La historia la disparó un reportaje radial a Matías Almeyda, el recordado mediocampista de River y la Selección que ahora dirige al San Jose Earthquakes en la Liga Mayor de fútbol de los Estados Unidos. En esa charla contó que, después de la muerte de su padre por coronavirus en Azul, había intentado donarle a esa ciudad 30.000 vacunas pero que el Estado lo había impedido.
Lo poco usual del relato, en un contexto de faltantes de vacunas a nivel mundial, no despertó la curiosidad del periodista que lo entrevistaba ni la de todos sus colegas que la repitieron y ampliaron en los principales medios y mucho menos la de la intendencia de Azul, conducida por Hernán Bertellys de Juntos por el Cambio, que salió públicamente a reclamar que se viabilice la entrega.
"Matías las tiene y no podemos perder esta oportunidad. Tiene la posibilidad de comprarlas porque en Estados Unidos las venden. A él se las venden", afirmó Alejandro Vieyra, jefe de Gabinete de la intendencia.
Seguramente Almeyda no tuvo la intención de generar confusiones con su generosa iniciativa, ni ninguna obligación de conocer las normas que rigen el comercio de vacunas, pero, en medio de la pandemia que ya causó 68.807 muertos, los periodistas y políticos que lo usaron deberían ser más cuidadosos con las expectativas que generan y, sobre todo, con las campañas de desinformación que llevan adelante ante la menor posibilidad.
¿Por qué no consultaron al Ministerio de Salud o a la Gobernación de Buenos Aires o a la embajada argentina en Washington? Hacerlo hubiese evitado los equívocos, pero también la posibilidad de generar un nuevo ataque al plan de vacunación oficial, justo el día en que se anunciaba la llegada de otros 4 millones de dosis. Nada más lejos de sus intenciones.
Cómo empezó la historia
En el primer reportaje, Almeyda relató el golpe que había significado para él la muerte de su padre el 2 de marzo pasado y, en paralelo, la internación de su madre, vividas a miles de kilómetros de distancia. En ese marco le surgió la idea de donar 30.000 vacunas a su pueblo de nacimiento.
“Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina porque quería vacunar a toda la ciudad de Azul, quería pagar todas las vacunas, no me importaba lo que iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía no me importaba porque la pérdida de mi padre y muchos conocidos me dio mucha tristeza. Tenía todos los contactos para llevar las vacunas pero lamentablemente no se pudo”, aseguró el futbolista, que enseguida amplió su versión sobre lo ocurrido. “Tenía los vínculos pero cuando hablé con este político me dijo que no se podía porque es un tema que lo manejan los Estados. No se puede a nivel privado hacer estas cosas. Es una lástima porque hay mucha gente que estaría dispuesta a invertir dinero para ayudar a la población. El sistema está hecho así, lo maneja el Gobierno. El día que se abra un poco todo esto, va a haber mucha gente que querrá colaborar, pero también va a haber mucho negocio. Es difícil y entendible. Una lástima”, concluyó Almeyda.
¿Por qué no fue posible lo que planteó Almeyda?
La campaña sobre la privatización del plan de vacunación fue lanzada en principio por Patricia Bullrich y reflotada por Mauricio Macri cuando contó que, contra lo que él mismo había prometido públicamente (“no lo haré hasta que todos los argentinos de riesgo y trabajadores esenciales ya lo hayan hecho”), aprovechó un viaje a Miami para recibir su dosis.
En su mensaje, el ex presidente daba a entender que cualquiera compra y vende vacunas en Estados Unidos. No es así. Hasta las que se aplican en farmacias son entregadas gratuitamente por el Estado.
En una de esas farmacias la recibió Macri, aprovechando que el gobierno de EE.UU. decidió aplicarlas también a todos los extranjeros que viven en ese país, sin tomar en cuenta si son indocumentados ni preguntar al respecto. Es la única manera de garantizar que los inmigrantes ilegales se inmunicen y no contagien a los demás ciudadanos.
Pero más allá de los delirios opositores, que acusaban al Gobierno nacional de prohibir la compra de dosis a las provincias, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero dejó claro que la ley 23.573, que regula la distribución de vacunas, permite también a los particulares como Almeyda la compra de vacunas. Si las consiguen, claro, y si se trata de alguna de las autorizadas por los organismos reguladores argentinos. En el caso de las de origen norteamericano, hasta ahora sólo la fabricada por el laboratorio Pfizer.
Almeyda chocó con el gobierno argentino, chocó con la realidad.
No porque se lo hayan impedido las autoridades nacionales, como le dijo su “político amigo”, sino porque el gobierno de Estados Unidos prohibe la exportación de vacunas.
Desde la embajada argentina en Washington revelaron a Página/12 que en los últimos días cuatro grandes empresas nacionales los contactaron para saber si podían comprar vacunas para inmunizar a sus empleados, convencidas de que así volverían a la normalidad productiva.
La embajada hizo la consulta con las autoridades pertinentes y recogió la respuesta esperada: no solo está cerrada la exportación, porque se considera todo lo relacionado con la inmunización “material de seguridad nacional”, sino también que para vender vacunas los laboratorios necesitan una autorización especial del gobierno de Estados Unidos, que no las está otorgando.
“No, en EE.UU. no hay venta ni compra de vacunas. Todo sigue siendo distribuido por el Estado. No hay mercado de vacunas”, respondió a este diario Ernesto Resnik, un biólogo molecular argentino radicado en ese país que se transformó en una referencia obligada en la información sobre la pandemia.
Ningún periodista se preocupó por verificar esta parte de la historia de Almeyda.
Además de aparecer reclamando en los medios, tampoco los funcionarios de Azul se tomaron ningún trabajo.
Ante la consulta de Página/12, en la gobernación de la provincia de Buenos Aires fueron contundentes: “Es puro humo, acá nadie se los impide. Con nosotros ni siquiera hablaron”.