Nancy Rodríguez, la mujer de 36 años que fue asesinada a cuchilladas la noche del miércoles último en una finca del municipio de La Merced, en el departamento Cerrillos, había denunciado por violencia de género a su ex pareja, el hombre de 42 años, de apellido López, que finalmente la mató. 

Según se informó de manera extraoficial, por esta denuncia el hombre había estado detenido, hacía pocos días había recuperado la libertad y residía con su madre, en la finca Mirce, casi en el límite de los municipios de La Merced y Cerrillos. Según el relato de vecinos y habitantes de La Merced, en su momento la víctima tuvo custodia policial, pero poco después se le retiró. 

El crimen se cometió en una chacra de esta finca cerca de la vivienda de los familiares del atacante. Si bien el Ministerio Público Fiscal no dio mayores precisiones sobre el asesinato y solo indicó que recién hoy se hará la autopsia, medios de comunicación locales difundieron que la mujer recibió al menos una docena de puñaladas en el tórax, y que los propios familiares de López llamaron a la Policía, luego de que este les confesara el crimen. 

Rodríguez vivía en la zona urbana de La Merced, en el barrio San Cayetano, ayer circulaba el rumor de que había sido convocada por López y por eso se encontró con él en la finca. 

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, la fiscala Mónica Poma imputó ayer al atacante por el delito de homicidio doblemente calificado en perjuicio de su expareja. López fue asistido por un defensor oficial y se abstuvo de declarar.

Nancy Rodríguez tenía cinco hijos, de la relación con su agresor. Ayer al mediodía la familia de la víctima recibió la visita de funcionarios del programa de Orientación y Asistencia Jurídica a Víctimas del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia.

La responsable del programa, Carla Tiano, informó que se entrevistaron con "la madre, hermanos e hijos, poniendo a disposición el programa".

Operadores de esta área se ocuparon también de los trámites del sepelio, en conjunto con la municipalidad de La Merced y tramitaron "una ayuda económica y social”.

Este Programa de la Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos acompaña a víctimas y a sus familiares, brindando orientación y acompañamiento durante el proceso judicial. Quienes requieran orientación y asistencia por causas de delitos graves, pueden contactarse con el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, al celular (0387) 5819304 o a través del correo electrónico: [email protected].

Limitaciones para denunciar 

Myriam Chocobar, de Ayninakuy, una organización no gubernamental que hace ocho años trabaja en La Merced orientando a mujeres que sufren situaciones de violencia, destacó las limitaciones que presenta el sistema estatal a la hora de asistir a las mujeres que sufren violencia de género. 

"Lo que nosotros padecemos o vivimos a diario en esta zona es que no hay personal (policial) para consigna, entonces mucho menos para que acudan al llamado del botón, por eso nosotros como oenegé lo que pedimos es más recurso humano, más patrulleros, porque tenemos muchas zonas de parajes en este pueblo", que tiene una amplia zona rural. 

Chocobar dijo que por esta falta de personal, hay custodias que se ordenan por diez días, pero se "hacen tres, o la(s) cambian por rondas policiales, o sea, están incumpliendo lo que dictamina un juez" porque no cuentan con los recursos para cumplir. Con este panorama, la acción de Ayninakuy "se convierte a veces en batalla en las comisarías pidiendo que cumplan las medidas de protección  hacia las mujeres". 

Este es el segundo femicidio en pocos meses en La Merced. En noviembre último fue asesinada por su pareja, también a cuchilladas, la joven Milagro Melina Flores. 

"Lamentablemente cuesta muchísimo que las mujeres denuncien", señaló Chocobar. Por mes, en la ONG reciben hasta 15 consultas, "pero tres pueden llegar a la denuncia", con lo que no logran "visibilizar la problemática, que la gente entienda cuáles son los tipos de violencia que se pueden denunciar, si no hay un golpe no denuncian". Y cuesta también que se involucren las persona que sufren estas violencias, por eso Ayninakuy trabaja también las ligas de fútbol y otras organizaciones, entendiendo que "tiene que ser un trabajo conjunto porque si no logramos establecer una red de trabajo esto cada vez va peor". 

Las limitaciones en las respuestas que reciben las denunciantes de parte del sistema también operarían como desalentadoras, "muchas nos dicen, para qué me llevas a denunciar, porque encima nos encontramos  primero con una comisaría que las devuelven a sus casas muchas veces porque no está el sumariante que les va a tomar la denuncia" o si se trasladan de un pueblo a otro para refugiarse, la comisaría de la otra localidad no quiere tomarles la denuncia, explicó Chocobar. 

Por otro lado en el momento de mayor restricción por la pandemia la organización hizo reclamos porque en las comisarías no les permitían acompañar a las mujeres cuando iban a hacer las denuncias, con la excusa de que debía ingresar una sola persona. Esto provocaba que terminaran desistiendo de denunciar, con el agravante de que quedaban expuestas. 

Por otra parte, Chocobar destacó que por la covid-19 se "pusieron muchas barreras", cuando se debería entender que las personas que sufren violencia de género "tienen prioridad de ir y hacerse atender de manera presencial, con la urgencia que se necesita", en el organismo que corresponda. 

Entre esas barreras reseñó como ejemplo que para acceder a una mediación para convenir visitas y pago de alimentos, se exige sacar turno vía correo electrónico. "¿Sabés la cantidad de mujeres que me dicen 'no tengo correo electrónico, no tengo internet'?". Y en el Hospital de La Merced para sacar turno para el psicólogo "te dan un número que solo es para mensaje de whatsapp y varias mujeres dijeron, 'no yo no uso whatsapp, tengo solo llamadas'". 

También dificulta la atención "la falta de capacitación de los policías", salvo los que cumplen funciones de operadores comunitarios, pero solo hay uno por cada comisaría y cuando no está, generalmente se les dice a las mujeres que vuelvan en el turno de esos operadores. 

Asimismo, el Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVIC), funciona en la Ciudad Judicial de la capital provincial, igual que otras dependencias que asisten a víctimas de violencia. "Siempre pedimos la descentralización" porque para muchas mujeres de escasos recursos es difícil viajar para recibir ayuda.

Para completar ese panorama de indefensión, Chocobar contó que últimamente el Polo Integral de las Mujeres, que depende de la provincia, comenzó a derivar a los hospitales de los pueblos la atención con psicólogos o remite a las víctimas para que se atiendan a través de sus obras sociales. "Por eso a veces nosotros intervenimos como oenegé para que ellos den la atención correspondiente". 

En ese recuento de falencias, Chocobar destacó como positivo que la mayoría de los municipios del Valle de Lerma crearon áreas de la mujer, en La Merced hay una Dirección de la Mujer, que ayer participó de la asistencia a la familia de la víctima. 

Añadió que en el caso de La Merced el intendente Javier Wayar aceptó una propuesta de Ayninakuy de abrir un lugar de protección para la mujer, "porque también eso nos pasó, de querer alojar a las mujeres en los refugios que están en Capital, que dependen de provincia, y encontrarnos con que no hay lugar, entonces terminamos viendo acá una pieza, un inquilinato para refugiarlas, con los riesgos" que conlleva. Se estima que el refugio mercedeño se abra en junio venidero.