Avances en biotecnología, a partir de la década de 1980, propiciaron cambios sustantivos en las capacidades productivas y en el modelo de negocio de la industria farmacéutica a nivel mundial. Esta mejora estructural fue causa y efecto de procesos de innovación y desarrollo, y del aumento de la productividad en el segmento, dando origen a los llamados biomedicamentos y vacunas modernas. En el sendero de la tendencia del capital hacia la financiarización y concentración se consolidó una nueva estructura industrial médica, farmacéutica, financiera y transnacional.

Este entramado se montó sobre la modificación de los patrones de consumo impulsado por una creciente demanda de fármacos, y la adopción de estrategias sanitarias públicas que garantizaron rentas extraordinarias para el sector. La producción, consumo y comercialización de medicamentos y vacunas elaboradas bajo estos parámetros se concentra en los países centrales, que lideran las actividades de investigación científica, innovación y desarrollo.

La técnica de recombinación de antígenos permitió el desarrollo de vacunas más costosas a partir de la utilización de elementos generados con técnicas tradicionales. En este pasaje, las vacunas tradicionales de uso masivo y bajo costo fueron paulatinamente sustituidas por vacunas modernas de uso restringido y alto precio. 

Los cambios operados en la esfera productiva y de comercialización se reflejaron en modificaciones normativas, como en el caso de los cambios en la regulación de los Derechos de Propiedad Intelectual impulsados en Estados Unidos, luego globalizados, que permitieron el registro de patentes de investigaciones financiadas con fondos públicos, con la posibilidad de cederlas bajo la forma de licencia exclusiva a firmas privadas.

Producción

Un conjunto de organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, impulsan una propuesta de exención de normas vigentes para, donde sea técnicamente posible, permitir una producción descentralizada de las vacunas. Para ello solicitan liberar patentes y el secreto industrial con el objetivo de disminuir costos, acelerar tiempos, y ampliar disponibilidad, tan necesaria en el actual contexto.

Los países y laboratorios de la cúpula industrial bloquean la iniciativa asegurando que el régimen de patentes promueve la inversión privada, innovación y el avance científico, sin lo cual no se hubiera conseguido elaborar vacunas en tiempo record. 

Sin embargo, el desarrollo de vacunas públicas cuestiona esta hipótesis. La Sputnik, una de más eficaces, fue enteramente desarrollada por una institución estatal rusa en el marco de un sistema científico robusto de vasta trayectoria y amplia tradición en el desarrollo de vacunas. 

En el mismo sentido, los grandes laboratorios privados que patentaron sus vacunas lo hicieron por medio de un importante aporte de financiamiento estatal. Los laboratorios estadounidenses recibieron 14.000 millones de dólares de los contribuyentes, mientras que la vacuna de Astrazeneca fue desarrollada con 95 por ciento de fondos públicos.

Particularidades argentinas

Las políticas de reforma implementadas durante los '90 generaron transformaciones en la industria, promoviendo la liberalización, concentración y extranjerización del sector. Políticas para desregular el mercado, liberar precios, eliminar aranceles a la importación y flexibilizar normas para la venta/registro de medicamentos fueron articuladas con estructuras normativas que habilitaron un aumento significativo de la participación de capitales extranjeros en la industria. 

La sanción de una nueva ley de patentes de invenciones, sin carácter retroactivo, en el marco de la adhesión argentina en 1995 al acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual en el Comercio representa las condiciones en las cuales operó esa transformación. La participación del capital extranjero en la industria pasó de 40 a 54 por ciento en el lapso 1991-2000. El fin del régimen de convertibilidad y la consecuente crisis social y económica permitieron la reversión de ese proceso.

El dólar alto y la contracción del mercado producto de la crisis económica en esos años, estimuló la producción local de medicamentos para el consumo interno y la exportación. 

En este marco, el capital extranjero optó por realizar acuerdos de producción local a través de licencias y reconfigurar su participación a través de la importación. Las sanciones de leyes de genéricos (2002), de modificación de patentes (2003) y la declaración de interés nacional de la producción pública de medicamentos (2011) configuraron iniciativas estatales para impulsar una segunda etapa de desarrollo nacional a la industria, aunque no lograron revertir la dinámica general de dependencia extranjera de componentes establecida en los '90. 

En 2018 y 2019, el déficit en la balanza de pagos de la industria farmacéutica nacional alcanzó los 2400 millones de dólares, según el Indec, mientras que durante 2020, cuando se analiza la facturación por país de la droga madre que se utilizó para la elaboración del producto (Indec), Argentina sólo representó el 20 por ciento.

Vacuna Nacional

Desde fines del siglo XIX, la Argentina fue pionera en la producción de vacunas y sueros por medio de instituciones estatales. 

Como ejemplo de ello puede señalarle la producción de la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina, actualmente elaborada por Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas. Sin embargo, desde fines de los '70 la elaboración local e instituciones públicas que encabezaban ese proceso se vieron desplazadas por la llegada de empresas transnacionales y la primacía de vacunas modernas que sustituyeron la producción nacional, estructurada en el método tradicional.

La ampliación del Calendario Nacional de Vacunación (CNV) como política de acceso a la salud desde 2003 (creció de ocho a diecisiete la cantidad de vacunas obligatorias) y el surgimiento de problemas epidemiológicos nacionales como la Gripe-A, impulsaron la participación de grupos locales, dando paso a una nueva modalidad de alianza entre un grupo nacional y una empresa multinacional para la transferencia de tecnología. 

La empresa multinacional abastecía al mercado interno, en una primera fase con vacunas importadas, y simultáneamente transfería a las empresas locales las capacidades productivas. Con apoyo financiero del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, dicha experiencia posibilitó a grupos farmacéuticos locales contar con capacidades de formulación de productos biológicos en una escala de alcance regional o mundial.

Señalados estos avances, la expansión de la política de vacunación sin la adecuación normativa que fortalezca la producción local, junto con el contexto global de transformaciones en la industria, configuraron un escenario de sesgo importador y extranjerización de la fabricación y provisión, diluyendo la centralidad estatal, deteriorando capacidades productivas locales e incrementando las desigualdades tecno-productivas respecto del sector. 

De acuerdo a un estudio de la investigadora del Conicet Dora Corvalán, para el 2010 el 79 por ciento de las vacunas aplicadas en el CNV eran de empresas multinacionales.

Punto de partida

En Argentina, la inversión en investigación y desarrollo (I+D) representa, según datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, 0,46 por ciento del PIB. Aun cuando se trata de una magra inversión en términos comparativos (por debajo de la media de Iberoamérica y muy lejana del 2,34 por ciento promedio que invierten los países de la OCDE), el 60 por ciento de esos recursos provienen del Estado.

Datos del MinCyT señalan que la industria farmacéutica local encabeza el podio de inversión privada en I+D con una incidencia del 27 por ciento, y representa el tercer sector industrial en cuanto a magnitud de aporte en valor agregado actualmente. En una tendencia estable en el nuevo siglo, durante 2020 aumentó 50 por ciento su nivel de facturación respecto al año anterior (Indec), 15 por ciento por encima de la inflación anual en un contexto de caída del PIB. El 90 por ciento de su facturación se destinó al mercado interno.

La participación de los laboratorios nacionales es de 60 por ciento del mercado y el 70 por ciento de los medicamentos vendidos son elaborados por estos, aunque el peso de los importados se cuadruplicó en los últimos veinte años. De acuerdo a datos de CILFA, cámara que agrupa a los laboratorios farmacéuticos locales, para el 2020 cerca del 78 por ciento del origen del capital en la industria farmacéutica es argentino.

Al contar con capacidad de inserción en mercados regionales y carácter industrializante sobre el entramado productivo nacional, la industria biofarmacéutica argentina puede ocupar un rol central en la difusión intersectorial de conocimientos científicos y tecnológicos hacia otros sectores industriales.

Industria

El auge de las industrias 4.0 y nuevas tecnologías en los procesos productivos, posibilitan oportunidades de entrada para países de desarrollo intermedio en determinadas actividades donde los cánones de aprendizaje no son inalcanzables, aunque se necesitan condiciones mínimas de infraestructura de Ciencia y Tecnología.

Argentina tiene un nivel inferior de inversión en I+D respecto a países desarrollados, pero posee infraestructura técnico-productiva profusa en las ramas de la industria farmacéutica. El desafío es lograr que el entramado no sea apropiado comercialmente por parte de empresas multinacionales.

Resulta necesario entonces que el Estado fortalezca capacidades y desarrolle políticas propiciando una sinergia capaz de alcanzar las necesidades de financiamiento, infraestructura y tecnología sin abandonar la disputa por el sentido de sus acciones, reposicionándose como el actor relevante que es para el proceso de desarrollo.

La llegada de Sputnik para ser producida en un laboratorio que recibió un fuerte impulso estatal en su recorrido, junto con el apoyo y financiamiento a proyectos locales para vacunas y tratamientos contra la covid-19, presentan una oportunidad esperanzadora en ese camino.

* Sociólogo. Integrante del Observatorio de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).

 

** Socióloga. Integrante del Observatorio de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).