Los últimos casos de femicidios aceleraron los trámites en la Cámara de Diputados que aprobó una ley para quitar la responsabilidad parental (antes denominada “patria potestad”) a cualquiera de los progenitores cuando haya una sentencia en casos de homicidio de uno de los cónyuges, por abuso sexual o lesiones graves e incorporó además la suspensión de esa responsabilidad cuando el juez dicta el procesamiento al acusado de ese delito. El dictamen aprobado por 203 votos y dos abstenciones volverá a la Cámara de Senadores, que había dado media sanción, tras los cambios introducidos en la Cámara baja.

La ley que modifica el Código Civil y Comercial e incorpora los artículos 700 bis, 701 bis y 702 bis, establece que se privará de la responsabilidad parental a quien sea condenado “como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio agravado por el vínculo o mediando violencia de género”. Además, extiende la privación para aquellos casos en que sea “condenado como autor, coautor instigador o cómplice del delito de lesiones previstas en el artículo 91 del Código Penal, contra el otro progenitor”, así como también contempla los casos de delitos “contra la integridad sexual previsto en el artículo 119” cometidos contra un hijo o hija. La norma contempla que estos delitos en su grado de tentativa será causal también del retiro de la responsabilidad parental.

La ley que se originó en reclamos de las organizaciones feministas ante el avance de la violencia de género y los femicidios planteó un debate a la hora de votar, ya que, en principio, en la redacción de los artículos se   equiparaba a los hombres y las mujeres a la hora de sancionar y se violaba el espíritu antifemicidas con que fue pensada y aprobada la ley en Senado.

El debate fue abierto por el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (PRO), quien remarcó “el consenso alcanzado entre los diputados de diferentes bloques para acordar las reformas al proyecto del Senado” Y sostuvo que “se trabajó con gran responsabilidad para establecer las causas por las que se dictará la pérdida automática de responsabilidad parental cuando exista una condena por homicidio agravado por el vínculo y femicidio”, así como por otros delitos. 

Las legisladoras Victoria Donda (Libres del Sur) y Araceli Ferreyra (PpV) sostuvieron que “sólo tenían que recibir esa pena los femicidas”, y que la redacción de la ley incluía de la misma forma a una mujer que sufre violencia de género y mata en defensa propia.  

Ferreyra explicó a PáginaI12 que la norma “amplía las sanciones a situaciones que no tienen que ver con los delitos de género, que era la finalidad, y por eso el articulado no refleja la idea originaria”, y remarcó que “no se puede equiparar la asimetría que hay, y que el mismo sistema carcelario muestra cuando hay 487 mujeres detenidas por delitos dolosos contra unos 70.000 hombres”. “De todas formas, es un avance que se  discute”, señaló la diputada.

La falta de consenso inicial sobre la redacción del texto obligó a votar  en general, y postergar durante varias horas la votación en particular.

La senadora y presidenta de la Comisión de Banca de la Mujer, Marina Riofrío (Alianza FpV), explicó que el proyecto que salió del Senado para quitar la responsabilidad parental “se refería al hombre porque claramente estamos intentando instalar una mirada de género sobre el tema”, y remarcó que la ley “es sumamente importante aunque parezca de sentido común, que es el menos común de los sentidos para algunos jueces, quienes han permitido caso como el de Rosana Galliano, cuyos hijos quedaron a cargo de sus asesinos, su marido (José) Arce y su suegra (Elsa Aguilar)”.

Horas después, los arreglos entre bancadas permitieron llegar a un acuerdo en la redacción del texto, que no dejó satisfechos a todos, y que ahora deberá sortear la mirada del Senado.