La Oficina de Derechos Humanos de Tucumán que encabeza el fiscal federal Pablo Camuña continúa intentando reparar los estragos que el terrorismo de Estado causó en esa provincia desde el año anterior al golpe de Estado.
A un lustro de la recuperación de la identidad del Nieto 119, nacido durante el cautiverio de su madre en el penal de Villa Urquiza, el juez federal Fernando Poviña procesó con prisión preventiva a tres ex guardiacárceles como partícipes necesarios de la sustracción, retención y ocultamiento de Mario Navarro, quien 38 años después pudo reencontrarse con su madre.
Los responsables de quitarle al bebé, que terminaría en manos de un matrimonio ultracatólico de Santa Fe, son Daniel Arturo Alvarez, Santos González y Francisco Alfredo Ledesma, que ya recibieron una primera condena por los secuestros y torturas seguidas de muerte en ese penal y que gozan de arresto domiciliario.
La mamá de Mario, de quien se preserva su identidad, fue secuestrada en el centro de San Miguel de Tucumán en 1975, año de inicio del denominado “Operativo Independencia” que, comandado por el general Adel Vilas, aplicó las torturas y asesinatos sistemáticos que luego del golpe se extenderían a todo el país. La joven fue llevada a una comisaría, luego a la Jefatura de Policía y terminó en el penal de Villa Urquiza. Aún con un gobierno democrático, presidido por Isabel Martínez de Perón, no la registraron en los libros de ingreso al penal y la mantuvieron aislada, sin contacto con ningún detenido. Allí fue víctima de los delitos más aberrantes, acreditados en el juicio de lesa humanidad que concluyó a fines de 2014 con nueve condenas.
De acuerdo con las pruebas recabadas por la fiscalía, cuando la mujer comenzó con el trabajo de parto la llevaron a un salón y la tiraron sobre un colchón en condiciones infrahumanas. “En esas condiciones y custodiada por [una] persona nació un bebé, varón, que fue envuelto en una colcha y sustraído de la esfera de custodia de su madre”, escribió Poviña en el procesamiento, del que informó el portal Fiscales.
“No le permitieron verlo ni tomar contacto con él, y pese a que siempre pensó que había tenido un varón, no lo pudo corroborar”, apuntó el juez. “Luego del parto [...] le vendaron nuevamente los ojos, le colocaron algodón en sus genitales y le dieron inyecciones, que le dijeron que eran para evitar que produjera leche”, narró.
La responsabilidad de Alvarez, González y Ledesma se acreditó por sus legajos, que los ubican en el lugar de los hechos; por las consideraciones de la sentencia de 2014, cuando fueron condenados a penas de 25, 12 y 16 años de prisión respectivamente, y fundamentalmente por el testimonio de aquella madre que logró sobrevivir al terrorismo de Estado, que "identificó a los encartados como parte integrante del grupo que la mantuvo en cautiverio y participó de la sustracción de su hijo", escribió Poviña. La mujer recuperó la libertad poco tiempo después, cuando la subieron a un camión en la cárcel y la hicieron descender a la vera de una ruta.
La investigación de la fiscalía pudo determinar que el bebé fue entregado al comerciante José Espinoza López, de nacionalidad española, quien por medio de Celia Magdalena Jordán y Miguel Ángel Amado lo entregó a su vez al matrimonio compuesto por Alcides Santiago Bravo y Cecilia Magdalena Raggiardo, quienes vivían en la ciudad de Las Rosas, en Santa Fe. Todxs ellxs fallecieron. Según se pudo reconstruir, Espinoza López habría recibido un pago a cambio de la entrega del niño al matrimonio, que lo incribió como hijo biológico en base a una partida de nacimiento confeccionada con un certificado apócrifo firmado por el médico Manuel Pérez Solares, también fallecido.
Mario fue inscripto como nacido el 6 de mayo de 1977 en Las Parejas y recién en 2015, tras el fallecimiento de los apropiadores, se presentó en Abuelas de Plaza de Mayo y manifestó dudas sobre su identidad. El cotejo de ADN realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos corroboró una probabilidad de maternidad del 99,9999%, y derivó en el anuncio de la recuperación del Nieto 119. “Nunca más te van a separar de mí”, le dijo su madre cuando lo vio.
La investigación judicial sobre la apropiación se había iniciado recién en 2005, cuando la mujer denunció por primera vez su calvario ante la fiscalía de Tucumán. El juez Poviña, en línea con los argumentos del fiscal Camuña, declaró al dictar los procesamientos que se trata de crímenes de lesa humanidad y encuadró el caso dentro del plan sistemático de apropiación de niños y niñas que se llevó a cabo desde la conducción del Estado. A 45 años del golpe de 1976, se trata de los primeros procesamientos por apropiaciones de niñxs durante el terrorismo de Estado en Tucumán, la provincia que los apologistas del genocidio llaman con orgullo “cuna de la Independencia y tumba de la subversión”.
