El Tribunal Oral Federal de Santa Fe comenzó este viernes a juzgar a seis expolicías provinciales por el secuestro y las torturas a once personas, militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, entre febrero y abril de 1980 en el marco de la última dictadura cívico militar.
Guillermo Raúl Chartier, quien fue jefe del Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial en la ciudad de Santa Fe y le da el nombre a la causa, es uno de los seis acusados en este nuevo juicio de lesa humanidad. Se encuentra imputado como partícipe necesario de torturas contra ocho de las once víctimas.
El resto de los ex integrantes de la Policía de Santa Fe que ocupan el banquillo frente al TOF provincial está procesado como co-autor de secuestros y torturas. Son el ex comisario de Laguna Paiva, Fernando Sebastián Mendoza, los ex oficiales del D2, Eduardo Enrique Riuli y Rubén Oscar Insaurralde y los ex cabos Antonio Rubén González y Omar Epifanio Molina.
Los hechos tuvieron lugar entre febrero y abril de 1980 en Laguna Paiva, Santa Fe, Villa Constitución y en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires. Las víctimas, que fueron toturadas, permanecieron detenidas en las comisaría de Laguna Paiva y de Villa Constitución; en la Guardia de Infantería Reforzada; y en el Departamento de Informaciones D-2. Nueve de ellas trabajaban en el frigorífico Nelson, de la localidad Laguna Paiva, y activos integrantes de la agrupación sindical La Lucha. Los otros dos eran trabajadores ferroviarios y militantes del Frente Antiimperialista por el Socialismo. Entre las personas detenidas estuvo Catalino Páez, referente del PRT en la Provincia, quien fue secuestrado junto a su esposa, su hijo de 14 años y otros miembros de su familia.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, tras sus secuestros y torturas, "la mayoría de ellos fueron procesados y luego condenados por violaciones a la ley de seguridad nacional, denominada entonces como 'antisubversiva', que fue utilizada por la dictadura para criminalizar la militancia y dotar de 'legalidad' a la persecución política".
En sus declaraciones, las víctimas reconocieron los lugares de detención y a algunos de los acusados, como el caso de Riuli, quien tras su paso por la Policía ejerció como periodista y animador de bailes y otros acontecimientos públicos de la localidad de Laguna Paiva.
El TOF de Santa Fe está integrado por José Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría. La acusación está a cargo del fiscal general Martín Suárez Faisal y la querella de la Asociación Permanente por los Derechos del Hombre (APDH).
