La Qullamarka, organización integrada por miembros del Pueblo Kolla de Santa Victoria Oeste, Iruya y Orán, y la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño (APPCHS) fueron aceptadas como amigos del tribunal para acompañar a la dirigente campesina Lucía Ruiz, en las audiencias de juicio que se iniciarán el 27 de mayo próximo. 

Por su parte, la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCeI) elevó al Tribunal de Juicio a cargo de la causa un escrito en el que le solicita que tenga en cuenta diversas contemplaciones que se reconocen a los luchadores sociales que defienden los derechos humanos cuando son sometidos a juicio.

Ruiz será juzgada junto a Carlos Guerra, Antonio Guerra y Omar Cruz, en un debate que estará a cargo de la Vocalía III de la Sala II del Tribunal del Juicio de Tartagal, cabecera del departamento San Martín, a cargo del juez Anastasio Vázquez Sgardelis. Se les imputa el presunto robo en banda a una persona que sin tener autorización ni propiedad o posesión sobre tierras campesinas, ingresó a realizar desmontes ilegales en un lugar donde la deforestación está prohibida. El denunciante, Bernardo Castellanos, habría intervenido por orden de Javier Vidizzoni, un empresario que viene aduciendo haber comprado los derechos posesorios de esas tierras a una familia que los campesinos que viven en Lote Colonia La Juanita y La Santafesina (en Rivadavia Banda Norte, departamento Rivadavia) nunca vieron.

Ya en 2010 la jueza Ada Zunino le había prohibido a Vidizzoni ingresar a las tierras en disputa, en respuesta a un amparo presentado por el campesinado. Esa fue la única acción judicial que se conoció a favor de los campesinos pese a las numerosas denuncias que realizaron por las intromisiones irregulares en las tierras que habitan. 

Lo insólito es que ahora es Ruiz la que llega a un juicio, e incluso tiene un pedido de prisión en su contra. Pese a que no vive en esas tierras, las defendió en su calidad de referenta del campesinado de la zona y del medioambiente. La estrategia para que llegue a esta instancia fue denunciarla por el supuesto robo de una serie de elementos que el denunciante ingresó de manera irregular a las tierras que defendió Ruiz junto a los demás acusados. Pese a que se hizo un allanamiento en la casa de la dirigente campesina, no se encontró nada.

Represión y criminalización, una constante

“Todos los querellantes responden a quien detenta la tierra que defienden los campesinos, lo que determina su parcialidad en la presentación. El mayor tesón de la parte querellante apuntó, hasta la fecha, en contra de Lucía Ruiz por su liderazgo en pos de la defensa del campesinado de la zona, es decir en clara discriminación por su rol de dirigente”, se indica en los amicus curiae presentados.

La Qullamarka y la Asociación de Pequeños Productores del Chaco Salteño afirmaron que la represión y criminalización de la protesta social es una constante durante la defensa de la tierra y el medioambiente contra los campesinos. E incluso apuntaron al hecho de que esta herramienta fue también avalada por “los poderes del estado locales, tendiente a limitar la capacidad de resistencia del campesinado”.

Señalaron que el despojo de la tierra al sector del campesinado “llevaría a sus legítimos poseedores a más pobreza, indigencia, y hambre”, por lo que entendieron que la finalidad de la causa “no es juzgar ‘delitos’ sino de reprimir un conflicto social ajeno al ámbito penal”. Resaltaron la necesidad de tener presente el papel que cumplen las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos no solo en la construcción de una sociedad más justa, sino también en el procesamiento institucional y democrático de la conflictividad social. “Resulta imprescindible iniciar procesos que tiendan a revertir la penalización de la respuesta estatal al conflicto social, desandando el accionar de criminalización que estuvo en el centro de la acción estatal en el presente caso”, añadieron.

“Estamos en condiciones de afirmar que estamos ante un caso que pretende enmascarar la protesta social bajo la figura de delitos comunes”, dijeron al momento de recordar que “esta forma de criminalización se encuentra denunciada por la relatoría especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como una de las tantas formas en las que se expresa la violencia sobre quienes defienden los derechos ambientales y la tenencia de la tierra a sus legítimos poseedores”. 

Mencionaron como uno de los instrumentos internacionales más recientes el Acuerdo de Escazú, de carácter vinculante. "Por ello, de prosperar la acción penal contra los defensores de derechos humanos imputados en la causa de su Tribunal, se consagraría la violación de los derechos consagrados en (…), la Constitución Nacional y generaría responsabilidad internacional contra el Estado Argentino por la violación a tratados internacionales”.

Protección a los defensores de DDHH

Frente a la proximidad del juicio, que comenzará el 27 de mayo, Hernán Rachid, subsecretario de Programas de Desarrollo Productivo; María José Castillo, directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias, y Deolinda Carrizo, directora de Género e Igualdad, pertenecientes a la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCeI), dependiente del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, también elevaron una nota al juez tartagalense para expresar su preocupación por la criminalización de Ruiz. 

Los funcionarios recordaron que existen observaciones internacionales cuando se trata de defensores de derechos humanos y la protesta social para que el Estado “adopte una política integral de protección de los defensores de derechos humanos y ambientales, que incluya acciones para prevenir ataques contra ellos. Además, el Comité recomienda que el Estado parte combata la impunidad en dichos casos, mediante la investigación de las amenazas, actos de acoso, intimidación y violencia y vele por que sus autores sean sancionados”.

Añadieron que el mecanismo interamericano de derechos humanos indicó que en los procesos iniciados en contra de defensoras y defensores, las y los operadores de justicia deben prestar especial cuidado al momento de determinar si una conducta constituye una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Como antecedente, recordaron que Ruiz es una dirigente campesina reconocida con la distinción Berta Cáceres por el Senado de la Nación Argentina. Y que llega a esta situación por defender los "derechos sobre la tierra y el monte frente a la vulneración de sus derechos posesorios por parte de los empresarios denunciantes, y por la falta de respuesta adecuada del sistema de administración de justicia”.

Por su parte, la Asociación Liberpueblo presentó ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación un pedido para que este organismo intervenga en el juicio.