Pasaron doce meses desde que Luis Armando Espinoza --un trabajador rural tucumano de 31 años, casado con seis hijos--, había salido de su casa en Rodeo Grande cerca de las 14 hacia el Paraje Melcho y nunca regresó. Estaba junto a su hermano cuando fue interceptado durante un operativo policial, golpeado y baleado, estuvo desaparecido una semana hasta que su cuerpo sin vida apareció en una zona de alta montaña en Catamarca. Los nueve policías y dos civiles imputados de haber participado del crimen están en condiciones de ser juzgados en juicio oral y público, como dispuso la fiscalía al acusarlos de privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio, agravado por uso de arma de fuego, premeditación e incumplimiento de deberes de funcionario, según supo PáginaI12 de fuentes del caso. La familia Espinoza reclama un pronto juicio y pide prisión perpetua para los policías involucrados.

Era la hora de la siesta cuando los hermanos Espinoza salieron a caballo a visitar a un familiar, y se cruzaron con un operativo policial que buscaba dispersar a los tiros una carrera cuadrera clandestina que, además, violaba el ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio). Sin una orden judicial, el comisario de la localidad de Monteagudo, Rubén Montenegro, había convocado a nueve de sus hombres que fueron al procedimiento vestidos de civil y en autos particulares. Al llegar comenzaron a disparar. "Juan se cayó del caballo. Vinieron los policías y comenzaron a golpearlo. Luis, que observó la escena, fue en su ayuda. También le pegaron. Juan escuchó unos tiros y después vio cómo se lo llevaban a un monte, y no supo nada más de él. Juan les preguntó qué había sido de Luis, y le dijeron que se había escondido entre la vegetación", recordó Lorena Espinoza, hermana de ambos. 

Juan tenía heridas en la cabeza, el pecho y los brazos. Los lugareños encontraron rastros de sangre, y vieron una camioneta, que luego se determinaría era propiedad de uno de los oficiales de la zona. Al principio los familiares de Luis "tenían la esperanza de que estuviera herido o confundido, hasta que alguien llegó con la noticia de que su caballo volvió a la casa solo. Fueron a preguntar si estaba detenido, les dijeron que no. Tampoco estaba herido en ningún hospital. Nadie sabía nada. Pasaron la noche buscándolo. Al día siguiente, peinaron el monte pero no había rastros", relató la periodista Mariana Romero desde Tucumán, sobre esas horas. Junto a vecinos cortaron la ruta para atraer la atención de los medios, y acusaron directamente a la policía.

"La policía lo llevó y lo tiró en otro lado", gritaba su madre Gladys Herrera durante uno de los operativos de búsqueda, con helicópteros, drones y 200 policías de la Brigada de Investigaciones. "Luis no está con vida, su familia lo sabe, se crió en el campo, jamás se perdería, le tuvo que pasar algo para desaparecer", dijo en ese momento Cinthia Campos, abogada de la familia, a PáginaI12. Pasaron cinco días y durante el peritaje de la camioneta policial aparecieron manchas de sangre. El ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Maley, pasó a disponibilidad a nueve policías de la comisaría de Monteagudo, y esa noche fueron detenidos junto a un vigía comunal, luego de una serie de allanamientos donde se secuestraron autos, celulares y ropa, imputados del delito de desaparición forzada de persona por pedido de la fiscal Mónica García de Targa. Numerosas personalidades y organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas desplegaron el reclamo de aparición con vida por las calles y en las redes sociales.

Dos de los imputados quebraron el pacto de silencio. Los oficiales René Ardiles y José María Paz declararon lo que sabían y admitieron una participación menor en el encubrimiento. El cuerpo de Luis había sido llevado entre cuatro policías en el auto particular del subcomisario Montenegro y arrojado al vacío en las barrancas de la zona de Alpachiri, en territorio catamarqueño. En dos autos particulares aparecieron restos de sangre, al igual que en la comisaría. El 23 de mayo de 2020, bomberos voluntarios colgados de arneses, entre una densa niebla, hallaron el cadáver en una de las barrancas, a 150 metros de profundidad. Estaba envuelto en nylon negro, con una bolsa blanca en la cabeza, y le habían quitado su ropa.

El fiscal de homicidios del Centro Judicial de San Miguel de Tucumán, Carlos Sale, requirió la elevación a juicio de la causa contra Montenegro, José Morales, Miriam González, René Ardiles, Victor Salinas, Carlos Romano, José María Paz, Gerardo González Rojas y Claudio Zelaya.

Además les imputó privación ilegítima de la libertad y lesiones en perjuicio de Juan Espinoza, hermano de Luis. Los civiles involucrados son Héctor Villavicencio, quien oficiaba como vigía, y Álvaro González, quien ya recuperó su libertad. De acuerdo a la investigación, Morales disparó su arma reglamentaria Espinoza, por la espalda y a 10 metros. Sin saber si Espinoza continuaba con vida no prestó asistencia médica y comenzó el operativo de encubrimiento. González Rojas fue a buscar una bolsa de gran tamaño y se trasladaron a la comisaría. Desde allí partió el Volkswagen Fox hasta el paraje La Banderita, donde arrojaron el cuerpo.