“Las tecnologías de impunidad terminan de hacer sentido a partir de constatar todas las trabas que han emergido en el proceso de investigación judicial de las torturas cometidas por miembros de Fuerzas Armadas en perjuicio de los soldados conscriptos”, explica Jerónimo Guerrero Iraola, abogado, docente universitario y autor del libro “Tecnologías de impunidad. Cómo la dictadura intentó ocultar los crímenes cometidos durante la Guerra de Malvinas”.

Editado en forma conjunta por la Editorial de la Universidad de La Plata (Edulp), el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata y el Instituto Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el libro tiene su antecedente en la tesis “Terrorismo de Estado y Malvinas: el montaje de la impunidad”, con la que Guerrero Iraola obtuvo el título de magíster en Derechos Humanos. También es resultado del trabajo que realiza junto con su par Laurentina Alonso al frente de la querella que lleva adelante el Cecim La Plata por estos crímenes, en representación de 120 víctimas y testigos.

-¿Cómo surge el término "tecnologías de impunidad"?

-Es un concepto que viene a suturar una falta, porque entre los testimonios de los soldados, los documentos oficiales que dan cuenta de las torturas, el accionar estatal y los resultados judiciales, existe un hiato. Toda investigación sobreviene a una pregunta. El tema es que, con el trajín propio de una causa como aquella en la que se investigan las torturas y otras violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en perjuicio de los soldados conscriptos, es difícil detenerse a pensar. Tecnologías de impunidad resume eso. Es el pasaje del crimen de Estado, es decir, una estatalidad terrorista diseñando mecanismos de acción psicológica, dispositivos de inteligencia y contrainteligencia haciéndose cuerpo. En otras palabras: su dimensión somática. Hay un cuerpo, que puede ser el del soldado torturado o el soldado testigo, cuyo cuerpo pasa a estar atravesado por una técnica y una lógica. La técnica es, justamente, la maquinaria burocrática puesta al servicio de la impunidad. La lógica es el temor, el silencio impuesto, el “mejor no hablar de ciertas cosas”.

-¿Cuál fue el aporte de este concepto para el abordaje de estos crímenes?

-Es central es que se comprenda que el silencio obedece a un imperativo que se hace carne a instancias de mecanismos biopolíticos. Los soldados, a la vuelta de la guerra, se enfrentaron al Estado totalitario, a la estatalidad torturadora. Desde allí, los miembros de las Fuerzas Armadas que se encontraban en los centros de recepción, los amenazaban, los hacían firmar documentos, les “sugerían” el silencio como el único medio posible y deseable para no sufrir consecuencias.

Entonces, el hallazgo de la investigación es la instrumentalidad del concepto. Es preciso para pensar y desmontar el montaje de la impunidad. Es útil para entender que las órdenes firmadas por diversos estamentos militarles y su aplicación directa han dejado una huella indeleble. Por ello, a 39 años de la Guerra de Malvinas y a 14 de iniciada la causa penal, es tan dificultoso romper determinadas espirales de silencio. La víctima resultante de las tecnologías de la impunidad debe ir primero contra sí mismo, para luego ir contra una discursividad social granítica: el héroe.

“Tecnologías de impunidad es el pasaje del crimen de Estado, es decir, una estatalidad terrorista diseñando mecanismos de acción psicológica, dispositivos de inteligencia y contrainteligencia haciéndose cuerpo”.

-En el libro planteás que los soldados argentinos atravesaron distintos momentos de vulneración de derechos. Podrías explicar cómo se articulan y por qué constituyen crímenes de Estado.

-Los soldados conscriptos han vivido, al menos, tres momentos de serias vulneraciones a los derechos humanos: en primer término, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estos crímenes fueron cometidos por agentes estatales, por miembros de las Fuerzas Armadas formadas en la doctrina de la seguridad nacional. Segundo, debieron enfrentar el montaje del silencio, esa dimensión oscurantista forjada a instancias de las tecnologías de impunidad. Allí se configura en su cabal dimensión de las torturas en tanto crímenes de Estado. El tercer momento, la perpetración de una nueva violación a los derechos humanos, que es la revictimización y la privación del derecho-garantía a la tutela judicial efectiva.

-¿Por qué costó tanto introducir la causa que investiga estos hechos?

-Precisamente, cuesta porque hubo un diseño digitado. La impunidad se debe a las tecnologías diseñadas y desplegadas por las Fuerzas Armadas. Los obstáculos fueron finamente establecidos por un Estado dictatorial. En ese sentido, contemplemos, por ejemplo, que los archivos relativos al conflicto bélico del Atlántico Sur fueron desclasificados en 2015. Hace sólo algunos años que esa documentación central, producida “en caliente” por las Fuerzas Armadas, está a disposición de quienes representamos las querellas en la causa. Entonces, son 39 años de iniciada y finalizada la guerra, 14 de las primeras denuncias penales y sólo 5 años de contar con esos insumos que refuerzan y completan el detallado y exhaustivo testimonio de las víctimas. En este punto, por ejemplo, hace semanas conocimos un fallo, de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que busca instaurar la dinámica de la impunidad.

Hay sectores del Poder Judicial que replican una dinámica de justicia de casta. Una justicia para unos pocos, que intenta perpetuar las lógicas internas de las tecnologías de impunidad. Por ello, la batalla no es sólo jurídica. Hay un nivel gramsciano de abordaje que supone accionar hacia el desmonte de los silencios impuestos, de la burocratización de dichas imposiciones. Hay una apuesta que es cultural y, sobre todo, política. Lo judicial es coadyuvante, pero es necesario que se conozca cómo esta impunidad aún reinante es el fruto de una decisión de la dictadura, que resuena en algunos despachos de jueces y juezas.