El camarista Juan Carlos Gemignani está dispuesto a frenar a toda costa la investigación que inició en su contra el Consejo de la Magistratura por haber enviado mensajes de tono misógino a sus colegas de la Cámara Federal de Casación el 8 de marzo pasado. El casador presentó un amparo ante el fuero contencioso administrativo federal para impedir que se analicen sus chats y que se haga una encuesta entre funcionarios y funcionarias del máximo tribunal penal del país para saber si Gemignani incurrió en otros actos de violencia de género. Por el momento, no tuvo suerte: la justicia rechazó la medida cautelar interina que reclamaba, pero pidió informes al Consejo de la Magistratura.
Gemignani no quiere que la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura --que preside el juez Ricardo Recondo-- avance con una serie de medidas que el cuerpo votó el 21 de abril pasado después de que se hicieran públicos los mensajes con los que el camarista se despachó antes de un acto que organizaba su colega Ana Figueroa por el día internacional de la mujer trabajadora. Después de hacer insistentes planteos de nulidad en el Consejo y de recusar al presidente del organismo, Diego Molea --que fue quien lo denunció--, Gemignani llevó ahora la contienda a los tribunales, donde busca que se declare la inconstitucionalidad de las medidas.
La presentación de Gemignani quedó en manos del juez federal Martín Cormick, que este viernes firmó una resolución pidiendo informes al Consejo de la Magistratura, según pudo saber Página|12. El organismo tiene un plazo de tres días para responder al requerimiento del magistrado. Por los feriados de la semana próxima, es probable que la información no llegue antes del jueves 27 o viernes 28. De ese modo, Cormick estaría en condiciones de resolver recién para fines de la semana próxima. Por ahora, Cormick cortó de cuajo la pretensión de Gemignani de disponer una medida cautelar interina para frenar todo sin siquiera escuchar al Consejo de la Magistratura.
La caratata de mensajes que escribió Gemignani en el chat “Acuerdo Virtual” que comparten los trece integrantes de la Casación --o, mejor dicho, compartían porque el juez lo abandonó-- despertó la indignación de dos de las juezas de la Casación, Figueroa y Ángela Ledesma. Las dos magistradas pidieron al presidente del tribunal, Gustavo Hornos, que certificara los mensajes. Hornos dilató las definiciones todo lo que pudo. Hubo repudios de las autoridades políticas, de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA), de los sindicatos y de la colectiva de trabajadoras de Comodoro Py. Gemignani irrumpió en una reunión de Hornos con los presidentes de las cuatro salas para dejar un escrito en el que les advertía a sus colegas que, si los chats se hacían públicos, los iba a denunciar.
El estado de beligerancia del integrante de la Sala III no es novedad, pero ahora le pide al juez Cormick que disponga medidas cautelares para impedir, por un lado, que se abra el sobre cerrado en el cual Hornos envió los mensajes que le reclamaban desde el Consejo de la Magistratura y, por otro, para que no se haga una encuesta entre funcionarios y funcionarias de la Casación para averiguar si el juez suele cometer actos de violencia de género. La encuesta, de hecho, no fue una sugerencia del bloque oficialista, sino que trabajó en ella la diputada Graciela Camaño.
A Gemignani le notificaron la semana pasada que la encuesta anónima se empezaría a hacer el próximo 30 de mayo, lo que lo puso en estado de alerta. En la presentación judicial, el juez sostiene que la medida, a la que define como una “excursión de pesca”, busca conseguir prueba para iniciarle otro proceso en el Consejo de la Magistratura. La definición de Cormick debería conocerse antes del día de inicio de la encuesta.
“La Comisión optó por inflingirme el mal más grave, aplicarme un escarmiento, herir mi honra en el medio en que actúo, frente a todo el personal y funcionarios de la Cámara que integro, sin haberme dado derecho de defensa alguna”, dice Gemignani en el escrito, en el que insiste en que está sometido a un escarnio público propio de la Edad Media. “La Comisión revive esas arcaicas y aberrantes prácticas de vergüenza o humillación pública”, remarca en la presentación que firma con sus abogados Luis Velasco, Norberto Giletta --hijo del juez de la dictadura y defensor de genocidas-- y Alejandro Carullo.
Uno de los argumentos más insólitos de la presentación del juez es que pretende preservar las comunicaciones del chat que compartía con sus colegas y que abandonó intempestivamente. “Se pretende violentar la correspondencia, la comunicación privada de un grupo de personas, sin el consentimiento de ninguno de ellos”, agrega. Lo que omite decir Gemignani fue que fueron dos de sus colegas quienes insistentemente pidieron a Hornos que certificara los mensajes. La decisión de enviar los mensajes se tomó después de un acuerdo de superintendencia en el que, además, participaron los presidentes o los enviados de cada una de las cuatro salas. Sus colegas, a priori, no parecen compartir su preocupación.
Una de las medidas que estaban previstas en el Consejo era escuchar a las juezas que comparten el primer piso de los tribunales de Comodoro Py con Gemignani: tanto Figueroa y Ledesma --que pidieron la certificación de los mensajes-- como Liliana Catucci, que comparte la Sala III con Gemignani. Catucci, aunque en esta oportunidad fue más indulgente, sufrió hace dos años en carne propia un ataque de ira de su colega, que la terminó echando a grito pelado después de acusarla de actuar en connivencia con un policía.
En el Consejo de la Magistratura está claro que Gemignani tiene un historial vinculado a la violencia contra las mujeres. De hecho, recibió una sanción y multa por haber ordenado detener a una secretaria de la Casación que, según él, se había negado a cumplir con una orden. El caso de Gemignani no es el único que tensiona al máximo tribunal penal del país, que está revolucionado después de que se revelaran las visitas de Hornos y Mariano Borinsky a Mauricio Macri en la Casa Rosada y en la quinta de Olivos.