Los tribunales de Comodoro Py presentan paradojas en casa esquina. El fiscal Carlos Stornelli, procesado en la causa de espionaje de Dolores, deberá en los próximos días responder si quiere seguir a cargo de la otra investigación sobre el rol de los servicios de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, que, hasta hace pocas semanas atrás, tramitó en la justicia federal de Lomas de Zamora. En las últimas horas, el nuevo juez a cargo del expediente, Marcelo Martínez de Giorgi, le pidió a Stornelli que opine sobre el pedido de recusación que formularon los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa después de que la Cámara Federal de Casación ordenó el pase de la investigación a los tribunales de Retiro.
Cuando el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas empezó a reclamar que la investigación de espionaje de Lomas de Zamora viajara hacia Retiro, la jueza encargada de llevar el expediente de inhibitoria fue María Eugenia Capuchetti, que estaba de turno con el fiscal Stornelli. Capuchetti nunca sostuvo su competencia para investigar a diferencia de Stornelli que quería hacerse de la causa que instruían el juez Juan Pablo Augé con los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. Pese al interés en atraerla hacia Comodoro Py, Stornelli no se privaba de llamarla en sus dictámenes "bola de moco".
El mes pasado, los casadores Mariano Borinsky y Javier Carbajo ordenaron a Augé que remitiera el expediente a los tribunales de Comodoro Py. Capuchetti rápidamente se excusó y explicó que no podía hacerse cargo de la investigación porque ella misma habría sido víctima de la intrusión de la AFI en sus registros de viajes, según surge en una causa que está centrada en el uso de las bases de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) durante el macrismo. La semana pasada, Martínez de Giorgi aceptó su excusación la semana pasada y se quedó con el expediente.
Mientras estaba en discusión la competencia, Stornelli hizo una presentación para excusarse de intervenir si la causa viajaba a la Ciudad de Buenos Aires. No dijo una palabra sobre su procesamiento por sus andanzas con el espía Marcelo Sebastián D’Alessio, sino que sostuvo que no podía intervenir porque es querellante en la causa del Operativo Puf, armada en Comodoro Py para torpedear la investigación que iniciaba el juez Alejo Ramos Padilla, cerrada por el propio Martínez de Giorgi por inexistencia de delito y reabierta recientemente por decisión de la Cámara Federal.
Pero la excusación de Stornelli ni siquiera era en todo el expediente de Lomas, sino únicamente en el llamado Legajo 9-- donde consta el espionaje a los políticos y empresarios kirchneristas presos en Ezeiza. Los abogados Rúa y Peñafort lo recusaron en todo el expediente porque sostienen que no puede investigarse a sí mismo. ¿Por qué? A la causa de Lomas está incorporada otra causa en la que el propio Stornelli está imputado junto con Mauricio Macri, Elisa Carrió, Paula Oliveto y Patricia Bullrich. En esa causa, según el dictamen firmado por el fiscal Gerardo Pollicita que citan Rúa y Peñafort, habían sido acusados por maniobras de espionaje contra las personas privadas de su libertad en Ezeiza.
Stornelli fue internado la semana pasada tras presentar una complicación en su salud derivada de un cuadro de Covid. En Comodoro Py, fuentes judiciales entienden que el fiscal no se reincorporará hasta dentro, al menos, de una semana. Es probable que espere hasta entonces para opinar sobre su permanencia en un caso de tanta sensibilidad política. Si Martínez de Giorgi decidiera que no debe continuar en el caso, la decisión sobre quién será el fiscal que quede al frente del expediente quedará en manos del fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe.
La causa de espionaje que tramitó en Lomas de Zamora tiene 39 procesados: 38 en el tramo de los Súper Mario Bros y los espías penitenciarios, a los que se agrega el exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste por el espionaje sobre Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria. Entre ellos están el propio Arribas y su número dos, Silvia Majdalani. En las últimas horas se conoció también que Alejandro Pérez Chada, un abogado de máxima confianza de Macri, dejó la defensa técnica del exSeñor Cinco de la AFI macrista. Además, el juez Augé procesó a los espías conocidos como los Súper Mario Bros y a las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante el gobierno de Macri.