Para obligar a los docentes y no docentes a la presencia física en las escuelas el jefe de gobierno porteño desobedeció un DNU presidencial, sumó fallos de jueces adictos sin jurisdicción y por último la aprobación extemporánea de la Corte Suprema que sólo hizo fulbito para la tribuna sin sentencia aplicable. Como dice Angelica Graciano desde la UTE “Los padres de una Horda a los que no atraviesa ninguna ley”. Con toda esa artillería no doblegó la decisión colectiva del cuerpo docente apoyado por la comunidad educativa quienes consideraban que las condiciones sanitarias no están dadas para mantener las escuelas abiertas. 

Quince educadores muertos es el saldo de la aventura de Horacio Rodríguez Larreta, que pesará sobre la conciencia de los jueces que, en modo remoto, firmaron las sentencias. La curva ascendente de contagios en la ciudad autónoma no ha parado de crecer a pesar de las eufemísticas explicaciones del ministro de salud de CABA Fernán Quirós. Desgraciadamente, la muerte le da la razón al sentido común de los trabajadores de la educación. Ningún trabajador está obligado a asumir la muerte como posibilidad cierta para desempeñar sus tareas y ninguna patronal tiene derecho a obligar a correr ese peligro cuando están contando con la opinión de las máximas autoridades sanitarias que avalan el riesgo cierto de los contagios y muertes.

¿Se equivocó H.R.L?. sería muy ingenuo, casi inocente plantearlo en esos términos. Es la punta de lanza de una concepción política e ideológica que cruza horizontalmente el arco político. Tiene cultores entres sus compañeros de camino. El gobernador de Mendoza encabeza la tropilla, lo siguen diputados y senadores y algunos de los del otro lado que aprovechan para diferenciarse del gobierno y hacer buena letra con la derecha económica. Lo del gobernador Omar Perotti en estos últimos días es una vergüenza. Juan Schiaretti y Mariano Arcioni no pierden la ocasión de despegarse de la responsabilidad de tomar medidas resistidas.

La memoria histórica es implacable con los naturalizadores de la muerte. Baste recordar la desaparición sistemática y sostenida de militantes políticos en la década del 70. Todo estaba naturalizado y lo acompañaban con consignas repugnantes como “por algo será”, “en algo andaría”, etc. Sin embargo, la cifra de los 30.000 es una herida abierta que no se puede cerrar. Los responsables de aquellos crímenes están purgando duras condenas y la peor es la consideración social sobre aquella historia. Los indolentes de ahora, los negacionistas, los gobernantes que priorizan las encuesta por sobre la vida de los que dependen de sus actos, los charlatanes de los medios que todo lo banalizan pasarán a la historia del olvido. Gobernar implica sumarse a una historia que nos precede y a un futuro que nos espera. No sea cosa que por favorecer intereses concentrados terminemos destruyendo nuestra propia Patria.

Los Trabajadores de la salud, los maestros, los estatales afectados a tareas imprescindibles en escuelas y hospitales, los recolectores de residuos, los empleados de supermercados, los colectiveros y camioneros, los trabajadores de los subterráneos, los ferroviarios y los embarcados transitan la delgada línea entre la vida y la muerte. Deben saber los ejecutivos, los legisladores y los jueces que su autoridad tiene un límite y que es muy peligroso sobrepasarlo. El derecho a la legítima defensa colectiva es el alma de la vida sindical y la razón de ser del movimiento obrero en la historia.