negras, como madres, como hermanas, como jóvenes, como defensoras de derechos humanos, están en la primera línea de la rebelión. Por eso han sido especialmente atacadas, siendo denunciados al menos diez casos de violencia sexual.
Olga Lucía Quintero Sierra, campesina, dirigente de las comunidades del Catatumbo en la defensa de los territorios, una de las voceras de Marcha Patriótica afirma con contundencia en el diálogo: “¿Cómo ha sido la participación de las mujeres? Muy activa. Estamos en aras de ayudar a tender puentes, pero también con una posición muy fuerte por la defensa de la vida, de los Derechos Humanos. Es muy grave que se siga atentando contra la democracia del país, y que se le atribuyan al paro situaciones que vienen siendo estructurales. El hambre, la escasez, la falta de garantías no es efecto del paro, es consecuencia de la ausencia de políticas públicas que garanticen la dignidad y la integralidad del pueblo colombiano, sobre todo de esas mayorías olvidadas o excluidas por parte del Estado. La gente está pidiendo no sólo abajo la reforma tributaria, la reforma laboral, previsional; sino también decir No a la fumigación con glifosato, No a la erradicación manual forzada que es uno de los problemas con mayor crisis en este momento; y Sí a la implementación del punto 4 del acuerdo final de paz. El gobierno de Iván Duque sólo ha implementado un 4 por ciento de la totalidad del acuerdo final de paz. Esto evidencia la falta de voluntad política por parte de este gobierno en avanzar en la construcción de paz y eso trae los efectos que son los tambores de la guerra, que le ha costado la vida ya a 1100 líderes y lideresas sociales a lo largo y ancho del país y a 271 firmantes del acuerdo de paz”.
Norma Bermúdez, de la Escuela de Travesías Políticas dice: “Las mujeres hemos tenido situaciones complejas. Ha habido denuncias de mujeres que han sido violadas por el ESMAD, que han sido abusadas, golpeadas, perseguidas. Estamos muy adoloridas, porque es una generación que sale con sus carteles a decir lo que les estamos dejando: un país, un planeta devastado y solamente les quedan deudas y nada más que perder. La juventud está volcada a la calle, gritando que hay 7 millones y medio más de pobres desde el año pasado debido a la tal pandemia y a las medidas para enfrentar la pandemia. Ya no hay vuelta atrás, la gente está volcada a la calle, la gente está resuelta a pelear su dignidad, a pelear los escasos derechos que tenemos, y que también vienen por ellos”.
Sofía Garzón agrega: “Quería compartir con ustedes que sí, que tenemos mucho dolor, pero estamos aprendiendo que el dolor y el miedo han sido por mucho tiempo instrumentos que nos inmovilizan. No estamos dispuestas a seguir inmovilizándonos. Ésa tal vez es la gran lección que nos dejó la movilización de Madres del Pacífico. Básicamente la consigna de las compañeras era: “yo soy madre y parí hijos, y antes de que se decidiera o se les impusiera la fuerza pública, antes de que se siguiera por otros caminos, somos madres y tenemos el derecho y la potestad de decidir hacia dónde deben orientarse los caminos de esta movilización. Acá en el Norte del Cauca están tomadas las instalaciones de Celsia, que es lo que quedó de un consorcio que se llamaba EPSA, que construyó La Represa de Salvajina, uno de los principales megaproyectos que expulsó gente del Norte del Cauca. Ahora son familiares, hijas e hijos de los que fueron desplazados por la construcción de La Represa Salvajina quienes estamos en el Distrito de Aguablanca y en Siloé resistiendo. Hay puntos de bloqueo y ollas comunitarias en Caloto, Guachené, Villa Rica, municipios del Norte del Cauca, y nos estamos declarando en asambleas permanentes en Santander de Quilichao. Empieza a ser una práctica en común de algunos sectores de Bogotá, inspiradas por la experiencia peruana y por la experiencia chilena.”
¿Diálogo? ¿Quiénes y cómo?
El gobierno colombiano está realizando llamados al diálogo a distintos sectores, lo que genera debates sobre la oportunidad, la representación y las condiciones para el mismo. Marylen Serna señala: “Hoy el gobierno ha llamado al Comité Nacional de Paro, como el espacio de donde salió la iniciativa de la movilización del 28 de abril. Surgen unas discusiones muy importantes: una es que el Comité Nacional de Paro no representa a la globalidad de la gente que está en la movilización. Por otro lado se está diciendo que ese Comité no puede negociar con el gobierno nacional cuando en las calles se está asesinando a la gente”.
La rebeldía, la resistencia continúa. Los debates sobre su proyección también. Pero lo que es seguro es que las mujeres, los y las jóvenes, el pueblo colombiano, siguen escribiendo historia, memoria, con coraje y con experiencia aprendidas en años de lucha constante. El SOS que lanzan a la comunidad internacional, para multiplicar la denuncia y acuerparlos, requiere una respuesta contundente. Por eso desde los feminismos, y desde los distintos movimientos populares en el mundo, reforzamos la solidaridad plurinacional, internacionalista, como el oxígeno necesario para que la llama siga ardiendo.