Horacio Cadile, presidente del tribunal que lleva adelante el segundo juicio por los abusos sexuales a chicos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, presentó este martes su inhibición y no seguirá a cargo del proceso luego de que la defensa de una de las acusadas, la monja Kumiko Kosaka, lo denunciara tras recibir copias de un chat de WhatsApp donde el juez hace referencia a la mujer en tono de burla. Luego de conocido el apartamiento del magistrado, el Tribunal Penal Colegiado N° 2 anunció la suspensión hasta el 31 de mayo de las audiencias del juicio que comenzó en la primera semana de mayo.

Los abogados defensores de la imputada habían denunciado en la audiencia realizada este lunes que, en un grupo de Whatsapp que comparte con varios fiscales mendocinos, Cadile envió mensajes ofensivos hacia Kumiko. Entre otras cosas, según las capturas de mensajes intercambiados, ante algunos comentarios de los fiscales el juez habría respondido en tono de broma: "Kumiko y yo somos amantes".

Desde la defensa detallaron en un comunicado que, en esos mensajes, "Cadile presuntamente hace una referencia a Kosaka ante el también presunto comentario del fiscal Tómas Guevara que dice 'me han dicho que la Kumiko está practicando karate y lo único que quiere es un rato a solas con el Juez', a lo que Horacio Cadile habría escrito 'Kumiko y yo somos amantes'".

Ante la denuncia, la propia Suprema Corte mendocina abrió un sumario para investigar los hechos y este martes Cadile presentó su inhibición del proceso. En su presentación, el juez pidió disculpas "a quienes se hayan sentido ofendidos por tales expresiones". Asimismo, aseguró que "lo acontecido no impacta en la imparcialidad demostrada", ya que durante la etapa preliminar de la causa fue "absolutamente objetivo e imparcial en la adopción de las distintas resoluciones, encontrándose las mismas debidamente fundadas en derecho".

El juez Cadile agregó que "las expresiones contenidas en el mencionado grupo de WhatsApp corresponden a un ámbito absolutamente privado y conformado por un grupo de personas consideradas amigas y que en ese contexto deben ser tales expresiones interpretadas".

Sin embargo, el juez estimó que "puede ponerse en crisis la credibilidad del Tribunal si continúo integrándolo, por lo que resulta prudente inhibirme". El Tribunal Penal Colegiado N°2, luego de conocida la inhibición, procedió a suspender las audiencias hasta el próximo 31 de mayo. A su vez, informaron fuentes judiciales, frente a la baja de Cadile el Tribunal pasaría a ser presidido por la jueza Gabriela Urciuolo.

El debate había comenzado el pasado 5 de mayo, hace solo dos semanas, con un pedido de nulidad por parte de la misma defensa de Kumiko que fue rechazado por el Tribunal. En las siguientes audiencias se había comenzado la lectura de las más de 250 páginas que contiene la causa judicial, por lo que la inhibición del juez y la postergación hasta el 31 de mayo vuelven a demorar un proceso que de por sí ya se estimaba que sería extenso por la cantidad de pruebas y testigos que pasarán por el estrado.

La monja Kosaka, de 46 años, es la principal acusada en la causa Próvolo II, que investiga los abusos a chicos hipoacúsicos de entre 4 y 17 años perpetrados en el Instituto de Lujan de Cuyo entre 2004 y 2016. La monja carga con imputaciones como autora y partícipe de los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores, entre otros. A su vez, es la única de las nueve imputadas que llegó a este segundo debate en prisión preventiva domiciliaria.

Las demás imputadas son la monja Asunción Martínez, de 53 años; la representante legal Graciela Pascual, de 65; las ex directoras Gladys Pinacca, de 66; Valeska Quintana, de 48; Cristina Leguiza, de 50, y Laura Gaetán, de 60. También enfrentan cargos la psicóloga Cecilia Raffo, de 43, y la cocinera Noemí Paz, de 63. Todas ellas se encuentran acusadas de ser partícipes necesarias y/o secundarias por omisión.

A fines de noviembre del 2019, en el primer juicio realizado por los abusos, el sacerdote Horacio Hugo Corbacho fue condenado a 45 años de prisión, el cura italiano Nicola Corradi recibió una pena de 42 años y el empleado Armando Gómez una sentencia a 18 años. Por su parte, el ex monaguillo Jorge Bordón ya había sido condenado en 2018 a 10 años de prisión tras haberse declarado culpable en un juicio abreviado.