El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Personas de las Naciones Unidas confirmó ayer que visitará el país el mes próximo. Durante diez días la delegación de la ONU que en octubre pasado determinó que la dirigente Milagro Sala estaba detenida arbitrariamente y que el gobierno nacional debía poner en funcionamiento los mecanismos necesarios para dejarla en libertad viajará a Jujuy, donde Sala está encarcelada, y a otras tres provincias y se reunirá con funcionarios locales y nacionales.
Los miembros del grupo de trabajo de la ONU dedicado a analizar y denunciar casos de detenciones arbitrarias llegará el 8 de mayo y permanecerá en el país hasta el 18. Recorrerá Santiago del Estero, Chubut, Buenos Aires y Jujuy, donde especialmente se dedicará a informarse sobre las condiciones de detención de la referente de la organización social Tupac Amaru.
Cancillería será la cartera encargada de pautar la agenda de la delegación que, además de reunirse con funcionarios del Ministerio del Exterior, hará lo propio con integrantes de la secretaría de Derechos Humanos y las carteras de Justicia y de Seguridad. La visita concluirá con una conferencia de prensa.
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, se reunió ayer en Ginebra con integrantes del grupo de la ONU para dialogar “sobre detalles de la visita que fue invitación del Gobierno argentino”, informó. “La invitación de Argentina fue mencionada con gran beneplácito, y se avanzó en aspectos organizativos que tienen que ver con la agenda que desarrollará la delegación en Argentina entre el 8 y 18 de mayo”, dijo Avruj, quien lleva a cabo distintas reuniones en la ciudad suiza con representantes de organismos internacionales.
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria es un mecanismo creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que expertos tienen como función averiguar sobre casos en los que existan detenciones que puedan atentar contra los principios establecidos por normas internacionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En octubre del año pasado, este grupo solicitó la liberación de Sala. Tras analizar las causas judiciales por las que la dirigente social se encuentra detenida bajo prisión preventiva, el organismo de la ONU consideró que “no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva” y “que no se demostró que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad”.
Sala está detenida desde enero de 2016, primero por realizar un acampe de protesta frente a la gobernación. Luego, se sumaron varios expedientes en los que la acusan de hechos de corrupción. El organismo internacional consideró que hubo una maniobra con causas que se concatenaron para mantenerla presa. Luego de que se conociera ese pronunciamiento, el gobierno invitó el grupo de Trabajo con el objetivo de que cambiara su postura, aunque la resolución ya fue dictada. Los expertos vendrán para analizar si se está cumpliendo su reclamo.
