No era necesario llegar a esto. La privatización encubierta del río Paraná en 1995, daño maestro del menemismo, visto en perspectiva un cuarto de siglo después, supera todo barroquismo imaginativo. En primer lugar porque el remate fue vil: no era necesario tanto. La Argentina siempre pudo manejar este río, que era además fuente de trabajo para miles de técnicos y navegantes que sotuvieron una importante flota fluvial y otra marítima, y una extraordinaria industria naviera.

Por eso es tan absurdo, hoy, el empecinamiento en volver a ceder nuestra soberanía sobre el río medular de este país, que es completamente navegable y potencia fundamental de nuestra economía desde los albores de la nación. Y que hoy mismo sería –-y miles trabajamos para ello–- una fuente de recursos extraordinaria para paliar el creciente desastre social que se vive en esta tierra riquísima, pero ya absurdamente sobrepoblada de miserables.

Es increíble que se insista en ceder funciones que corresponden por naturaleza a una nación. Ninguno de los grandes ríos navegables del mundo (el Paraná es uno de los seis más importantes y quizás el mejor dotado) está privatizado y sin control estatal. Y en nuestro caso el mantenimiento, dragado y balizamiento han sido y siguen siendo realizados por técnicos navales y personal argentino. E incluso el ojalá inminente Canal Magdalena será vínculo acuático perfecto para la definitiva unión del país marítimo que también somos. Porque por generaciones nos enseñaron que éste era el país del trigo y de las vacas. Pero nunca se nos enseñó que somos también un país marítimo excepcionalmente rico. Y no fue casualidad ni error. Fue el proyecto de la otrora glorificada "Generación del 80" del siglo 19, de esencia oligárquica y explotadora basada en la injusticia social. Y proyecto que aún perdura y es la razón primera y última de todos las desdichas actuales del pueblo argentino.

Nunca nos enseñaron a reconocer, orgullosos, que éramos un país fluvial y marítimo excepcional. Como tampoco se enseña hoy el orgullo y la responsabilidad que significa ser un país de inmensurables riquezas y no la vergüenza actual: una nación que en plena pandemia mundial tiene más de 20 millones de pobres e indigentes y altísimos niveles de muertos por millón de habitantes; un país que no logra salir del desastre educativo que hizo el gobierno anterior y que vive amenazado –-por un lado–- con dejar de ser soberano en casi todo porque nos roban el oro, la plata, el cobre, el petróleo, el litio y encima las aguas de nuestro río, y –por el otro– porque somos cada vez más un país desmembrado, partido al medio por el odio racista de minorías urbanas poderosas y corruptas.

Duro decirlo. Pero tan cierto como irritante. Nos han robado por décadas y encima pretenden que sigamos tragando sapos. Que es lo que quiere imponer la grosera, brutal y hasta estúpida insistencia en reprivatizar (lo llaman concesión pero es privatización) del Paraná. Cuya sola prórroga por 90 días, más allá de que nos da tiempo para seguir esclareciendo a la ciudadanía, es un disparate. Porque en estos 90 días la empresa que cambió el nombre del río por el suyo recibirá en cálculo ligero unos 80 millones de dólares por peajes. Que se llevarán también. Y que es bastante más que todo lo que se necesitaría para remozar todo el plantel de dragas que tenemos para mantener operativo el Río de la Plata y el Paraná de punta a punta durante los próximos 25 años.

Sólo el gobernador Axel Kicillof parece haberlo comprendido, cuando sostuvo esta semana en Radio La Red que; “La Hidrovía tiene que estar bajo el control del Estado”. Y más preciso: “El Estado tiene que tener el control, la fiscalización y el cobro de los peajes”. Posición que parece una rareza en el contexto de sus colegas gobernadores. Aunque no es raro en políticos, técnicos y patriotas que, como el diputado provincial santafesino Carlos del Frade, comprenden que "todo debe ser transparente para que quede claro cuánto le queda al pueblo argentino de las riquezas que se van por el Paraná, el Plata y el Mar Argentino. Porque riqueza que se va, es pobreza que nos queda."

Esta semana se conocieron en algunas provincias expresiones parecidas. El diputado provincial chaqueño Rodolfo Schwartz publicó en el diario "Norte" una nota de descripción y defensa estricta del gobierno nacional y el FdT, pero en no dejó de destacar que "desdichadamente hay internas en el gobierno popular" ante las cuales "hay que ser desobedientes incluso de los dirigentes que elegimos, para detener la infame y alucinante reprivatización de nuestros ríos y puertos". Ese tono también aflora en artículos publicados en medios de Santa Fe, Córdoba y otras provincias, y refiere a la necesidad y urgencia de un desarrollo industrial que apunte a recuperarnos como nación marítima con flota mercante propia.

En varias provincias está sucediendo algo similar, aunque sin nombrar a gobernadores y legisladores peronistas que –-en el fondo de sus corazones–- han sido verdaderos liberales todas sus vidas. Se procura no atacarlos, pero sin por eso dejar pasar sus contradicciones, que son de orígenes variopintos: macristas, massistas, auxiliaristas, humanistas light. Pero nada de derechos sociales ni laborales, porque algunos en sus profundidades son antiperonistas. Molestará decirlo, pero el PJ está sobrado de liberales que fueron blandos con Macri.

Es cierto que estas palabras pueden irritar al poder que nosotros también sostenemos, pero mejor sería que se irritaran con los que entregan nuestro patrimonio de país riquísimo, léase con energía, petróleo, granos, ganados, infinitos recursos mineros, bosques que todavía nos quedan, agua en todas sus extensiones, pero cuya soberanía se nos achica día tras día.

Bien haría el gobierno nacional, nuestro gobierno, en advertir de una vez que entre los grandes golpistas de este país está la industria alimentaria, que ha ganado más que nunca con la pandemia pero remarca todo el tiempo y genera inflación. Golpistas adrede o no, parecen favorecer puebladas que a este paso podrían no demorarse. Y eso es peligrosísimo. Por eso los abusos de sectores vinculados a la Sociedad Rural, la UIA, AEA y grandes corporaciones son en sí mismos práctica antidemocrática permanente. El Gobierno, que sin dudas lo ve, debería cambiar, por lo menos, su actitud.

Por eso la extrañeza ante la concesión por 20 años del dragado del riacho Barranqueras, nexo del puerto homónimo con el Paraná superior. Sobre todo porque la "nueva" concesionaria es la misma empresa belga Jan de Null que es propietaria de hecho del Paraná.

Y empresa, por cierto, que según un artículo de la periodista entrerriana Luciana Dalmagro en el paranaense El diario.com.ar, conduciría una jugada fenomenal que, de paso, explicaría el bajísimo perfil que el gobierno de Entre Ríos viene manteniendo respecto del Paraná.

Sintéticamente, y con el título: "Es de Entre Ríos el 80% de la arena usada en Vaca Muerta", se explica que esta provincia ya "desplazó a Chubut" como "principal proveedora de arena silícea". La autora cita datos de la Universidad Nacional de la Patagonia y afirma que estas arenas especiales ya tienen nombre: “El nuevo oro”.