Los pequeños productores hortícolas reiteraron ayer la protesta del “verdurazo” en la Plaza de Mayo en reclamo para que avance la lay de acceso a la tierra y en pos de conseguir algún tipo de reacción de parte del gobierno nacional para paliar la crisis del sector. El reclamo estuvo movilizado por varias organizaciones de productores, entre ellas la Federación Nacional Campesina (FNC), desde donde señalaron que “la situación económica golpea a los pequeños productores y no tenemos ningún tipo de ayuda de los gobiernos, ni de la Nación ni de los gobernadores”. La organización también estuvo a cargo de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que forma parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). “Hay una decisión política del Gobierno nacional de que este sector de la agricultura familiar desaparezca paulatinamente. Con estas políticas vamos a quedar muchos en el camino y vamos a ir a engrosar las villas miseria”, alertó Nazario Ramos, productor e integrante de la cooperativa agropecuaria Nueva Esperanza.

El conurbano platense es la región hortícola más importante del país, dominada por pequeñas plantaciones familiares de entre media y dos hectáreas. Se estima que más del 75 por ciento de las familias no son dueñas de la tierra en la que trabajan y viven. Esto genera un problema  de estrangulamiento de la rentabilidad. “En consecuencia, se observa una total precarización, informalidad y fuerte explotación del trabajador hortícola”, indican especialistas de la Universidad de La Plata.

“Nuestra principal lucha pasa por el acceso a la tierra. Casi todos somos inquilinos y los alquileres de la tierra están pactados prácticamente en dólares, al igual que los principales insumos, como las semillas. Con los alquileres hay una fuerte especulación inmobiliaria que eleva demasiado los precios”, explicó a este diario el productor Nazario Ramos. El proyecto de ley de acceso a la tierra fue presentado el año pasado por el diputado Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, pero no obtuvo respuesta parlamentaria. Prevé la constitución de un fondo fiduciario para generar créditos para la compra de tierras y un Banco Nacional de Tierras para que puedan ser entregadas a las familias pequeño-productoras. 

Ramos explicó que el gobierno nacional le da la espalda al sector. “La suba de la luz el año pasado y en febrero y marzo nos afectó mucho porque los sistemas de riego en los invernáculos dependen del servicio eléctrico. A pesar de muchos reclamos, no hemos podido conseguir una tarifa diferenciada. La empresa eléctrica no quiere saber de nada si no hay intervención del Estado nacional”, agregó. Otro de los reclamos tiene que ver con la imposibilidad de los productores familiares de acceder a créditos bancarios, a raíz de su propia fragilidad financiera y de las condiciones de informalidad que suelen manejar.

Más allá de dificultades de larga data como el acceso a la tierra y la falta de crédito, los productores advierten que el Gobierno también retiró programas de apoyo. “Por ejemplo, dieron de baja los grupos del INTA de cambio rural, que estaban compuestos por técnicos que brindaban en el territorio asistencia para mejorar los emprendimientos y para armar proyectos con organizaciones. Además, el Estado nacional se comprometió después de la terrible tormenta del 5 de febrero a brindar asistencia financiera para que podamos reconstruir los invernáculos. Dijeron que iban a poner a disposición 20 millones de pesos y al día de hoy no hay nada. No necesitamos subsidios pero sí líneas de crédito”, agregó Ramos.

Otra de las problemáticas del sector es la brecha entre los precios que recibe el productos y los valores de venta en las verdulerías. Por ejemplo, un cajón de lechuga de entre 6 y 8 kilos se paga al productor entre 30 y 40 pesos, mientras que en las verdulerías de la zona de las quintas cada kilo se vende a unos 35 pesos. En el caso del tomate, se paga entre 200 y 250 pesos el cajón de 16 kilos y en la verdulería el kilo cotiza unos 40 pesos.