Los abogados querellantes, Pablo Rovatti y Sebastián Da Vita, descalificaron en forma rotunda el peritaje presentado en el juicio por el otro perito designado por la defensa de Luis Chocobar. Aseguraron que el trabajo del comisario Javier Darío Rodríguez, de la Policía de la Ciudad, “no merece el nombre de ‘peritaje’”. En relación con los hechos analizados en el debate, Rodríguez aseguró que el policía solo hizo “un disparo disuasivo” hacia el piso, que “se desvía” al rebotar “en la carpeta asfáltica e incide sobre la región lumbar de Juan Pablo Kukoc”, provocándole la muerte.

Los querellantes afirman que Rodríguez toma como elemento central la declaración indagatoria del imputado y “transcribe una y otra vez” afirmaciones que “jamás el oficial Chocobar ha sostenido” en ninguna de las ocasiones que alegó en su defensa. En la última declaración, en el juicio oral, Chocobar incurrió en “contradicciones” respecto de oportunidades anteriores, le dijo Pablo Rovatti a Página/12. Al principio, Chocobar había dicho que hizo cuatro disparos, cuando fueron siete las vainas servidas halladas en la escena del crimen.

Por “múltiples razones” la querella consideró que el informe del perito de parte “resulta manifiestamente inadmisible y debe quedar fuera del conjunto de elementos que integrarán el juicio”.

Precisaron que ese informe carece de “relevancia”, un término que la legislación procesal llama “pertinencia” y que es “el más elemental de los filtros que un elemento de juicio o pieza de información (…) debe pasar satisfactoriamente para que tenga sentido su admisión” en el debate.

­­­­­Los puntos del peritaje solicitado por el Tribunal Oral de Menores 2 estaban “referidos exclusivamente a la distancia del alcance lesivo del arma blanca (cuchillo) secuestrada” en la escena y que podría ser utilizada en contra del policía.

Eso, además de analizar “la percepción sensorial, visual y auditiva en la reacción de la respuesta motora de supervivencia y autoprotección ante un estímulo de amenaza contra la vida o integridad física” de Chocobar.

En ese punto, Rodríguez habla del “disparo disuasivo” y del rebote en el piso. Se cuestiona que el perito, en su argumentación, tome en cuenta las declaraciones hechas por testigos en sede policial dándole “mayor valor probatorio” que las recibidas luego “con control de las partes, durante la instrucción judicial”.

Al cuestionar la “relevancia”, uno de los puntos es que “no menos de ciento cincuenta páginas del informe (…) carecen de una mínima o remota conexión con el objeto” del proceso.

Aseguraron que el comisario Rodríguez recurrió a Internet, mediante la metodología “copiar y pegar”. Para demostrarlo, mencionan textos citados por el perito. Eso incluye “curiosas referencias al cardenal Richelieu”, el conspirador que llegó a primer ministro de Francia en 1630. La cita se debe a la incidencia de Richelieu en “La historia del cuchillo”, porque impuso en la Corte el uso del cuchillo de punta redonda en los banquetes oficiales, asqueado de ver al canciller Pierre Séguier limpiándose los dientes con el cuchillo puntudo. No se entiende qué relación tiene la anécdota con el caso Chocobar.

El perito reconoce que lo que quiere con su informe es “mejorar la situación” procesal de Chocobar y la de “todos los funcionarios policiales” y concientizar a todos para que “abandonemos ‘interpretaciones poco realistas’” sobre cómo debe ser la actuación de un policía para no cometer errores ni excesos en su actuación frente a un hecho concreto.

Del informe pericial surge claramente “la parcialidad del comisario Rodríguez (…), su notable inclinación en favor del policía acusado y su defensa aguerrida del grupo o conjunto de personas del que también él forma parte”, Y todo, sin analizar los hechos concretos.

El perito hace, incluso, una crítica a jueces y fiscales porque cuando juzgan el accionar de un policía “exigen en base a normas jurídicas de primer orden una destreza y pericia digna de las mejores películas de ficción”.

En un claro cuestionamiento al proceso contra Chocobar, el perito advierte sobre “la amenaza a la vida y a la seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. Y asegura que eso debería considerarse “como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad”.