Con el aval de jueces, fiscales y académicos --pero con la oposición férrea de Juntos por el Cambio-- avanza en la Cámara de Diputados la discusión sobre la reforma del Ministerio Público, que, de aprobarse, allanaría el camino para nombrar a un titular de la Procuración General después de casi tres años y medio de interinato de Eduardo Casal. En comisión, los expertos avalaron que se relaje la mayoría para designar al jefe de los fiscales y que el mandato en el cargo se acote a cinco años. 

“El interbloque de Juntos por el Cambio no va a consentir el tratamiento”, irrumpió el diputado radical Gustavo Menna antes de las intervenciones en el plenario de comisiones que presidió el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade. Menna sostuvo que la reforma que impulsa el Gobierno --y que volvió a tomar envión tras la llegada de Martín Soria al Ministerio de Justicia-- está orientada a garantizar la impunidad y a destruir la autonomía del Ministerio Público.

“La necesidad de la reforma de la justicia federal --y en ese marco, la importancia de contar con un procurador legitimado-- fue planteada apenas recuperada la sensatez y la vocación jurídica por la libertad por el presidente Raúl Alfonsín”, le replicó Daniel Erbetta, juez de la Corte Suprema de Santa Fe y primer expositor, al diputado radical que ya había salido de la sesión telemática.

“¿Dónde pretende el diputado discutir una ley si no es en el Congreso?”, se preguntó, por su parte, el juez de Córdoba Fabián Asís, que preside la Junta de Tribunales Orales Federales de la República Argentina (JUTOF). Asís marcó que le llamaba la atención el rechazo de Juntos por el Cambio al proyecto que impulsa el gobierno nacional y que tiene ya la media sanción del Senado cuando durante el gobierno de Mauricio Macri se había impulsado uno similar.

Mayorías y plazos 

La principal discusión en torno al proyecto pasa porque reduce la mayoría necesaria en el Senado para elegir al nuevo procurador o nueva procuradora. Hasta ahora esa mayoría es de dos tercios, un número que el Frente de Todos no tiene. Tanto Asís como Erbetta y el profesor Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), se mostraron de acuerdo con establecer una mayoría absoluta para la elección del titular del Ministerio Público.

“No hay problema más grave que el mantenimiento del interinato de la Procuración, que está funcionando a favor del deterioro del Ministerio Público”, afirmó Binder. “El problema es que detrás del interinato está el intento de mantener una feudalización del Ministerio Público”, completó.

Cuando le preguntaron acerca de la situación del fiscal Carlos Stornelli, procesado en la causa de espionaje de Dolores por sus andanzas con el espía Marcelo D’Alessio, Binder lo tomó como ejemplo para mostrar el patrón de funcionamiento que debería ser alterado con la reforma. “Stornelli es el arquetipo de fiscales y jueces que convirtieron a la justicia federal en un circuito mafioso”, sostuvo y agregó que el procurador general interino es sostenido por esos sectores a los que les conviene tener a un titular débil del Ministerio Público. “La pelea es por acabar con los circuitos mafiosos”.

Erbetta, por su parte, sostuvo que es fundamental nombrar a un procurador para poder avanzar con el sistema acusatorio, que pone las investigaciones en cabeza de los fiscales. Además, se manifestó de acuerdo con reducir el mandato del procurador a cinco años y no hasta los 75 años como hasta ahora. “En el trono solo mueren los reyes”, dijo e insistió en que no había impedimentos constitucionales para reducir el mandato y mucho menos para cambiar la mayoría para la designación.

Una reforma feminista

“Es una oportunidad histórica para incorporar la perspectiva de género a un organismo tan importante como el Ministerio Público”, sostuvo, por su parte, la fiscala federal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), que reclamó que la reforma contemple tanto la mirada de género hacia fuera como hacia adentro de la Procuración. Labozzetta forma parte del grupo de trece fiscalas que se reunieron con Soria al inicio de su gestión para llevarle una serie de inquietudes y propuestas en ese sentido --y que recibieron una reprimenda pública por parte de Casal--.

Por un lado, Labozzetta celebró la creación de una Procuraduría de Violencia de Género contemplada en el proyecto de ley, que rejerarquiza a la UFEM dentro del organismo. Por otro, insistió en que se prevean mecanismos para la igualdad de los géneros puertas adentro de la Procuración, como, por ejemplo, que no se mantenga el requisito de ser fiscales generales para encabezar una Procuraduría --ya que sólo un 20 por ciento de quienes ostentan ese cargo son mujeres--, que haya fiscalas en el tribunal de enjuiciamiento, que se requiera capacitación en temáticas de género para concursar y que se contemple como una falta grave la violencia de género ejercida por los magistrados.

Tailhade, al cerrar, anunció que probablemente vuelvan a reunirse la semana próxima. En el Ministerio de Justicia son optimistas y sostienen que el proyecto podría llevarse al recinto en las próximas semanas.