Los fiscales Matias Edery y Luis Schiappa Pietra imputaron ayer -y lograron que quedaran detenidas hasta el juicio- a cuatro personas involucradas en un plan para asesinar a un empresario rosarino, que se había convertido de empleado a competidor en los últimos años. Se trata del propietario de la firma Nutrilab de suplementos dietarios, Lucas Farruggia, quien habitaba una lujosa propiedad en Alvarez Thomas y Gallo, en el barrio de La Florida. Su víctima era Mauricio L, quien en 2019 había abierto su propio emprendimiento luego de haber trabajado para él, y quien tenía su local en avenida del Rosario al 2700. Allí tuvo lugar un frustrado atentado contra su vida, el 27 de abril. La fecha límite para darle muerte era le lunes 10 de mayo, pero fue rescatado por un trabajo conjunto de fuerzas federales y provinciales. La saña exhibida en las comunicaciones telefónicas del grupo fue destacada por el propio juez Román Lanzón en su resolución final. Es que las opciones para dañar a Mauricio L. fueron desde quemarle un negocio céntrico, clavarle clavos en las ruedas de su vehículo hasta matar a su hermano para, luego, ejecutarlo a él mismo en el velatorio.   

El mentor del emprendimiento que el propio Edery llamo una "empresa de sicariato" es un conocido de las últimas causas judiciales: Fabio Giménez, quien desde la Unidad N 3 de Zeballos y Ricchieri ordenaba las muertes y ponía precios a sus cabezas, como en el Far West. En este caso, la de Maurico L. iba a costar medio millón de pesos, una cifra de la que sólo se llegó a pagar una parte. El nexo entre ambos era Germán Roberto Ponce, el último de los detenidos y quien trabaja para Catering Gourmet, prestando servicios en el Hospital Privado de Rosario, en cuyas cercanías fue detenido el último lunes. 

El nombre de la empresa de viandas había saltado a la notoriedad porque su propietario Roberto Dutra, violó quince veces la cuarentena rígida definida el año pasado y terminó tras las rejas por desobedecerla. Sus relaciones con una barra líder del club de Arroyito nunca fue desmentida tajantemente. La pertenencia de Ponce a la barra de Newell's, parece confundir este relato, pero solo prueba que en los negocios priman los intereses más que los colores de la camiseta.   

El cuarto imputado es Uriel Reynoso, el tira tiros. 

Según los fiscales, el 21 de abril pasado alrededor de las 14, Uriel Reynoso se presentó en el local comercial de la víctima, en avenida Del Rosario al 2700 y con un arma de fuego calibre 9 milímetros efectuó al menos tres disparos hacia Mauricio L., para luego  escaparse en una motocicleta Honda CB. Fue detenido en Hilarión de la Quintana y avenida Francia diez minutos más tarde.

El ataque fue encargado por Farruggia, quien contactó a las personas y acordó la modalidad y la forma de pago. El dueño de Nutrilab les señaló a los coimputados quién debía ser objeto del atentado, enviándoles mensajes de whatsapp con direcciones y fotografías de la víctima.

"Como dijo el juez en la resolución, si no fuera que lo estamos escuchando, no parecería real. A tal punto el nivel de desparpajo y de desprecio por la vida que se evidencian en estas comunicaciones". Schiappa Pietra

Su contacto era con Germán Ponce, quien recibía los mensajes y los reenviaba a Fabio Giménez quien a su vez se los retransmitía a los autores del hecho. Para los fiscales,  Farruggia concretó y acordó el precio del homicidio y además entregó dinero a Ponce para costear la defensa penal de Reynoso, quien se encontraba detenido por el primer hecho.

Por su parte, Giménez se encontraba detenido en la Unidad 3 de Rosario y fue el encargado de planificar el homicidio desde el lugar de detención. Se contacto era con Ponce, quien informaba los datos de ubicación, horarios, fotografías de vehículos y de las personas que serían las víctimas. Esa información luego era trasladada a Reynoso y Brian G., quienes serían los ejecutores del homicidio.

Según el relato fiscal, Ponce disponía de los recursos humanos y materiales para concretar la tarea encomendada, y para eso, llevó a término tareas de seguimiento de las víctimas antes y después del atentado, para terminar de concretar la tarea iniciada. Todo ello se lo informaba a Giménez, debido a que Reynoso no había logrado su cometido. Por eso, el grupo acordó un segundo hecho contra Mauricio L o contra su hermano Nicolás L., que debía ejecutarse el 10 de mayo pasado.

Schiappa Pietra destacó que las pruebas tuvieron que ver con "declaraciones de personas" pero fundamentalmente, "con información de teléfonos celulares secuestrados en allanamientos y con intervenciones telefónicas".

"Es bueno recordar -detalló el fiscal- que esto comenzó con una intervención telefónica realizada por la Fiscalía Federal, quienes nos manifiestan que tenían en una escucha a quien podría haber cometido el homicidio de Ocampo". Y continuó: "A partir de eso abrimos la investigación a todo un grupo de personas y vimos que no se trataba solamente de un encargo. Como dijo el juez en la resolución, si no fuera que lo estamos escuchando, no parecería real. A tal punto el nivel de desparpajo y de desprecio por la vida que se evidencian en estas comunicaciones", remarcó.

 

 

 

El funcionario judicial desmenuzó el funcionamiento de la organización y explicó que se trataba de un grupo de personas conducido por un hombre que estaba en la cárcel y cada uno tenía distintos roles. "En las comunicaciones se escucha sobre otros atentados que se estaban planificando, hablan de disparar o prenderle fuego a un comercio de las víctimas".