El juez Alfredo Gómez Bello, vocal de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en lo civil y Comercial, resolvió aplicar una multa de $77.000 a la empresa estatal Aguas del Norte por no cumplir la sentencia que le ordenó informar el sueldo de su presidente, Luis María García Salado, de los demás directivos, y del resto del personal que trabaja en esa empresa del Estado.

El 3 de noviembre del año pasado la Justicia había ordenado, haciendo caso a la denuncia presentada por el abogado Gonzalo Guzmán, titular de la página web Salta Transparente, que ese organismo estatal entregue “a título de información pública, las planillas de sueldos o remuneraciones de los miembros del Directorio, de los Gerentes y, demás personal que se desempeña en CoSAySa S.A., con detalle en cada caso, y de cada uno de los ítems de carácter remuneratorio y no remuneratorios que lo integran, correspondientes a los meses de enero a diciembre de 2018, de enero a diciembre de 2019 y de enero y febrero de 2020”.

Esa información, que Aguas del Norte asegura que entregó en la medida de sus posibilidades, es decir, con la planilla de escalas salariales respecto a cada categoría, para Guzmán no fue suficiente porque no se consignan los nombres, por eso se presentó nuevamente a la Justicia a pedir que la multen con un “astreintes”, a lo que el juez accedió.

Para el presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado, el recurso de amparo que interpusieron contra la empresa es igual a la que el mismo abogado “le interpuso a la Corte de Justicia” para que se publiquen los sueldos de los jueces y todo su personal, “y nosotros contestamos exactamente igual a lo que contestó la Corte”, sostuvo. Y subrayó que en ese sentido siente que esta decisión de la Cámara es de alguna manera incongruente, ya que al máximo tribunal de la provincia le dio por respondida la solicitud, mientras que a la firma estatal que representa le impusieron “astreintes” .

“Les dimos el nomenclador de categorías con lo que gana cada una, de la uno a la ocho, y con los escalafones correspondientes, tal cual lo hizo el Poder Judicial y pedimos igualdad”, insistió García Salado. Explicó que la primera sentencia ya fue apelada por Aguas del Norte y ese recurso está en manos justamente de la Corte, que deberá definir sobre un tema en el que también fue denunciada.

García Salado añadió que a Guzmán no le satisface la respuesta que le dieron porque quiere los nombres de cada uno de los que trabajan allí, algo que para ellos es una intromisión y exposición de sus empleados. Y aclaró que en su caso, ya notificó cuánto cobraba en la audiencia que mantuvo con los diputados de la provincia, “ahí presenté cuánto era mi sueldo con todos los detalles, así que es público”, afirmó.

Más adelante detalló que como lo que el denunciante presentó es un recurso de amparo, la apelación de la empresa responsable de distribuir agua a los salteños no suspende ese pedido, “es un recurso devolutivo pero no suspensivo”, por lo que la medida del juez debería cumplirse, “pero si yo la cumplo queda abstracta la apelación que estoy planteando”, esgrimió. Dijo que por esto se atendrá a esperar lo que la Corte dictamine, sin cumplir ni pagar la multa que ordenó ahora la Justicia, “después veremos si hay que pagar con intereses o no”.

“Ahora, después la Corte me tendrá que decir porqué ellos no tienen que presentar todos los nombres y nosotros sí”, añadió el funcionario.

La multa que ordenó Gómez Bello es solo por el período de incumplimiento que comprende entre el 23 de febrero y el 29 de marzo de 2021, por lo que el demandante, adelantó que solicitará se incremente para comprender el período de incumplimiento posterior a esas fechas. También indicó que evaluarán la necesidad de la intervención de la Justicia Penal ante la posición de incumplimiento que asumió la empresa que preside García Salado.

Por decisión del gobernador, el directorio de Aguas del Norte ejerce “ad honorem” sus funciones, aunque al menos en el caso de García Salado y sus asesores, tienen un contrato de trabajo “a plazo fijo”, contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo y que significa que no ingresan como planta permanente sino transitoria y mientras dure su mandato. Ese contrato, detalló, se renueva cada seis meses: “yo estoy totalmente de manera legal, no hay nada que sea ilegal”, concluyó García Salado.