Opinión: desarmando la justicia cis 

El proceso de justicia por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado en nuestro país está consolidado y ha avanzado, en los últimos años, de manera significativa. Estos procesos tienen gran apoyo, como quedó demostrado el 10 de mayo de 2017 cuando cientos de miles de personas se manifestaron, convocadas por organismos de DDHH, en repudio al fallo de la Corte que decidió incorrectamente otorgar, en una causa por delitos de lesa humanidad, el “beneficio del 2x1” a un represor.

Según datos brindados por el Ministerio Público Fiscal (MPF), más de 1000 personas han sido condenadas en las casi 260 sentencias dictadas por tribunales orales de todo el país. Además, estos juicios tienen prestigio internacional y son observados mundialmente como ejemplo de justicia en casos de graves violaciones de derechos humanos. A pesar de eso, estamos lejos de darlos por concluidos.

Quedan todavía muchxs responsables sin determinar -debido a la búsqueda deliberada de no ser identificadxs, que incluyó la utilización de alias y de disfraces-, otrxs se encuentran prófugxs y sobre otrxs -en especial civiles: empresarios, integrantes de la iglesia o del poder judicial-, persiste la total impunidad.

A eso se suma la falta de abordaje de delitos que formaron parte del plan de exterminio, en particular las violencias diferenciales a las que fueron sometidas las mujeres cis en los cientos de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTYE) que funcionaron en nuestro país. El MPF informa que sólo el 13% de las sentencias dictadas condenaron por violaciones, abusos sexuales y abortos forzados, delitos sufridos exclusiva o mayoritariamente por mujeres cis en el momento de sus secuestros o durante el cautiverio al que fueron sometidas. Sin embargo, quienes participamos de estos juicios sabemos que la cantidad de casos es muy superior a ese 13%: todos los días surgen numerosos relatos que prueban que esas violencias fueron sistemáticas y generalizadas.

LA FAMILIA MORAL Y CRISTIANA

A todo lo descripto se suma un grupo de violencias altamente invisibilizadas: lo ocurrido en esos años, como parte integrante del terrorismo de Estado, con quienes estaban fuera de la cisheteronormatividad. Si bien es indiscutible que gays, lesbianas, trans y travestis padecían violencias estatales desde mucho antes del último golpe cívico-militar, en los años del terrorismo de Estado esas violencias se intensificaron. Dicha intensificación tuvo como base el modelo sexo genérico que lxs genocidas buscaban imponer. Ese modelo no era novedoso, estaba profundamente arraigado en la cultura machista de los 70, y se asentaba, a su vez, en lo que los dictadores llamaron la “familia moral y cristiana”. Se trataba, nada más ni nada menos, que de la familia cisheteropatriarcal en donde los roles para “varones” y “mujeres” estaban rígidamente establecidos, el binarismo era absoluto y la cisheteronormatividad era obligatoria. Desafiar ese modelo fue motivo de persecución y de ensañamiento particular con quienes eran consideradxs, por las fuerzas represivas, fuera del mismo.

Sobre lo ocurrido, deben distinguirse dos situaciones: por un lado, cuando gays, lesbianas, trans y travestis eran secuestradxs en el marco de los llamados “operativos antisubversivos” y lxs integrantes de las fuerzas represivas tenían conocimiento -por las tareas previas de inteligencias que realizaban o por advertirlo- de que se trataba de personas con orientaciones sexuales y/o identidades de género no normativas y se ensañaban con ellas por ese motivo.

Por otro lado, se agregan otras situaciones represivas que se agudizaron esos años, pero ocurrían y siguieron ocurriendo durante mucho tiempo después del 10 de diciembre de 1983. Me refiero al secuestro de gays, lesbianas, y particularmente de trans y travestis, bajo la acusación de trasgredir los tristemente célebres códigos contravencionales de la época. Digo secuestro porque no considero que esas situaciones puedan ser llamadas “detenciones” ya que carecían, antes, durante y después del terrorismo de Estado, de la mínima legalidad.

En ese periodo de nuestra historia, esos secuestros y la gama de violencias que conllevaban se agravaron. Entre otras razones, porque según describen lxs sobrevivientes, a las policías -que eran quienes estaban encargadas especialmente de violentarlxs antes del golpe-, se sumaron todas las fuerzas represivas que actuaron en esos años, lo que multiplicó su persecución. Además, a quienes eran secuestradxs se les aplicaron los dispositivos represivos característicos de la dictadura. Sufrieron desaparición forzada, la que se configuraba porque no se les informaba, en el momento del secuestro, a donde eran llevadxs; ni el tiempo que duraría el cautiverio; ni se asentaba en ningún libro su ingreso al lugar donde permanecían; ni se les hacía conocer donde estaban alojadxs a sus familiares o amigxs incluso cuando lxs buscaban. Muchas de estas personas permanecieron en centros clandestinos de detención y fueron sometidxs a las violencias implementadas en esas maquinarias creadas especialmente para el horror, a las que se sumaron algunas especiales vinculadas a la búsqueda de castigo y disciplinamiento por salirse del modelo sexo genérico mencionado. Se calcula que 400 aún continúan desaparecidxs aunque, según recordaba Carlos Jáuregui, CONADEP se negó a incluirlxs en su informe.

Según relatan lxs sobrevivientes, entre las violencias que les aplicaron sufrieron: violaciones, individuales o colectivas; abusos sexuales; amenazas continuas de vivir esas violencias; golpes; aplicación de picana eléctrica y otros métodos especiales de torturas, como mojarlxs con agua helada en pleno invierno; falta de alimentación adecuada; falta de abrigo; falta de elementos de higiene básicos; insultos y/o burlas vinculadas sus orientaciones sexuales y/o identidades de género; insultos y/o burlas vinculadas a sus a sus cuerpos; desnudez forzada; entre otros. A ello se sumaba, en el caso de alojamiento en establecimientos utilizados legalmente para detenidos, introducirlxs en celdas o pabellones con presos para que, a su vez, lxs sometieran a distintas violencias. Además, padecieron situaciones que buscaban forzarlxs a adecuar sus expresiones de género a las consideradas “correctas” por lxs integrantes de las fuerzas represivas: cortarles el cabello; obligarles a vestir ropas diferentes; y romperles la ropa que consideraban no acorde a la que debían vestir.

LAS VOCES DE LXS SOBREVIVIENTES

Si bien desde hace unos años existen algunas investigaciones sobre el tema, como la reflejada en el libro Fiestas, baños y exilios. Los gays porteños en la última dictadura de Flavio Rapisardi y Alejandro Modarelli (recientemente republicado en la Colección Biblioteca Soy de este diario) y el trabajo que desarrolla el Archivo de la Memoria Trans recopilando testimonios y materiales, en el sistema de justicia recién comienzan a abordarse los primeros casos. Fue necesario para ello la lucha e insistencia tenaz de varixs sobrevivientes que comenzaron a hacer oír su voz ante el poder judicial, que representa una de las instituciones más conservadoras de nuestro país.

Lentamente, empezaron a abrirse investigaciones penales en varias jurisdicciones. A pesar de la obvia desconfianza en el sistema de justicia de muchas de las personas que sufrieron estos delitos -desconfianza basada en que el mismo sistema de justicia formó parte del engranaje de persecución y violencia montado durante años, que continua, en muchos casos, vigente- aceptaron relatar las vivencias particulares de esos años.

Sin dudas esta justicia que empieza a activarse lo hace demasiado tarde y de forma fragmentaria, pero no deja de ser importante porque pone las cosas en su lugar. Hace unos días, en una de las causas que se están instruyendo, una testiga dijo que para ella era muy importante entrar al tribunal porque era la primera vez que lo hacía porque así lo quería y para ser escuchada por las violencias que sufrió, no como imputada ni perseguida por su identidad de género. Estaba emocionada porque iba a estar ante un juez desde ese lugar y no siendo acusada por ser quien era.

Eso solo hace que sea necesario seguir avanzando en estos juicios. Sin dudas, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia de nuestro país está incompleto si no lo hacemos. Pero, a su vez, resulta fundamental continuarlo porque hablar de ese pasado de violencias estatales es hablar también de este presente. Es hablar de las discriminaciones y violencias que viven trans y travestis cuando se lxs acusa de delitos, de la falta de perspectiva adecuada al juzgarlxs que desconoce la violencia estructural a la que siguen sometidxs. Es hablar también del translesbohomoodio en muchxs operadores del sistema penal que hace que se siga criminalizando, de distintas formas, a quienes no encajan en la cisheteronormatividad. Es hablar de los transcidios y travesticidios, de las golpizas a gays, de las violaciones correctivas a lesbianas y varones trans. Es hablar de la desaparición de Tehuel hace más de un mes y de la escasa difusión del caso.

“La impunidad genera más impunidad”, decían lxs HIJOS cuando estos juicios parecían imposibles. También la justicia genera más justicia. Por eso es tan importante que sigamos avanzando en la investigación, el juzgamiento y la condena de quienes cometieron estos delitos y, sobre todo, en la necesaria reparación de quienes los sufrieron que más de 40 años después siguen esperando.

*Abogada especializada en género, derechos humanos e Hija.