Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, operador judicial estrella de Mauricio Macri, anunció en televisión y en una carta pública que pidió asilo político en Uruguay. Es para eludir la investigación judicial donde está citado a indagatoria para el 17 de junio como parte de una presunta asociación ilícita para perseguir, presionar e intentar desapoderar a los dueños del Grupo Indalo. La jueza María Servini, a cargo de la causa, analiza tomar medidas y no está descartado que pida su detención con fines de extradición. La solicitud de Rodríguez Simón ante el gobierno del país vecino puede demorar hasta noventa días en ser resuelta. Mientras dura ese trámite la extradición no se podría concretar, pero sí podrían detenerlo. 

Rodríguez Simón fue director de YPF durante el gobierno de Cambiemos y diputado del Parlasur, abogado asesor de Mauricio Macri, también del grupo Clarín, y sobre todas las cosas fue uno de los principales arquitectos de la estrategia judicial del macrismo enfocada en alentar y armar causas judiciales contra opositores políticos, y denostar a los jueces y juezas que no se sumaran a esa avanzada. Fue el impulsor de la designación de dos jueces en la Corte Suprema por decreto, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, aunque luego pasaron por el Senado. Mucho antes, en 2008, un dato algo olvidado pero no menos relevante, lo sitúa como titular de la Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP), un organismo que utilizó Macri cuando era jefe de gobierno porteño para apalear a personas en situación de calle.  

El operador macrista estaba citado para el 26 de mayo a indagatoria por zoom, y consiguió que la jueza postergara la convocatoria para el 17 de junio. La jueza le había impuesto una prohibición de salir del país, a pedido de la querella de Fabián de Sousa, pero ya estaba un Uruguay --donde se fue en diciembre último-- y alegó que no tenía forma de volver aunque con anterioridad había presentado un pasaje de Buquebus con fecha de regreso para el 15 de mayo pasado. La prohibición en cuestión está apelada en la Cámara Federal, pero mientras tanto rige y el exasesor estaría en infracción. Su anuncio de pedido de asilo es la confirmación de que no tiene ninguna intención de estar a disposición de la justicia, pese a que la indagatoria es el acto donde puede defenderse. Por eso la jueza analizaba si esperaría hasta la fecha de su interrogatorio o tomaría una determinación antes, y todo hacía suponer que en las próximas horas podría firmar alguna decisión. Habrá que ver si lo declara rebelde y lo considera prófugo, y pide su detención para ser extraditado. Hasta última hora del martes no había llegado notificación oficial de su pedido de asilo en Uruguay. 

En la carta que difundió, "Pepín" --como lo apodan-- dice que tiene "fundados temores de que" si volviera a la Argentina sería "privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal en el marco de cauas judiciales amañadas". En el texto se muestra como un simple exasesor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires denunciado por reclamar impuestos a los concesionarios del juego. En el canal LN + dijo que su petición a Uruguay "tiene un efecto de protección pero es un castigo". "Tengo 62 años, toda mi vida quedó en Buenos Aires, más allá de la hospitalidad de los uruguayos (...) y estoy acá condenado por las irregularidades --agregó en una suerte de lapsus-- y el temor a perder la libertad si vuelvo a Argentina..."   

Cristina Fernández de Kirchner compartió un texto en el que cuenta cómo reacciónó al ver en televisión la cara de Rodríguez Simón, integrante de la "mesa judicial macrista --la misma que decidía procesamientos y encarcelamientos--" y el título que anunciaba su pedido de asilo político en Uruguay. Se le vinieron imágenes a la mente, describe. Empezando por la de "Héctor Timerman regrasando de Estados Unidos enfermo con un cáncer terminal e interrumpiendo su tratamiento por la citación judicial de Bonadio". O también "los desfiles mediáticos de exfuncionarios esposados, enchalecados, encasquetados y en condiciones humillantes, sometidos a paseos frente a las cámaras de televisión de los medios hegemónicos que, con una 'inexplicable' premonición siempre sabían a qué hora y donde iban a suceder las cosas". "Nunca --y cuando digo nunca es nunca-- ninguno de los dirigentes perseguidos, procesados o encarcelados injustamente hizo el más mínimo gesto de sustraerse a la acción, en muchos casos hasta ilegal, del Poder Judicial", enfatiza. Y al final muestra su estupor porque lo único que hay sobre Rodríguez Simón y por lo que pide asilo es un llamado a indagatoria. 

Servini decidió la citación a indagatoria luego de recibir un análisis de las llamadas entrantes y salientes, donde quedó a la vista que Rodríguez Simón tenía 400 llamados con la Secretaría general de la presidencia de Macri, 140 con una abonado de jefatura de Gabinete y luego de Farmacity (que sería Mario Quintana), 162 con el exministro de Justicia Germán Garavano, 59 con el presidente de la Corte, Rosenkrantz, 182 con el Grupo Clarín, 43 con La Nación, entre otras tantas. La jueza analizó contactos en relación a ciertos hitos considerados en la investigación. 

La causa apunta a desentrañar acciones de hostigamiento y ahogo financiero dirigidas al grupo Indalo desde 2015 denunciadas por sus dueños, que fueron encarcelados precisamente durante le gobierno de Macri por una supuesta deuda impositiva. Se investigan presiones para que los medios de Indalo cambiaran la línea editorial en sintonía con el macrismo y atacaran, entre otros, a CFK, y que tampoco replicaran noticias negativas para Macri ni Rodríguez Simón. Este está señalado como quien les anunció, en medio de un reclamo sobre el negocio del juego, que si no accedían a esos pedidos "la guerra del gobierno" contra ellos "había comenzado" y fue entonces que comenzó una seguidilla de notas en los medios, y finalmente la cárcel para De Sousa y Cristóbal López. Se investigan también la quita de la concesión de la autopista Ezeiza-Cañuelas, la exigencia para transferir empresas a otro grupo empresario, y disposiciones de la AFIP tendientes a causar un perjuicio al grupo, como la prohibición para Oil Combustibles de acogerse a una moratoria.