Fueron dos leyes emblemáticas del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, aprobadas por el Congreso en forma unánime, en un caso, y por abrumadora mayoría, en el otro. El gobierno de Mauricio Macri no necesitó de tanto para dejarlas de lado. A una simplemente la abandonó, y a otra la alteró de raíz mediante un decreto. El gobierno de Alberto Fernández trabaja para revertir esa situación, a fin de poner en práctica lo que establecían aquellas iniciativas. El escenario de pandemia y de disparada histórica de precios de los alimentos expone la importancia y la urgencia de avanzar en esa dirección.

La ley de extranjerización de la tierra y la ley de agricultura familiar fueron sancionadas en diciembre de 2011 y en diciembre de 2014, respectivamente. Se celebraron como conquistas del espacio nacional y popular porque significaron la imposición de regulaciones en un sector clave de la economía, donde suele mandar el mercado en beneficio de los más poderosos.

La primera de las leyes puso límites a la compra de tierras por parte de inversores del exterior, buscando resguardar un recurso estratégico y también el patrimonio nacional, frente a la constatación de venta de propiedades con espejos de agua. “Hay que limitar la concentración y la extranjerización”, avaló el entonces senador radical Gerardo Morales, aquel diciembre de 2011, al confirmar el apoyo de su bloque en la votación general de la ley. El proyecto resultó aprobado por 62 votos a favor y uno solo en contra, el del salteño Juan Carlos Romero.

La ley se puso en práctica y, dos años después, el relevamiento catastral y dominial efectuado por el nuevo Registro de Tierras, junto a 23 provincias, determinó que el total de tierras en manos de extranjeros era de 15,8 millones de hectáreas. La cifra representaba el 5,93 por ciento del suelo nacional. De ellas, 1,1 millón de hectáreas estaban a nombre de empresas radicadas en paraísos fiscales, el equivalente a 55 veces la superficie porteña.

De todos modos, la ley fijó un tope de 15 por ciento para los extranjeros que quisieran comprar tierras en el país. También restringió la propiedad en la zona núcleo a no más de 1000 hectáreas y prohibió la venta de tierras rurales que limitaran o contuvieran cuerpos de agua de envergadura y permanentes.

En junio de 2016, el gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) barrió con aspectos fundamentales de la regulación con un decreto simple, lo que mereció reclamos judiciales que no lograron prosperar. Macri quitó a sola firma el tope de 1000 hectáreas para la tenencia de tierras en la zona núcleo, amplió de 25 a 51 por ciento la participación de extranjeros en las sociedades autorizadas a comprar tierras en el país, eliminó la obligación de solicitar un certificado previo a la compra al Registro de Tierras y redujo los requisitos para la adquisición de tierras donde hubiera espejos de agua.

El argumento fue que la ley impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner y votada casi por unanimidad frenaba la llegada de inversiones al país. En rigor, en los tres años en que se había aplicado, solo 12 certificados de adquisición habían sido denegados, frente a 186 autorizados por el organismo regulador. Pero el gobierno de Macri lo que rechazaba era la existencia de límites y controles al capital concentrado y extranjero por parte del Estado.

El gobierno del Frente de Todos analiza en este momento dos opciones para dar marcha atrás con lo que hizo la administración anterior. Una es la derogación del decreto, para restablecer el marco regulatorio original de la ley, pero en ese caso quedarán firmes las operaciones que se hubieran realizado entre junio de 2016 y el dictado del nuevo decreto. La segunda alternativa es la anulación del decreto de Macri, y en ese caso habrá que revisar lo actuado los últimos cinco años.

El Ministerio de Justicia estudia la cuestión, pero en el gobierno se afirma que hay voluntad política para retrotraer lo que hizo Macri y volver al esquema de Cristina.

La otra ley emblemática del kirchnerismo que ahora se busca poner de pie es la de agricultura familiar. Como ya se indicó, la aprobación fue en diciembre de 2014, por unanimidad en Diputados y Senadores, pero la reglamentación y aplicación efectiva sigue esperando. No alcanzó a hacerlo el gobierno de Cristina y el de Macri directamente la guardó en un cajón.

Frente a la suba estrepitosa de precios de los alimentos, la necesidad de empezar a transformar el esquema de producción y comercialización en el país se torna imperiosa. En septiembre del año pasado, Alberto Fernández encabezó el acto de presentación de un proyecto de reglamentación de la norma ante los movimientos campesinos y otros actores del sector.

Desde entonces, las distintas áreas del Estado que intervienen en la instrumentación de la ley trabajan en la letra chica. La promesa de los funcionarios a los movimientos rurales es que el decreto reglamentario se hará realidad en el transcurso de los próximos dos meses.

Uno de los objetivos principales es multiplicar el número de productores de alimentos en todas las provincias, reducir la intermediación y concentración del canal comercial y llegar con precios accesibles a los consumidores.

“Se promueve la realización de ferias locales, zonales y nacionales. Se pondrá especial énfasis en la conformación de una cadena nacional de comercialización, con participación de cooperativas de productores. Se promoverán marcas comerciales y denominaciones de origen y otros mecanismos de certificación, como estrategia de valoración de los productos de la agricultura familiar. El Estado tendrá como prioridad la compra de alimentos provenientes de la agricultura familiar y sus asociaciones para la provisión de hospitales, escuelas, comedores comunitarios, fuerzas armadas y el servicio penitenciario”, señala la ley.

Dos aspectos centrales de la norma son la creación de un banco de tierras para la agricultura familiar, mediante el cual el Estado organice y ponga a disposición de productores tierras fiscales, y la generación de un centro de producción y distribución de semillas. Un modelo en estudio es el de Uruguay, que desde 1948 entrega tierras del Estado en comodato para la explotación y producción de alimentos y su venta en cercanía, a precios accesibles.

El Ministerio de Agricultura trabaja en esa dirección, en especial con la instrumentación de seis centros de acopio de semillas en distintas regiones del país, pero se necesita la reglamentación de la ley para definir presupuestos y ampliar objetivos.

La agricultura familiar abastece entre el 60 y el 70 por ciento de frutas y verduras. También está presente en la ganadería, la pesca, la producción láctea y de huevos.

El gobierno de Macri le dio la espalda al sector y fortaleció su alianza con grandes productores y exportadores. El Frente de Todos sostiene que eso cambiará. La presión que genera la escalada de precios de los alimentos, un escenario que se mantendrá los próximos meses, obliga a apurar los pasos.