La diputada nacional por Córdoba Gabriela Estévez (Frente de Todos) presentó un proyecto de Ley para crear una pensión reparatoria para las personas mayores travestis y trans. La iniciativa propone “garantizar una vejez digna”, y considera la edad de 40 años como base para acceder al beneficio. Mientras que el cupo laboral travesti y trans establecido por decreto en julio del 2020 representa una herramienta para el acceso al mercado de trabajo para la población travesti y trans, la pensión reparatoria “es para las compañeras que tuvieron sus derechos vulnerados durante tanto tiempo que ya no se puede volver hacia atrás”, señaló a Página/12 Karin Tuma, referente de la Liga LGTBIQ+ de las Provincias que trabajó en la conformación del proyecto junto a Estévez y a la Convocatoria Federal Travesti Trans Argentina.
El proyecto, que acompañan las diputadas Jimena López y Mónica Macha, presidenta de la comisión de Mujeres y Géneros de la cámara baja (FdT en ambos casos), busca garantizar “el reconocimiento y la reparación de la violación de los Derechos Humanos” de las personas travestis y trans y su inclusión en el presupuesto de seguridad social a través del cobro de una pensión “como condición material mínima para que puedan transitar su vejez de forma digna”. El beneficio que propone el proyecto es un abono mensual, de un monto no menor al de la pensión universal para adultos mayores -actualmente de cerca de 16 mil pesos-, y de carácter vitalicio.
“Para nosotras, todas las compañeras que pasan los cuarenta años son sobrevivientes”, afirmó Tuma. "El cupo es importante para quienes todavía podemos formarnos y trabajar, pero hay compañeras en todo el país que ya están grandes, cansadas, y no cumplen con la idoneidad que piden en los puestos de trabajo”, detalló.
Tuma vive en la localidad de Bell Ville, en la provincia de Córdoba, y hace pocos meses terminó la tecnicatura en enfermería. “Ahora me dedico al cuidado de personas, por fuera de mi profesión”, contó. Su último trabajo formal fue en 2015. “Para quienes no hemos tenido que ejercer el trabajo sexual, que somos unas pocas privilegiadas, es importante el acceso a la educación, pero universitarias y todo no tenemos posibilidad de acceder a trabajos formales”, relató la referente de la Liga LGTBQ+ de las Provincias y remarcó que “la vulneración existe porque se trata de cómo está estructurada la sociedad”.
Para Estévez, el proyecto apunta a “profundizar el proceso de reconocimiento e inclusión del colectivo travesti trans que iniciamos con la ley de identidad de género en 2012 y que continuamos con los decretos de cupo e inclusión laboral el año pasado”, aunque aclaró que “la reparación nunca será total”. En el marco de la presentación de la iniciativa por vía legislativa, la semana pasada la titular de ANSES, Fernanda Raverta, se reunió con referentes de siete organizaciones que representan al movimiento travesti y trans en todas las provincias del país para pensar en conjunto un instrumento que permita acompañar, desde el organismo, a las personas mayores del colectivo mientras tanto el proyecto de Ley se debate en comisiones.
Dentro del recinto existen otros dos proyectos con estado parlamentario –el de Cristina Álvarez Rodríguez y el de Mara Brauer- que sostienen la necesidad de una “reparación histórica” para la población travesti y trans mayor de cuarenta años. El proyecto de Álvarez Rodríguez establece una pensión para aquellas personas que hayan sido privadas de su libertad por causas relacionadas con la identidad de género. El reglamento, ya derogado, de procedimientos Contravencionales del Edicto de Policía establecía, en su artículo segundo, 30 días de arresto a quienes “se exhibieren en la vía pública con ropas del sexo contrario”, una contravención la población travesti y trans sufría las consecuencias de la violencia policial.
Un homenaje a quienes ya no están
La pensión reparatoria es “un homenaje a las compañeras que lucharon por nuestros derechos y no llegaron a tenerlos”, definió Tuma. En este caso, según detallan los fundamentos, el proyecto rinde homenaje a Lucía Torres Mansilla “La Loba”, activista trans de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, asesinada en 2019.
Mansilla tenía 37 años, había editado un libro de poesía y estaba escribiendo su segunda publicación. Como parte de su militancia por los derechos de la población LGTBQ+, fue una de las impulsoras del proyecto de cupo laboral travesti y trans en su provincia. "Su transfemicidio es el eslabón final de una cadena de violencias que continuó luego de ser asesinada", señala el escrito. Para Tuma la cuestión es simple: "somos parte de este país y queremos gozar de los mismos derechos que todes". "No puede ser que estemos luchando por cosas tan básicas, como el acceso a la salud, al trabajo y a la educación", enumeró, para dar cuenta de la dimensión de la desigualdad.
Informe: Lorena Bermejo.
