El Gobierno cosechó apoyos al cierre de exportaciones de carne para controlar los precios en el mercado interno no solo de espacios políticos cercanos al oficialismo, sino también de las industrias pyme mercadointernistas y trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Los principales argumentos: la caída del consumo interno por su difícil acceso y ganar tiempo para ordenar el mercado.
"Comparado al 2015, actualmente cada argentino consume 15 kilos menos de carne por año y esto habla de la situación de desmadre de un mercado que privilegiando la rentabilidad de algunos de los segmentos del sector, sobre todo los más concentrados, desabasteció el mercado interno y a partir de los precios que se están pagando hoy por los alimentos impide el acceso de muchas familias a bienes esenciales", afirmó el ministro de la Producción de Buenos Aires, Augusto Costa.
"Todo esto que se dejó de consumir es lo que estamos exportando para ordenar el mercado y encontrar salidas. No es una medida definitiva que pueda generar impacto en el sector, es una medida transitoria para devolver a la mesa de los argentinos lo que necesitamos para poder atravesar este momento”, continuó Costa.
El ex secretario de Comercio fue determinante al momento de referirse a la reacción de la Mesa de Enlace ante las medidas: "¿A quién lastiman suspendiendo la comercialización de carne e impidiendo que el mercado funcione como corresponde? A la mayor parte de la gente que necesita estos alimentos para poder vivir".
El diputado nacional y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, hizo foco en el cese de comercialización convocado por la Mesa de Enlace y advirtió que en Argentina se paga el precio de la carne "como si viviéramos en París".
"Estos sectores de poder, exportadores de carne, quieren que el 60 por ciento de los argentinos sigan teniendo telarañas en el plato, en los cuchillos y los tenedores, que sigan comiendo polenta y fideos. Para ellos lo más importante son sus cuentas bancarias y seguir poniendo los dólares fuera del país", cuestionó Yasky.
El secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Esteban "Gringo" Castro, también consideró la medida como "correcta" para sentarse a discutir un problema que ya es "histórico". "Es muy difícil para nosotros, en los barrios populares, seguir bancando los aumentos de la carne y otros alimentos, que son precios inalcanzables para las familias trabajadoras y para los más humildes", subrayó.
Eduardo Montes, de la Federación de Trabajadores por la Economía Social (Fetraes), agregó: "Entendemos que es una prioridad de nuestro Gobierno gobernar para los sectores más postergados, que además de ser castigados por la alevosa alza de precios de la comida hoy están siendo castigados por la tragedia de la pandemia".
El presidente de la Asociación Pyme y referente del Frente Productivo Nacional, Daniel Moreira, manifestó en sus redes sociales que “exportar carne es necesario, pero nunca puede estar por encima de que el pueblo acceda a ella”. “Empezar por los últimos para llegar a todos”, agregó en su mensaje en alusión al eslogan de campaña que utilizó el Frente de Todos.
"Recuperar el mercado interno, que la alianza Cambiemos destruyó, es una tarea difícil pero indispensable”, agregó Moreira, y sostuvo que es igual de prioritario “poner freno a quienes especulan con los precios, abusando de sus posiciones dominantes en el mercado para que no terminen absorbiendo por la vía del aumento los recursos volcados con mucho esfuerzo por el Estado nacional”.
El presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams, dijo que la disposición oficial debería ser el punto de partida para "organizar este mercado que se disparó". "La medida por este momento es buena; en el Mercado de Liniers hay un problema, no está entrando la suficiente hacienda para el consumo interno", explicó.
Williams señaló que "a las carnicerías carne no nos faltó, pero con este precio es imposible seguir trabajando; ya la gente prácticamente no va a comprar carne porque un kilo de milanesas a 850 pesos es un disparate, no da para el bolsillo del consumidor argentino".