El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para evaluar la situación en Venezuela, en una fecha que no fue definida. El Gobierno de Nicolás Maduro salió a responder al organismo: rechazó toda iniciativa de la OEA y anunció que se va de la organización. “El día de mañana (por hoy) presentaremos la carta de renuncia a la OEA e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses”, dijo la canciller venezolana Delcy Rodríguez, en una declaración transmitida por la televisión oficial. Según la carta orgánica de la OEA, Venezuela debe esperar dos años y pagar el dinero que adeuda –8,7 millones de dólares– antes de quedar desligada del ente. En el marco de las negociaciones que se llevan a cabo para descomprimir la tensión, El Salvador será sede el 2 de mayo de una reunión extraordinaria de cancilleres de los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a pedido de Caracas, para abordar la crisis en el país caribeño. Diecinueve países, entre ellos Estados Unidos, México, Argentina y Brasil, votaron a favor de la convocatoria al encuentro extraordinario de urgencia que tendrá lugar en Washington. Fueron uno más de los necesarios para que se aprobara el encuentro, rechazado por Venezuela como un acto hostil. La reunión de ministros supone una escalada en la presión al Gobierno de Maduro en el seno de la organización panamericana.
Venezuela había advertido que si se convocaba a la reunión de cancilleres, el país dejaría la OEA. “Si esa reunión ocurre y se toma alguna decisión contra Venezuela, nosotros ya entendemos que la organización se doblegó a los mandatos del imperio”, dijo el embajador venezolano ante la OEA, el viceministro de Exteriores Samuel Moncada, refiriéndose a Estados Unidos.
Caracas defiende, en cambio, que se hable de su situación en la reunión de ministros de Exteriores convocada el 2 de mayo en El Salvador, a pedido de la canciller venezolana. La Celac está compuesta por los mismos países que se reúnen en la OEA más Cuba, con la excepción de Estados Unidos y Canadá.
Por su parte, expertos en libertad de expresión de Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazaron la censura en Venezuela, al igual que la detención de periodistas que cubren las marchas en el país. “Exhortamos al Gobierno de Venezuela a que libere de inmediato a todos los detenidos por ejercer el periodismo y sus derechos de opinión y expresión”, reclamaron en un comunicado conjunto el relator especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y su homólogo en la CIDH, Edison Lanza.
Por otro lado, Amnistía Internacional (AI) denunció la proliferación de detenciones arbitrarias en Venezuela para “acallar a la disidencia política”, según el informe “Silencio a la fuerza” que la ONG difundió ayer en México. AI recogió varios casos que muestran “las tendencias graves de violaciones de derechos humanos en detenciones arbitrarias por motivos políticos”, explicó en una entrevista la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara-Rosas.
Por su parte la abogada Tamara Sujú, promotora de una demanda por torturas presentada contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI), manifestó ayer su convicción de que ya existen suficientes pruebas para que la acción prospere. “Confío en que todo el material presentado a la CPI en La Haya demostrará que en Venezuela se ejerce desde años un tipo de control social a través de la tortura y el terror”, dijo la abogada durante una visita a Brasil, donde fue recibida por autoridades del Parlamento y el gobierno de Michel Temer.
