El oficialismo buscará avanzar con el proyecto de reforma del ministerio público fiscal que el modifica el cargo vitalicio del Procurador General de la Nación, y lo limita a un período de cinco años. Se tratará en el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales el martes para que el pleno de la cámara de Diputados pueda tratarlo en la sesión de la próxima semana. El proyecto también impulsa que la elección del Procurador sea elegido por  mayoría absoluta del Senado, en vez de la forma en la que se elige actualmente que es mediante los dos tercios de los presentes. 

El proyecto enviado por el ministro de Justicia, Martín Soria, modificará la composición de los integrantes del Jury de enjuiciamiento, que se adaptará a los tiempos que corren y contempla la garantía de que se cumpla con la paridad de género, además de los cambios para impulsar la destitución del Procurador en caso de ser necesario. de aprobarse el proyecto el tribunal quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos integrantes de la Comisión Bicameral parlamentaria repartido en un lugar para el oficialismo y uno por la mayoría y uno por la minoría. Además habrá un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado y dos fiscales, un varón y una mujer. Una de las modificaciones que obligará al proyecto a volver a ser tratado en el Senado es la inclusión de un representante por el Ministerio Público Fiscal, lugar que pertenecía a los legisladores de la mayoría que en el documento inicial le asignaba dos representantes.

El proyecto es uno de los objetivos principales con los que el rionegrino Soria desembarcó en el ministerio de Justicia, después del paso de Marcela Losardo al inicio de la gestión del presidente Alberto Fernández. El primer tratamiento del proyecto lo tendrá el martes a partir de las 19 el plenario de las comisiones de Justicia, que preside el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, y la de Asuntos Constitucionales en manos también del oficialismo con Hernán Pérez Araujo a la cabeza.

La propuesta contempla además la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado en vez de los dos tercios de los presentes y pone un plazo de cinco años, aunque permite que el funcionario sea reelecto por un período más. Para el proceso de destitución del Procurador establece que deberán reunir al menos cinco votos, que representa los dos tercios del Jury, y determina cuatro votos para el resto de las decisiones.

Es resistido por la oposición de Juntos por el Cambio (JxC), quienes el último viernes, al momento de retomar la iniciativa se retiraron planteando diferencias e la metodología que se adoptó para el tratamiento en la cámara. La mesa de conducción de la alianza opositora macrista y radical se reunía la noche del domingo para definir los pasos que tomarán en los próximos días. Evaluaban si asistirán o no a la reunión del martes o qué tipo de postura llevarán al Parlamento. 

JxC rechazará el proyecto, pero el oficialismo confía en tener los votos necesarios para lograr un dictamen favorable que permita tratar el proyecto la semana que viene en el recinto. Algunos de los bloques provinciales como el de Unidad Federal para el Desarrollo, que lidera José Luis Ramón, ya adelantaron su aval para tratar el proyecto. El mendocino mantuvo reuniones con el ministro de Justicia con quien analizó proyectos de ley que procuran mejoras en el servicio de justicia. En el plenario del viernes pasado, Ramón propuso incorporar la creación de una Procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal al proyecto del oficialismo.

La elección del Procurador quedó en el centro de debate político luego de que el actual funcionario, Eduardo Casal, llegara al cargo de forma interina como consecuencia de la renuncia de su antecesora Alejandra Gils Carbó, que había sido electa mediante la reglamentación anterior por el Senado, mientras que Casal asumió ante la vacante por ser el procurador ante la Corte más antiguo.

Soria recordó días atrás que "la ley actual fue producto de una decisión coyuntural que se sancionó en el Congreso en 1997", y que por ello "debe ser modificada ante el profundo cambio de paradigma que supone el paso al sistema acusatorio qué estamos llevando adelante". El funcionario destacó que "no se han podido lograr los consensos para elegir Procurador (General de la Nación) y por eso seguimos transitando el interinato más largo de la historia", que ya lleva tres años en el cargo y que había sido ratificado en el cargo en 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri.