La policía turca arrestó ayer a más de mil agentes policiales en una masiva operación cuyo objetivo es arrestar a 3224 seguidores del clérigo islamista Fethullah Gülen, autoexiliado en Estados Unidos, a quien el gobierno acusa de organizar el golpe fallido del pasado julio.

Así lo informó el ministro del Interior turco, Suleyman Soylu, quien precisó que hasta ahora fueron detenidos 1009 policías en 72 provincias, a quienes se las acusa de actuar como “jefes secretos” que actúan como “topos” dentro de los cuerpos de seguridad del Estado. “Se trata de un importante paso para la República de Turquía”, dijo Soylu, en relación al megaoperativo del que participan alrededor de 8500 policías apoyados por agentes de los servicios de inteligencia turcos MIT en todo el país, informó el diario turco Hurriyet en su versión electrónica.

Sólo en Estambul, la principal ciudad del país, unos 2000 agentes de la policía buscan a 390 sospechosos, de los que ya fueron detenidos 172.

La fiscalía de Ankara, responsable del dispositivo, considera que los acusados “son jefes secretos civiles de FETO (el acrónimo creado por las autoridades para referirse a la red de simpatizantes de Gülen) dentro de la Dirección de Seguridad”.

Las autoridades turcas acusan a Gülen de haber creado un “Estado paralelo”, colocando a sus seguidores en puestos de la Administración, la judicatura, las Fuerzas Armadas y la Policía. Gülen fue hasta 2013 un estrecho aliado del Gobierno islamista turco, que permitió la entrada de sus colaboradores en la Administración pública turca.

Aunque las purgas contra supuestos miembros de la red comenzaron antes del fallido golpe de Estado del pasado julio, tras la intentona se han acelerado las detenciones y despidos de funcionarios, jueces, fiscales, profesores, militares y policías acusados de apoyar a Gülen. En total, unos 130.00 empleados públicos fueron suspendidos desde el pasado julio. La respuesta gubernamental a la intentona golpista recibió fuertes críticas de la comunidad internacional. Más de 47.000 personas permanecen detenidas por estar presuntamente relacionadas con Gülen, y decenas de miles de funcionarios fueron despedidos.

Turquía se encuentra en estado de excepción desde la intentona golpista, situación que otorga amplios poderes a las autoridades. Ayer, Ankara condenó “firmemente” una decisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, por sus siglas en inglés) de vigilar el funcionamiento de las instituciones turcas, tras considerar que se adoptó por motivos políticos y calificarla de “injusta” y “hostil”. “Condenamos firmemente esta injusta decisión de la PACE tomada por motivos políticos”, señaló el ministerio turco Relaciones Exteriores en un comunicado.

“Tras haber ignorado las contribuciones de Turquía a la seguridad y la estabilidad europeas, esta decisión de los parlamentarios de la PACE muestra una mentalidad imprudente que carece de visión estratégica e ignora los valores comunes y democráticos en los que se basa Europa”, añade la nota. Poco antes de su publicación, el vicepresidente del Parlamento turco, Naci Bostanci, calificó ayer de “hostil” y “errónea” la medida europea.