Fabián "Pepín" Rodríguez Simón se enterará este sábado a las 14.30 si el juez de Montevideo Marcelo Malvar le otorga la protección que pidió a través de un hábeas corpus en el que dice que peligra su libertad y que sufre una persecución política. El propósito del operador judicial de Mauricio Macri, que también asesoraba al Grupo Clarín, es evitar que lo detengan y, con posterioridad, que lo extraditen. Al país vecino todavía no llegó la orden de Interpol para aprehenderlo y eso le juega en contra, porque para que le den una resolución favorable debería haber un peligro real inminente de privación de la libertad. El organismo internacional no emitió aún la alerta roja según la orden de la jueza María Servini, a quien le pidió una serie de precisiones. Por ejemplo, Interpol le requirió los cargos públicos que ocupaba Rodríguez Simón al momento de ser investigado y el juzgado ya respondió que en el país no tenía en ese entonces ninguno. Es parlamentario del Mercosur y fue director de YPF. 

Servini intenta seguir enfatizando que no se trata de un expediente político con el que Rodríguez Simón pueda invocar ser perseguido. Así lo había dicho en la resolución donde lo declaró rebelde y pidió su captura internacional. Lo investiga por amenazas y extorsiones a los dueños del Grupo Indalo, maniobras para sofocar económica y financieramente a sus empresas y medios e intentos de desapoderamiento. Se les exigía que a través de la línea editorial acusaran a Cristina Fernández de Kirchner y ahorraran críticas a Macri. Rodríguez Simón estaba citado a indagatoria para el 26 de mayo (luego postergada para el 17 de junio), sospechoso de haber tenido un papel protagónico en aquellas operaciones, pero en Uruguay cuando presentó un primer hábeas corpus anunció que no vendría porque temía su detención. Ante Servini no pidió la eximición de prisión. El juez Malvar rechazó el recurso que presentó el 6 de mayo por considerarlo extemporáneo, sin orden de detención ni una irregularidad administrativa a la vista, y con el argumento de que el proceso judicial transcurre en Argentina. 

Este viernes después del mediodía el juez uruguayo recibió a Rodríguez Simón junto con sus abogados, Eduardo Sanguinetti y Rodrigo Rey. Para lograr el hábeas corpus  tendría que mostrar que lo persiguen y quieren detener de manera arbitraria. En paralelo tramita su pedido como refugiado político, que debe ser resuelto por la Comisión de Refugiados (CORE) que funciona en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo y tiene 90 días para expedirse, aunque la Justicia podría tomar las riendas y decidir sobre la situación. 

La orden de Servini debe ser resuelta por Interpol en Francia pero aún no se expidió, pese a que la jueza respondió todas las aclaraciones solicitadas. Mientras tramita el refugio no puede ser extraditado, pero la detención no estaría descartada. Dependerá también de lo que resuelva el juez Malvar sobre el habeas corpus. Fuentes de los tribunales uruguayos señalaron a este diario que la falta de una orden detención emitida desde la sede administrativa de Interpol "implica dificultades probatorias para el solicitante, que debe demostrar la inminencia del riesgo de perder su libertad". 

En la causa que lleva Servini están imputados también el propio Mauricio Macri, su ex jefe de asesores José Torello, el ex secretario de coordinación Mario Quintana, los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, otros integrantes de ese organismo, los empresarios Nicolás Caputo, Ignacio Rosner y Orlando Terranova. La jueza investiga una presunta asociación ilícita. A partir de la próxima semana comienzan indagatorias a miembros de la AFIP. Son muy relevantes, porque desde ese organismo se amenazó con asfixiar a las empresa del juego de Cristóbal López, se le negaron beneficios impositivos a empresas del Grupo Indalo y a la vez se los acusó de no pagar el impuesto a los combustibles líquidos desde la firma Oil Combustibles, cuando en el juicio oral en marcha un peritaje de expertos de la Corte Suprema mostró que no había deuda exigible, que los planes de pago estaban regularizados y que hubo disposiciones que hicieron caer planes para que la deuda fuera imposible de pagar.