La pandemia de la covid-19 llegó sobre un escenario económico latinoamericano ya dañado, entre otras cosas, por la paupérrima gestión de varios gobiernos de derecha que no solucionaron ni una de las tareas pendientes y arruinaron gran parte de lo que en la década previa se había construido. El “populismo” demostró largamente mejor performance que el período conservador que le siguió, en esa norma no escrita que es la historia pendular latinoamericana.

El capítulo de inversiones externas directas es una de las muestras. Venían en baja, se frenaron en 2019 y colapsaron en 2020. Lo contrario a la primera década y media del siglo, cuando hubo un ciclo con características propias, liderado desde el Caribe a Tierra del Fuego mayormente por gobiernos progresistas, con excepciones sobre el Pacífico, en donde se registraron fuertes inversiones extranjeras directas (IED). 

Varios de los gobiernos post 2015 prometieron aumentarlas y hacer de ellas una “lluvia” que impulsaría a la región. Ese dislate tuvo un vocero notable en Mauricio Macri, cuyas predicciones, como otras, fueron deliberadamente falsas o resultaron un fiasco.

Según un reciente documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la década finalizada en 2019 tuvo su máximo valor histórico en 2012. Después de ese año (en el último tramo del período de mandatos populares se amesetó la expansión) la caída de la IED “ha sido casi ininterrumpida, lo que se ha hecho evidente principalmente en los países de América del Sur”. 

La Cepal informa que en 2019 ingresaron 160.721 millones de dólares de IED, 7,8 por ciento menos que lo registrado en 2018. Así, “las entradas de IED representaron el 3,2 por ciento del PIB, cifra levemente inferior al promedio de la última década”, que fue 3,4 por ciento.

Desarrollo

Las IED nunca han sido el motor más importante del desarrollo de un país. Al contrario, como muestra la experiencia histórica del mundo industrializado, el desarrollo descansa en un potente mercado nacional, una inversión local que retenga el excedente para ser reinvertido fronteras adentro con altos grados de densidad productiva, y una vigorosa movilización de recursos internos. 

Estados Unidos, China, Japón y países europeos avanzados siguieron ese derrotero sin prestarle atención a los preceptos del libre mercado que sus dirigentes promulgaban pero evitaban. Eso no significa que las IED, si atienden las leyes laborales, ambientales e impositivas del país receptor, sean una buena compañía y complemento, eventualmente, del proceso.

Según la Cepal, en 2019 la distribución regional de las IED fue la siguiente: sólo nueve países hubo más entradas que en 2018. Fueron Perú, Colombia, Chile, Paraguay, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Trinidad y Tobago y Guyana. Es decir, la década cerró con un mejor perfil para recibir IED en Centroamérica y el Caribe que en Sudamérica.

Desde luego, y aunque aún faltan datos que procesar para 2020, el año pasado, pandemia mediante, todo colapsó y las IED retrocedieron en promedio 36 por ciento anual, con Perú, Colombia y Brasil a la cabeza (72, 50 y 45 por ciento, respectivamente), en tanto Argentina tuvo una merma de 35 por ciento y Chile, de 33 por ciento. México pudo surfear bastante bien la crisis con una caída de apenas 6 por ciento.

Motores

Más allá del paréntesis que suponga la covid-19, la Cepal identifica dos motores de origen para las IED en la región, Estados Unidos y China, las mayores economías del mundo.

De la primera, señala que sus vínculos con el Sur del continente profundizaron “la especialización de América del Sur en productos primarios y manufacturas basadas en recursos naturales”, en tanto, “gracias a la cercanía con Estados Unidos y los bajos salarios relativos, en Centroamérica se incrementó la exportación de productos manufacturados, principalmente de baja tecnología, y se redujo la importancia relativa de los productos primarios”. 

En el caso de México, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, renovado hace dos años, lo transformó en “un eslabón muy importante de las cadenas regionales de valor de América del Norte y aumentó progresivamente la intensidad tecnológica de sus exportaciones, sobre todo destinadas a Estados Unidos”.

Sobre China, la Cepal plantea que su modelo de desarrollo y expansión global generó fuertes déficits en varios países, sobre todo en Estados Unidos, y que ello levantó “en todo el mundo políticas proteccionistas (medidas arancelarias y no arancelarias en el comercio y medidas restrictivas sobre la inversión extranjera) que han contribuido a la desaceleración de la producción internacional en la última década, si bien aún no se han traducido en una reconfiguración importante de las cadenas globales de valor”.

China se ha convertido en un inversor externo determinantes en Latinoamérica, aunque ese destino siempre ha sido menor a sus colocaciones de capital en Europa y Asia y en Norteamérica, si bien en 2019 América latina superó a esta última en el marco de una retracción general de la IED de origen chino. El pico de llegada de capitales chinos a la región ocurrió en 2017, con unos 20.000 millones de dólares en compras y fusiones.

En esa caída general, justamente en 2019 China fue cuarto generador de IED global, luego de Japón, Estados Unidos y países europeos, tras haber sido segundo hasta 2018. Para la Cepal, ese fenómeno, que también mermó en parte la llegada de sus capitales a Latinoamérica, tuvo que ver con dos de sus “prioridades nacionales, la iniciativa de la Franja y la Ruta y la estrategia de desarrollo industrial Made in China 2025”, las cuales reorientaron su estrategia externa. 

En este sentido, cabe señalar que si bien la mayoría de las naciones latinoamericanas ingresaron a la Franja y la Ruta, las tres con mayor economía (Brasil, México y Argentina) aún no lo han hecho. En el caso argentino, se concretaría cuando el presidente Alberto Fernández pueda viajar a Beijing. Estas adhesiones harían que China regresara con más grandes volúmenes de IED a la región, dado que un capítulo central de esa iniciativa del gobierno de Xi Jinping es la conectividad y las grandes obras públicas que se necesitan para ella.