La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, cumple en la provincia de Salta una serie de actividades que van desde la visibilización del Programa Acompañar hasta una visita a integrantes la Corte de Justicia provincial y un encuentro con integrantes de comunidades indígenas. 

La ministra llegó a Salta por primera vez, se visita fue a días del quinto femicidio en la provincia y luego de la primera reunión del Consejo Federal de Prevención de Femicidios del NOA que se realizó el pasado 5 de mayo en Tucumán. Allí precisamente Salta se sumaba Sistema Único de Registro de denuncias por violencia de género (URGE). 

En relación al incremento de las violencias por motivos de género durante la pandemia, la ministra dijo: "Si no nos comprometemos de verdad para trabajar para la prevención de femicidios y travesticidios, lo único que vamos a seguir haciendo es lamentar año tras año que las cifras no varían". 

Incluso recordó que la primera reunión del Consejo Federal se realizó en el NOA porque "las tasas de femicidios son las más altas del país". En ese sentido, dijo que la principal tarea desde ese espacio es coordinar las políticas públicas porque "no es que no hay, sino que no se articulan y ese es un problema enorme".

En ese sentido, destacó que el Ministerio Público Fiscal de Salta haya sido el primero en firmar un convenio con la cartera nacional y sumarse al Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE).

URGE prevé el intercambio de información estadística y registros, ya sea a través de sistemas de ingesta, transferencia o uso de sistemas de información en común, en materia de género, igualdad y diversidad. Esa información en particular será en relación a los casos, consultas, denuncias y otros datos de interés vinculados a las violencias por motivos de género.

En su primer día en la provincia, la ministra visitó uno de los centros del Operativo Acompañar ubicado en el Centro Vecinal de Villa Luján. El programa nacional Acompañar es la primera política pública que apunta a que las mujeres e integrantes del colectivo LGBTIQ+ puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo y apunta también a reducir la feminización de la pobreza. 

Este programa prevé la asistencia ecónomica a las mujeres e identidades del colectivo LGBTIQ+ que se encuentran en riesgo por situaciones de violencia de género. La ayuda es equivalente a un salario mínimo, vital y móvil por un período de seis meses, además del acompañamiento integral y el acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial.

En Salta, de los 60 municipios, 27 firmaron convenios por el programa. Hay 17 que están por firmar y 16 que no manifestaron aún la intención. 

La difusión del programa también se da en el marco del Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la Violencia de Género, firmado el último 8 de marzo por los gobiernos provinciales de todo el país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gómez Alcorta explicó que ese acuerdo "implica asumir un compromiso colectivo" por parte de los tres poderes del Estado y las provincias para la construcción de políticas de género. 

Violentos y armados 

Uno de los cuestionamientos recibidos en el Ministerio se da en torno a las fuerzas de seguridad y su accionar en relación a los casos de violencia de género. La ministra destacó que desde el Consejo Federal se asumieron compromisos desde cada una de las provincias en materia de seguridad.  

Entre esas medidas, se acordó que si algún miembro de las fuerzas tiene una denuncia por violencia de género, aunque no esté judicializada, se le debe quitar el arma para que no vuelva a su casa con ella. Gómez Alcorta, indicó que el 25% de los femicidios que ocurren en el país son cometidos con armas de fuego, y en la mayoría de los casos, los femicidas son efectivos de las fuerzas de seguridad. 

En Salta, uno de los últimos casos fue el del asesinato de Liliana Flores, de 25 años, quien fue atacada en la madrugada del 24 de diciembre en la localidad de Cerrillos, ubicada a 16 kilómetros de la capital de Salta. Su ex pareja, el agente de policía Hedgar Exequiel Almirón, la asesinó de tres disparos con su arma reglamentaria y después se quitó la vida.

"Una persona violenta con arma de fuego es un potencial femicida", sentenció Gómez Alcorta. Ante esta problemática se aseguró que están trabajando a la par con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabrina Frederic. La ministra destacó la implementación de las pulseras duales, dispositivos colocados en la víctima y el agresor, que dan aviso si este último rompe con el cerco perimetral. 

En ese sentido, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de la provincia, Ricardo Villada, aseguró que la Policía de Salta es "una institución muy importante para nosotros, pero sabemos que debe cambiar y hay un gobierno que está dispuesto a ejecutar esos cambios". 

También destacó que en la provincia se crearon los juzgados especializados en materia de género pero que en el funcionamiento, quedó "demostrado que se agota su participación en las medidas preventivas" y que "la capacidad sancionatoria en materia penal y civil sigue estando en otros fueros". Ante ello, aseguró que el gobierno provincial presentará un proyecto de ley para la creación de un fuero que englobe estas falencias y evite la revictimización de las quienes sufren violencia de género.  

"Nuestra provincia ha dado un paso trascendental y esperamos que los señores legisladores le den tratamiento", indicó. Esto a pesar de que el presupuesto 2021 para las áreas dedicadas a la atención de casos de violencia de género es escaso, aún cuando el año pasado se prorrogó por dos años más la emergencia pública en materia social por violencia de género, que existe en la provincia desde 2014. 

Justamente, la cartera que maneja Villada es la más resonante. Para la Secretaría de Derechos Humanos sólo se destinaron $786 mil; para la Asistencia y Acompañamiento a Víctimas de Delito, unos $ 8 millones, y para la Protección y Promoción de Derechos Humanos, más de $1.8 millones.

Cumplir con la ESI

Gómez Alcorta se refirió a la aplicación de la ley de Educación Sexual e Integral (ESI) y la definió como la "herramienta más potente en prevención de violencia de género" que existe en el país. Para la ministra, la ley guarda una "potencia de masividad" y "tiene la obligación de llegar a los niños, niñas y adolescentes". 

Aseguró asimismo que los contenidos permiten visualizar una enorme cantidad de violencias que han sido naturalizadas. Por lo tanto, contó que junto a organismos nacionales y sociales hacen acompañamiento para ver su puesta en marcha. 

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Mariana Reyes, indicó que se dio un proceso de aplicación durante la pandemia. A pesar de que adolescentes de distintas localidades asegurasen a Salta/12 que en Salta no se educó en ESI durante la pandemia.

Reyes contó que este año se planteó una ampliación de presupuesto para hacer crecer los equipos técnicos y lograr que la ESI "llegue de manera efectiva". "Es parte de este gobierno avanzar en la aplicación de la ESI" porque "es necesaria y no se debe discutir porque es ley y hay que cumplirla", cerró la funcionaria provincial. 

Para hoy la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad tiene una reunión con la Corte de Justicia. Luego presentará el Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género, en un acto del que participarán funcionarias de áreas municipales dedicadas al tema. También se firmará el Acta complementaria del Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG). Por la tarde, viajará a Tartagal para reunirse con integrantes de comunidades indígenas.