El Senado de la Nación aprobó con reformas, y devolvió a Diputados, el proyecto de ley que modifica el régimen de ejecución penal limitando las excarcelaciones. La iniciativa, fogoneada por el gobierno nacional tras el crimen de Micaela García, fue aprobada por 48 votos a favor y 8 en contra, pero reflejó las críticas señaladas por una veintena de organismos de derechos humanos durante el debate en comisión de la semana pasada. La vuelta a la Cámara baja abrirá una nueva oportunidad de los organismos y especialistas para pedir el rechazo de la modificación y un tratamiento integral de los delitos y la situación carcelaria.   

Las modificaciones fueron introducidas durante el debate que se llevó a cabo en la Comisión de Justicia este mediodía y respondieron, en parte, a las críticas efectuadas la semana pasada, que concluían en el pedido de rechazo total de la modificación. Con la oposición solo de 8 senadores, integrantes del bloque del Frente para la Victoria, el proyecto avanzó pero con cambios. Entre los más importantes está la exclusión de los delitos de homicidio simple, contra el orden económico y contrabando simple como causantes para impedir al condenado acceder a los beneficios de las salidas anticipadas.

De todas maneras, sí quedaron los delitos de tortura seguida de muerte, narcotráfico, trata de personas, delitos contra la integridad sexual, robo con arma en banda y despoblado, contrabando agravado y delitos con el fin de aterrorizar a la población. El CELS lamentó las "soluciones ineficaces que agravan la crisis penitenciaria actual" y advirtió sobre "la falta de un verdadero diagnóstico para enfrentar el problema que generó tanta preocupación social".

Asimismo, se modificó el rol que el proyecto le restablecía al Servicio Penitenciario y permanecerá como auxiliar del juez de ejecución, ya que sus informes no serán determinantes para el otorgamiento o no de salidas anticipadas, como proponía la reforma. El director de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Ariel Cejas Meliare, en diálogo con PáginaI12, había advertido que avanzar en ese camino significaba "un retroceso de 25 años" y suponía "derogar la ley que establece a los jueces de Ejecución Penal".

Otro de los cambios introducidos es que la víctima tendrá participación en toda la cuestión vinculada con el régimen de progresividad de la pena, ya que podrá controlar su ejecución por parte del juez y proponer informes o peritos. Mientras que la iniciativa mantuvo la exclusión de las salidas transitorias a quienes posean una causa abierta y a los reincidentes.

El colectivo Ni Una Menos había advertido la semana pasada el uso político del proyecto de ley y recordado las legislaciones punitivistas de 2004, tras el crimen de Axel Blumberg, y de 2012, tras el femicidio de Tatiana Kolodziej. "Las respuestas como las que busca ahora el Poder Legislativo no modifican en absoluto las violencias en que vivimos. Como Ustedes bien saben, el derecho penal llega tarde: se activa cuando estamos muertas", advirtió el colectivo de mujeres. 

El proyecto indica que el desempeño del condenado en actividades que realice mientras cumpla su pena debe ser registrado e informado para su evaluación, que al ingresar al establecimiento correccional deberá ser evaluado psicológicamente para individualizar el tratamiento que debe seguir en la cárcel y para poder ingresar en un régimen de "pre-socialización", el interno deberá poseer buena conducta, no haber sido sancionado, trabajar con regularidad y cursar estudios. Herramientas que los organismos subrayaron como prexistentes en otras legislaciones, pero que no han sido respaldadas ni evaluadas. 

"El texto evita discutir el trato de los ofensores sexuales y no plantea políticas penitenciarias ni pospenitenciarias para evitar su reincidencia; además de omitir la existencia de reformas anteriores vigentes –pero nunca puestas en marcha– que apuntan a la misma población", ejemplificó el CELS tras la votación de esta tarde, que la semana pasada compartió su análisis con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y la Asociación de Pensamiento Penal (APP). 

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino, reconoció que “por ahí no alcanza con una ley” y advirtió que “claramente fracasó el Estado en la ejecución de la pena y en cómo se resocializa al condenado”. Mientras que el oficialista cordobés Ernesto Martínez mencionó que existe una “inflación punitiva” que comenzó “en 2005 con las llamadas ‘leyes Blumberg’”.

Por su parte, el radical Julio Cobos reconoció que “si la situación económica y social mejora, el delito va a disminuir”, aunque destacó que “algunos van a delinquir, independientemente de su condición”. En ese tono, el presidente del bloque FpV-PJ, Miguel Ángel Pichetto, defendió la reforma al indicar que "son para endurecer, no para ablandar" y consideró que las modificaciones permiten “alejarnos de la demagogia punitiva y de una mirada ultragarantista, que es totalmente inconveniente para la sociedad”.

La posición contraria al avance de la iniciativa la marcaron los senadores más cercanos al kirchnerismo, como la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien consideró que “una ley como la 24.660 debería ser abordada de una manera integral haciendo hincapié en el estado de nuestro sistema carcelario”. “La secuencia siempre es la misma, luego de una muerte desgarradora con impacto nacional nos sentimos interpelados”, apuntó, según el sitio Parlamentario.com. 

Mientras ocurría el debate en la Cámara alta, el Comité contra la Tortura comenzó la evaluación sobre la Argentina. El CELS, que participa como organismo de contralor del Estado argentino, informó que algunos comisionados se refirieron con preocupación a la modificación de la ley 24.660, ya que eliminaría el régimen de progresividad y pueden afectar el cumplimiento de la Argentina de los estándares internacionales como las reglas Mandela de Naciones Unidas, algo que también había sido advertido por los organismos de derechos humanos ante los senadores una semana atrás.