La noche del 2 al 3 de marzo de 2016, la lideresa de la comunidad indígena lenca, activista de los derechos humanos y ecologista hondureña Berta Cáceres cayó bajo las balas de los sicarios en su casa de la ciudad de La Esperanza. Previamente, a raíz de su lucha, fue criminalizada y perseguida. 

Dos años antes, en tierras del Chaco Salteño, Lucía Ruiz, referenta del campesinado de Rivadavia Banda Norte (en el departamento Rivadavia), sintió que casi pierde la vida por pararse frente a topadoras para detener un desmonte.

El destino de la lucha de estas dos mujeres fue y es la criminalización de la protesta a través de la persecución judicial. Lucía, quien recibió en 2019 la distinción Berta Cáceres por su lucha por el medio ambiente y la tierra para el campesinado, será sentada en el banquillo de los acusados a partir de este 27 de mayo por un hecho que se produjo en el marco de un conflicto por la defensa del derecho de que quienes poseen las tierras desde siempre sean sus dueños.

A nivel local y nacional distintas entidades políticas, sociales y académicas, se están presentando ante el proceso judicial a iniciar. Ayer el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, también comprometió su ayuda y acompañamiento a Ruiz en un encuentro virtual del que participaron los referentes de la Asociación Civil por la Defensa de la Libertad y los Derechos del Pueblo Liberpueblo, Diana Kordon, Fernando Almejún y Verónica Quinteros y la diputada nacional Verónica Caliva.

“No estás sola Lucía”, fue el mensaje que dejó el referente de los Derechos Humanos en la Argentina, al comprometer su acompañamiento y disposición para hacer conocer la criminalización de Lucía a nivel internacional, además de gestionar las solicitudes necesarias a nivel provincial y nacional. El objetivo es proteger y defender a Lucía, en su desempeño como luchadora por los derechos humanos y por el medio ambiente.

“Tu causa no es aislada, sino que se presenta en todo el continente latinoamericano”, afirmó Pérez Esquivel al destacar que se trata nada más y nada menos que de la protección de la Pachamama, frente a quienes privilegian intereses económicos sobre los derechos de los Pueblos, apropiándose de los recursos naturales.

Apuntó además a la situación que atraviesa Salta por los desmontes que se realizan y no cesaron pese a la pandemia. “Están destruyendo todo y tu resistencia es legítima…estamos para acompañarte”, afirmó.

Un delito común para que cese la protesta

Lucía llegó junto a Carlos Guerra, Antonio Guerra y Omar Cruz, por una denuncia realizada por Bernardo Castellanos y otros en el marco de un conflicto que hubo en 2015 en Rivadavia Banda Norte (departamento Rivadavia). 

Los denunciantes afirman haber sido golpeados, intimidados de manera violenta, y la camioneta de sus empleadores, baleada. Los denunciados, en tanto, adujeron que el día del conflicto decidieron parar las máquinas desmontadoras que habían ingresado al territorio que poseen familias que viven en el lugar desde siempre. 

Los que ingresaron con las topadoras lo hicieron sin ser titulares registrales, poseedores, o tener autorización alguna desde Medio Ambiente de la provincia para actuar en una zona marcada en amarillo por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta (OTBN). Esto equivale a que son zonas en donde el desmonte está prohibido.

Las distintas asociaciones que acompañan a los campesinos durante los juicios, entendieron que el delito común es una estrategia para criminalizar una protesta social legítima en defensa del territorio y el ambiente. Y sostuvieron que el derecho internacional otorga una protección especial a los luchadores sociales respecto de un civil común.

Pero la protección que se supone, deben dar los Estados a estos luchadores, no se pudo observar en estos años de lucha del campesinado salteño. Lucía contó a Pérez Esquivel que la que enfrenta a partir del próximo miércoles no es la primera acusación en su contra, sino que “es como la tercera”. 

La primera fue un pedido de captura en 2010, y en 2014 un enfrentamiento con la Policía cuando impedían el ingreso de las topadoras. A ello sumó el aval que se presupone otorga el intendente de Morillo (ciudad cabecera de Rivadavia Banda Norte, en Rivadavia), Atta Gerala, a este tipo de acciones. Indicó, incluso, que uno de los empresarios que se encuentra en conflicto con los campesinos habría aportado a la campaña del mandatario comunal.

En al menos dos de esos casos el conflicto se da con el empresario Javier Vidizzoni, quien sostiene ser titular de las tierras tras haber adquirido los derechos posesorios de los anteriores inscriptos en los papeles. Sin embargo, su inscripción aún no fue ratificada por la Dirección General de Inmuebles de la provincia.

El conflicto es similar a otros varios enfrentamientos que se producen en la provincia, el país y la región. Si bien hay leyes que apuntan a la regularización territorial para campesinos e indígenas, en más de una década no se consiguió frenar las intenciones de desalojos. De hecho, Lucía recordó que el artículo 9 de la Ley provincial 7658 (promulgada en 2010), que impide los desalojos a los campesinos criollos, no avanzó demasiado en las regularizaciones. El artículo, prorrogado en más de una ocasión en la legislatura provincial, vence en diciembre próximo.

Las provincias “no son feudos”

Pérez Esquivel, crítico de los desmontes, sostuvo que se debe velar por la soberanía y autodeterminación de los pueblos por el medioambiente. “Venimos proponiendo al gobierno un proyecto de reforestación de los bosques nativos para recuperar las tierras áridas”, afirmó.

Entre las justificaciones que se elevan desde las jurisdicciones provinciales cuando se mencionan normativas para regular el medioambiente en pos de su protección (algo que sucedió con la Ley Nacional de Protección de los Bosques Nativos), se impone la soberanía de las provincias sobre sus recursos. 

“Se entiende a veces un mal federalismo, porque las provincias dicen que son federales. Pero no son feudos, no pueden ser feudos, no pueden hacer lo que quieren, sino lo que deben”, puntualizó el Premio Nobel de la Paz.